El ministro de Hacienda, Germán Ávila, afirmó que la decisión responde al hundimiento de la reforma tributaria. La Andi advierte que la emergencia se decretaría durante el período de vacancia judicial.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el Gobierno avanza en la elaboración de un borrador para declarar la emergencia económica y recaudar $16 billones, una medida desesperada para recoger plata tras la caída de la reforma tributaria, en vísperas de elecciones.

Según el ministro, el rechazo del Congreso a la tributaria dejó un vacío fiscal de gran magnitud, lo que llevó al Gobierno a evaluar alternativas para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la ejecución de los programas sociales previstos en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.

“Estamos finalizando la estructuración de una medida de emergencia económica que nos permita obtener recursos a los que no ha sido posible acceder por otras vías y que deberán recaudarse mediante este mecanismo”, explicó.

Ávila añadió que, “en los últimos 30 años no hay antecedentes de que el Congreso apruebe un presupuesto sustentado en una Ley de Financiamiento y que, apenas dos meses después, rechace esa misma ley”, situación que, a su juicio, agravó el desbalance fiscal.

En este contexto, sostuvo que la declaratoria de emergencia económica le daría al Ejecutivo herramientas excepcionales para responder a las actuales necesidades fiscales, en medio de un escenario de estrechez presupuestal y crecientes presiones sobre las finanzas públicas.

Cuánto busca recaudar el Gobierno con la emergencia económica?

Ávila precisó que la meta de recaudo asociada a la emergencia económica sería de cerca de $16 billones, recursos con los que el Gobierno busca cubrir el déficit fiscal y garantizar la financiación del Presupuesto General de la Nación para 2026.

“Esperamos la recuperación de los recursos que el Congreso desfinanció del Presupuesto Nacional, que ya está desfinanciado en $16,3 billones”, concluyó el jefe de la cartera.

Según el presidente Gustavo Petro, la emergencia económica también implica “bajar los salarios a los congresistas”, y advirtió que si se tumba esta medida “se encarecerá aún más la deuda y se profundizará su insostenibilidad”.

Impuestos que se evaluarían

Aunque el decreto ni su borrador han sido publicados, se conoció un documento con un paquete de medidas tributarias que estaría evaluando el Gobierno, entre ellas el aumento del gravamen a los movimientos financieros, que pasaría de 4×1.000 a 5×1.000, así como la creación de nuevos impuestos al consumo de licor y cigarrillos.

Adicionalmente, se analiza ampliar la base de personas naturales y empresas obligadas a pagar el impuesto al patrimonio. El decreto establece que el hecho generador se configuraría el 1 de enero de 2026 para patrimonios iguales o superiores a 40.000 UVT.

Asimismo, se plantea un esquema de tarifas progresivas para personas naturales y un tratamiento diferenciado para las personas jurídicas, con tarifas marginales más bajas.

El documento propone un cambio sustancial en el régimen tributario de los juegos de azar operados por internet, tanto desde Colombia como desde el exterior, al establecer que estas actividades quedarían gravadas con una tarifa de IVA permanente del 19%.

También se introducen ajustes de fondo en el impuesto al consumo. Para licores, vinos, aperitivos y bebidas similares, se propone que en el año gravable 2026 el componente específico tenga un valor de $750, mientras que la tarifa ad valorem sería del 30%.

En el caso del tabaco, la regulación se ampliaría para incluir cigarrillos, productos de tabaco calentado, vapeadores y otros dispositivos electrónicos, con tarifas específicas y porcentuales de aplicación inmediata y una base certificada por el Dane.

Adicionalmente, el documento plantea la creación de un Impuesto Especial para la Estabilidad Fiscal, que gravaría la extracción, primera venta y exportación de petróleo crudo y carbón. Este tributo tendría una tarifa del 1% sobre el valor de venta.

Cabe anotar que EL COLOMBIANO consultó al Ministerio de Hacienda, desde donde señalaron que no tienen conocimiento del documento mencionado.

¿Corte podría tumbar la emergencia económica?

Analistas económicos y gremios han expresado reparos frente a la intención del Gobierno de declarar una emergencia económica, al considerar que, desde el punto de vista constitucional, no sería válido argumentar que la negativa del Congreso a una ley de financiamiento habilita al Ejecutivo para crear impuestos mediante facultades extraordinarias.

En ese contexto, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) solicitó a la Corte Constitucional la adopción de medidas urgentes, incluida la suspensión provisional, ante una eventual declaratoria de emergencia económica anunciada por el Gobierno tras el archivo de la tributaria.

A través de una carta dirigida a los magistrados, el gremio empresarial advirtió sobre el riesgo de que el Ejecutivo expida el decreto de emergencia durante el período de vacancia judicial, lo que podría dificultar una reacción oportuna de la Corte. Según la Andi, este escenario abriría la puerta a la imposición de nuevas cargas tributarias sin que se cumplan los requisitos establecidos por la Constitución.

Por su parte, Luis Fernando Mejía, saliente director de Fedesarrollo, afirmó que “no existe ningún hecho sobreviniente que justifique la declaratoria de una emergencia económica”.

Según explicó, los $16 billones contemplados en la Ley de Financiamiento representan menos del 3% del Presupuesto General de la Nación para 2026, por lo que resulta “imposible sostener que un impacto de esa magnitud perturbe o amenace de forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, como lo exige el artículo 215 de la Constitución”.

En la misma línea, el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, sostuvo que el Gobierno estaría “fabricando” una emergencia económica.

A su juicio, la situación fiscal actual es consecuencia de un aumento del gasto, un mayor endeudamiento, presupuestos poco realistas, expansión de la burocracia, inversiones mal focalizadas y metas de recaudo que no se han cumplido.

A ello se suma, dijo, el incremento de la prima de riesgo país, que ha encarecido el costo de la deuda en cerca de 50% frente a 2022. “Por donde se le mire, esa emergencia es inconstitucional y supone un manoseo de la figura constitucional”, advirtió.

Restrepo agregó que no existe un hecho excepcional ni imprevisto que sustente la declaratoria y que, en ausencia de esas condiciones, no se cumplen los requisitos constitucionales, por lo que la Corte Constitucional podría tumbar la medida sin mayores dificultades.

Entre tanto, María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), reconoció que existe fragilidad fiscal, pero subrayó que ello no configura un escenario constitucional de emergencia económica.

En su análisis, el problema fiscal es grave pero estructural y previsible, derivado de decisiones de gasto y endeudamiento, y debe corregirse con política fiscal ordinaria, no con poderes excepcionales.

Lacouture enfatizó que la pérdida de una Ley de Financiamiento no constituye un hecho extraordinario, sino una expresión del funcionamiento democrático del Congreso.

Además, señaló que aún existen herramientas ordinarias para enfrentar el desbalance, como la reasignación y el recorte de gasto improductivo, el ajuste de un presupuesto que creció por encima de la inflación y el fortalecimiento de la administración tributaria para combatir la evasión y la elusión.

“La emergencia económica está diseñada para choques súbitos y excepcionales, no para resolver problemas estructurales ni rediseñar el sistema tributario por decreto”, concluyó.