Luego de 12 horas de debate y con los votos de todos los congresistas presentes, la plenaria del Senado aprobó la totalidad del articulado de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz.

La participación política de las Farc,  uno de los temas más polémicos, recibió el visto bueno de los parlamentarios que respaldaron este artículo tal y como lo indicó la Corte Constitucional en su fallo.

Esto quiere  decir que  los desmovilizados tendrán que presentarse ante el Tribunal de Paz y manifestar su verdadero compromiso con lo acordado y con la reparación de las víctimas para poder posesionarse en el Congreso.

No obstante, dependiendo de la compatibilidad de la sanción impuesta en la JEP, podrán o no seguir ocupando sus cargos de elección popular.

Guillermo Rivera Ministro del Interior dijo que “se precisó que las sanciones alternativas y ordinarias, que son las que se pagan en cárcel, son incompatibles con la ocupación de un cargo de elección popular”.

También sorpresivamente se le dio vía libre al régimen de inhabilidades para los magistrados de la nueva jurisdicción, impulsado por Cambio Radical y con el respaldo del fiscal general.

El senador Germán Varón  explicó que esto impediría que varios de los funcionarios ya elegidos se posesionen en sus cargos por incurrir en varias causales de incompatibilidad.

Indicó que“Haber litigado, durante los 5 años anteriores, en causa propia o ajena a favor o en contra del Estado, haber generado demandas en contra o a favor del Estado, haber representado a grupos de derechos humanos de derechos humanos en contra de intereses del Estado por ejemplo”.

Varón aclaró igualmente que las opiniones personales u ideologías expresadas por los magistrados de la JEP se considerarán en la mayoría de los casos como impedimentos y no como inhabilidades.

De otro lado el artículo que permitía a los parapolíticos recuperar sus derechos y eventualmente regresar al Congreso no obtuvo las mayorías suficientes y quedó sin reglamentación.

Sobre el tema ,el senador Juan Diego Gómez afirmó que “el articulo 11 y 12 transitorios del acto legislativo 01 así lo establecen y la Corte en su fallo lo ratifica, pero lo que buscaba la ley estatutaria era evitar arbitrariedades o que tengan que acudir al juez de tutela como ocurrió en el caso de Diego Palacio”.

En el tema de terceros, los senadores acogieron lo dicho por la Corte Constitucional en su fallo para que la comparecencia de los civiles sea voluntaria y no obligatoria para quienes sean determinantes en el conflicto.

El senador Iván Cepeda dijo que “con esta decisión, los terceros quedan expuestos a que eventualmente la Corte Penal Internacional tome competencia sobre sus casos en Colombia”.

Otro punto que se aprobó son las garantías para los integrantes de la Fuerza Pública: habrá responsabilidad de mando tanto para ellos como para los miembros de las Farc.

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que “desde el punto de vista de los agentes del Estado tenemos plena tranquilidad con lo que se ha aprobado, es lo que se acordó y es lo diseñado con la participación del mando y las Fuerzas”.

La senadora Maritza Martínez afirmó que “pueden ir a la JEP o a la Justicia Ordinaria, pero siempre en una u en otra se aplicarán las penas actuales que están en 16 a 30 años y no de 5 a 8 años como contempla la JEP”.

El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, destacó la aprobación de la JEP y dijo que esto demuestra que le están cumplimiento a la implementación del acuerdo de paz.

“El Senado sigue acompañando el proceso de paz y la Jurisdicción Especial es la columna vertebral y fue fundamental el fallo de la Corte Constitucional que despejó muchas dudas”, manifestó.

La ley estatutaria de la JEP está ahora en manos de la plenaria de la Cámara de Representantes.

Una de las novedades que quedó incluida en la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz tiene que ver con un artículo radicado por la senadora del partido de la U, Maritza Martínez. En él, se indica que los responsables de crímenes sexuales graves cometidos en contra de niños, niñas o adolescentes no podrán aplicar a las sanciones que impone la JEP y, a cambio, serán juzgados por las penas que fija la justicia ordinaria. “No procederá ninguna clase de beneficios o subrogados penales, judiciales, y/o administrativos”, señala la norma aprobada.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo que espera revisar en detalle el contenido de este artículo ya que, según su concepto, se aparta del procedimiento y esencia propia de la JEP.