El proyecto que la Procuradora presentó al congreso de la República busca modificar el Código General Disciplinario para incluir funciones que les permitan inhabilitar y destituir funcionarios públicos

Eso, teniendo en cuenta que la Corte interamericana de derechos humanos le ordenó al Estado indemnizar a Gustavo Petro por la decisión de la Procuraduría, entonces en cabeza de Alejandro Ordóñez, de destituirlo de la Alcaldía de Bogotá.

El fallo de la Corte a favor de Petro decía que la Procuraduría le “violó varios derechos políticos”, pues el que debía destituir al ahora senador, en caso encontrar méritos, era “una autoridad judicial penal mediante condena en firme”.

Prácticamente, con ese pronunciamiento, el órgano de control perdió facultad para suspender a funcionarios elegidos por voto popular,

Ahora Cabello, explicó en la emisora, busca que su proyecto le dé facultades a los procuradores disciplinarios para destituir e inhabilitar.

“Los funcionarios de elección popular, hoy, no pueden ser destituidos o inhabilitados por una decisión de carácter administrativo, sino por un funcionario que tenga carácter jurisdiccional, por eso estamos pidiendo esas facultades”, manifestó la exministra de Justicia.

Pero además, ella propone otras dos modificaciones que consisten en dividir las funciones investigativas y la creación de una sala de juzgamiento con doble instancia,

os tres grandes refuerzos que quiere hacer la procuradora general son:

Tener facultades jurisdiccionales: que le permitan a la Procuraduría “actuar como un juez en los casos que impliquen sanciones como destitución o inhabilidad”.

La Procuraduría propone al Congreso de la República que le sean ampliadas las funciones jurisdiccionales únicamente en lo relacionado con el área misional disciplinaria, lo que permitirá actuar como juez en los casos que impliquen sanciones como destitución o inhabilidad.
División en las fases investigativas: que la investigación y el juzgamiento “sean atendida por diferentes funcionarios. Así, quien investigue no será el mismo que atienda los descargos y juzgue”, indicó el órgano de control.

De esta manera, la Procuraduría quiere garantizar que las etapas de investigación y juzgamiento dentro del proceso, sean atendida por diferentes funcionarios. Así, quien investigue no será el mismo que atienda los descargos y juzgue.


Doble instancia: señala la creación de una sala en la que se revisen las sanciones para dar garantías en todos los procesos.

Asimismo, se plantea la creación de la sala de juzgamiento a fin de garantizar en todos los procesos, la doble instancia, y la configuración adecuada de los principios y las categorías disciplinarias, entre otros. 

“El presente proyecto en consecuencia fortalece y profundiza las garantías constitucionales ya existentes para los disciplinados, propugnando por la autonomía e independencia de los servidores públicos que tendrán a cargo en lo sucesivo los procesos disciplinarios, cumpliendo así con los estándares internacionales, contenidos en la decisión proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, señaló la Procuradora Margarita Cabello Blanco.

A la fecha, se adelantan 12.142 actuaciones disciplinarias contra funcionarios de elección popular, entre ellos: 8.138 alcaldes, 3.108 concejales, 644 gobernadores, 163 diputados, 38 ediles, 30 Representantes a la Cámara y 21 Senadores.