La Superintendencia ya había sancionado al Distrito por el sistema implementado por Petro – quien también recibió una sanción disciplinaria de la Procuraduría- a través de la resolución 25036 de 2014.
Esta afirma que el sistema actual no sigue el régimen de libre competencias, frente a lo cual la Corte dictaminó que el modelo a ser implementado debe incluir prioritariamente a los sectores recicladores y a las áreas de servicios exclusivos de la ciudad.
Así mismo, la Corte estableció al Ministerio de Vivienda y a la Procuraduría como los organismos que deben hacer seguimiento al cumplimiento de la orden.
Está entonces en manos de la administración Peñalosa implementar estas medidas planteadas por la Corte frente al modelo actual, el cual le ha costado a la Unidad Administrativa de Servicios Públicos (Uaesp), Aguas de Bogotá y al Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), sanciones superiores a 80 mil millones de pesos.
