Por Amylcar Acosta
Como es bien sabido hizo tránsito de la anterior legislatura de las sesiones del
Congreso de la República a la actual el proyecto de acto legislativo 018 de 2024
Senado y 437 Cámara, reformatorio de los artículos 356 y 357 de la Constitución
Política, concerniente al Sistema General de Participaciones (SGP), el cual
constituye una bolsa de recursos que le transfiere la Nación a la entidades territoriales,
los cuales fueron objeto de dos enmiendas, el Acto legislativo 01 de 2001 y 04 de
2007, en desmedro del mismo.
Como se recordará, so pretexto de las dificultades por las que atravesaba el fisco
nacional se truncó el crecimiento de dichas transferencias, atadas como estaban al
comportamiento de los Ingresos corrientes de la Nación (ICN) y se optó por
desligarlas, supuestamente de manera transitoria de los mismos. Pero, en este país
no hay nada más permanente que las normas transitorias. La meta a la que debía
conducir la senda de incremento anual de los recursos del SGP debía alcanzar con el
paso de los años el 46.5% de los ICN, más sin embargo el año anterior a duras penas
llegó al 21.3%.
En plata blanca, entre los años 2002 y 2023, por cuenta de tan nefastas reformas los
departamentos, distritos y municipios del país dejaron de recibir la friolera de $388
billones. Recursos estos que al tener como destinación específica la salud, la
educación y el saneamiento básico, el financiamiento de estos quedó diezmado en
detrimento de la calidad de vida en las regiones.
Ello se vio agravado porque concomitantemente con la recentralización de los
recursos que ha experimentado el país en el curso de los 33 años de vigencia de la
nueva Constitución Política, a contrapelo de su espíritu descentralizador y
autonomista, se le delegaron a las entidades territoriales funciones y competencias
desde el nivel central, pero sin recursos, violando lo establecido en el artículo 356
de la Carta, el cual establece claramente que no se les pueden hacer esas
delegaciones si al mismo tiempo no se le garantizan los recursos necesarios y
suficientes para asumirlas.
Con este proyecto, entonces, se busca por parte de las regiones resarcirse de la lesión
enorme que le significaron los recortes de las transferencias que se derivaron de esos
funestos actos legislativos. Dicho de otra manera, se trata de restablecer la senda
perdida de crecimiento de sus recursos, de tal manera que entre los años 2027 y 2036,
escalonadamente, se llegue al 46.5% de los ICN, como lo previó la Asamblea
Nacional Constituyente de 1991.
Ante tan justo reclamo, el Presidente de la República Gustavo Petro le dio su
espaldarazo a este proyecto de origen parlamentario, liderado por el Senador Guido
1 Miembro de Número de la ACCE
2
Echeverri, “estoy de acuerdo” 2 dijo tajante y enfáticamente en su discurso de
clausura de la Cumbre de gobernadores y ello le dio el impulso que le faltaba para su
aprobación en primera vuelta. Además, se ha comprometido con FECODE a
respaldar e impulsar este proyecto3 . Por su parte el Ministro del Interior Juan
Fernando Cristo, que desde la llanura auspició e impulsó esta iniciativa, al momento
de asumir la cartera y anunciar los 9 proyectos prioritarios para el Gobierno para su
trámite en la presente legislatura destacó este4, tan caro a sus afectos.
Los primeros en reaccionar y en hacerle reparos a este proyecto fueron ANIF y el
Comité independiente de la Regla fiscal (CIRF). En concepto del Presidente de ANIF
José Ignacio López, “de aprobarse este proyecto las transferencias territoriales irían
ganando participación hasta el punto que el 83% de los ingresos del Gobierno
Nacional en 2036 estaría comprometidos en tres rubros: pensiones, intereses y
transferencias al SGP”5. Por su parte la CIRF aduce que, de aprobarse este proyecto,
se “elevaría el déficit fiscal del 5% al 10% del PIB”6, al tiempo que elevaría aún más
la inflexibilidad del Presupuesto que hoy supera el 85%.
Pero lo que pierden de vista tanto ANIF como el CIRF es que tanto los ICN, como
lastre del elevado déficit fiscal que viene arrastrando el Gobierno central
secularmente obedecen al complaciente régimen tributario que rige en Colombia, en
el que abundan las gabelas, erosionando la base impositiva, hasta convertirla en una
especie de queso gruyere, amén de la afectación del recaudo de impuestos a
consecuencia de la evasión y la elusión del pago de impuestos, dada la laxitud de las
normas.
Según el Marco fiscal de mediano plazo (MFMP) de 2018, expedido por el
Ministerio de Hacienda, el inventario de las exclusiones, exenciones, deducciones y
descuentos tributarios en vigor para esa fecha eran 229 y el costo de las mismas
ascendían a los $60 billones. Entre tanto, según la DIAN, para el año 2022, el monto
de la evasión y la elusión tributaria ascendió a los $80 billones7. Según Fedesarrollo,
en promedio, ambas cifras, se acercan a los 5.4 puntos porcentuales del PIB8.
Dicho lo anterior, no salimos de nuestro asombro por el veto del Ministro de
Hacienda Ricardo Bonilla, pues según él este proyecto «puede generar un desbalance
fiscal» y también pone en riesgo «la provisión, calidad y continuidad de los servicios,
la inversión social en el país y el uso eficiente y equitativo de los recursos9” y “rompe
la regla fiscal”10, al tiempo que su subalterno, el Jefe de crédito público José Roberto
Acosta se explayó diciendo que “transferir 9.2% del PIB en 2036 a municipios y
2 La República. Febrero, 9 de 2024
3 La República. Marzo, 6 de 2023
4 El Tiempo. Julio, 22 de 2024
5 La República. Octubre, 17 de 2024
6 La República. Octubre, 3 de 2024
7 La República. Agosto, 11 de 2022
8 La República. Agosto, 11 de 2022
9 La República. Octubre, 16 de 2024
10 Ídem
3
departamentos para el período 2027 – 2036, sin que se definan competencias y
destino de esos dineros viola el artículo 334 de la Constitución y materializa una
federalización a las malas”11. Cabe preguntarse desde cuando una reforma a la
Constitución es inconstitucional. La reacción desde las regiones no se ha hecho
esperar, el Referendo por la Autonomía fiscal de las regiones ha cobrado vuelo y ya
el número de firmas superó el millón. El Presidente Petro y el Ministro Cristo tienen
la palabra!
Medellín, octubre 19 de 2024
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