La propuesta plantea armonizar la legislación nacional con normas internacionales.

 

Bogotá, D.C., 13 de septiembre del 2016.- Con el ajuste propuesto en el proyecto de ley de licores, en el 2017 todos los departamentos podrían contar con recursos adicionales a los que recibirían si no hubiera cambios en la norma.

Cálculos del Ministerio de Hacienda estiman que podrían ingresar a las arcas departamentales cerca de $270.000 millones más, a los que reciben hoy en día. Sin la reforma, que este miércoles se discute en cuarto y último debate en plenaria del Senado de la República, el año entrante los departamentos recibirían por impuestos a los licores $1,46 billones, pero con el ajuste propuesto esos recursos aumentarían en un 20%, es decir pasarían a cerca de $1,73 billones.

La iniciativa propone que de gravar los licores de hasta 35 grados con $306 por cada grado y los de más de 35, con $502, se pase a una tarifa específica de $220 por grado de alcohol, más un componente ad-valorem del 25% sobre el precio final. Esto explica el aumento en el recaudo. Además, se propone un IVA general del 5% sobre el precio sin impuestos, lo que permite a la industria nacional descontar los IVA’s que pagan por los insumos durante la producción. Adicionalmente, ayuda a formalizar el sector.

Esta modificación a los criterios para fijar la tarifa del impuesto al consumo de licores, lleva a que los licores más costosos paguen un mayor tributo.

Esta reforma traería más equidad y equilibrio entre los impuestos que pagan los licores nacionales y los importados, fortalecería las finanzas territoriales, fijaría el régimen propio del monopolio sobre licores destilados y daría claridad en las normas relativas al monopolio.

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, explicó que de iniciativa gubernamental refuerza el monopolio cabeza de los departamentos.

“Serán estos quienes, a través de permisos, autorizarán la introducción de licores de otros departamentos o licores importados y por medio de contratos de oferta pública, permitirían la producción de terceros en su territorio, en caso tal que decidan no hacerlo directamente”, aclaró.

La actual legislación no fija normas claras a la hora de otorgar permisos de introducción de los licores que se producen en unos departamentos para comercializar en otros, lo que afecta también en el recaudo del impuesto.

Con este proyecto se busca generar reglas del juego claras y estables, aumentar las rentas departamentales para financiar la salud y dar herramientas para la lucha contra el contrabando y la adulteración.

Por ejemplo, la iniciativa propone obligar al productor a incluir en el etiquetado el lugar de destino final, establece que los importadores y comercializadores de licores deberán suministrar información sobre sus cadenas de suministro y distribución y los pagos por sus ventas. Además, deberán seguir normas del Sistema Único Nacional de Identificación y Rastreo (que permite hacer la trazabilidad del producto), entre otras. También habrá convenios entre los departamentos, la DIAN y la Policía para implementar y reforzar las estrategias de lucha contra el contrabando.

Hay que recordar que durante el año de vigencia de la Ley Anticontrabando, el Gobierno Nacional aprehendió mercancía de todo tipo por valor de $320.730 millones, dentro de lo que se incluyen licores. Adicionalmente, se adelantan las Brigadas por la Legalidad, que se trabaja de manera conjunta entre el Ministerio de Comercio, la DIAN, la Policía Fiscal y Aduanera, y la Superintendencia de Industria y Turismo, a través de la cual entre el 21 de junio y el 19 de julio se aprehendieron mercancías por valor de $8.188 millones, entre los cuales se encontraron 1.837 litros de licor de contrabando que iban a ingresar al mercado colombiano.

De otra parte, en la iniciativa se propone que la Superintendencia de Industria y Comercio verifique que el mercado esté ajustado a las normas y que no desconozcan las reglas de la competencia