El pasado 12 de noviembre el Gobierno del presidente Juan Manuel santos y las Farc, hicieron público un nuevo acuerdo de paz, tras el triunfo del No en el Plebiscito el 2 de octubre. Estas son las principales novedades, que serán analizadas en detalle por las bancadas al interior del Congreso, en el cierre del período de sesiones ordinarias 2016-

No habrá cárcel para los líderes de las FARC. Bajo el paraguas de la “restricción efectiva de la libertad” se disfraza el punto más polémico. Los responsables de asesinatos de civiles, violaciones de mujeres, secuestro y reclutamiento forzoso de menores, entre otros crímenes, no cumplirán prisión efectiva siempre que reconozcan la verdad en el tribunal.

‘Timochenko’ y el resto de comandantes guerrilleros podrán hacer política. Pero pierden privilegios respecto al anterior acuerdo: se reduce el 30% la financiación de su futuro partido político y ya no tendrán derecho a los 16 curules (diputados) transitorias en la cámara de representantes.

Justicia transicional

El punto donde más se han tenido en cuenta las preocupaciones del No. Se establece un límite de tiempo a la Jurisdicción Especial de Paz (funcionará hasta por 10 años y sólo podrán recibir solicitudes de investigación durante los dos primeros) y se eliminan los jueces extranjeros con capacidad de decisión. “Esto podría abrir una puerta a la impunidad -alerta Andrei Gómez, experto en temas de justicia transicional-, pero la Corte Penal Internacional permanecerá alerta por si hubiera alguna irregularidad grave”.

Reparaciones a las víctimas

Por primera vez se estipula que las FARC tendrán que hacer un “inventario de bienes y activos” que se utilizarán para reparaciones, bajo el riesgo de perder el tratamiento especial de justicia si los guerrilleros esconden sus propiedades (ya sea dinero, tierras, inversiones…). No hay menciones al perdón individual y público: éste sólo será colectivo, como ya se ha hecho en el recuerdo de masacres (Bojayá, La Chinita) o el perdón de ‘Timochenko’ ante la comunidad internacional durante la firma en Cartagena de Indias el pasado 26 de septiembre.

Narcotráfico

Se concretan mayores exigencias: las FARC tendrán que aportar información detallada (rutas de la droga, etc.) y su compromiso a desligarse de los clanes mafiosos en las regiones estratégicas. No se aclara (más allá de que los jueces evaluarán “caso a caso”) si el narco seguirá siendo amparado bajo la ley de amnistía como conexo del delito político.

Fuerzas del Estado

. Los militares y policías no serán juzgados con más severidad que los guerrilleros. “Para las FARC, amnistías; para los miembros de la Fuerza Pública, renuncia a la acción penal”, ha declarado el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas.

Cuestión de género. Se aclara que sólo se busca reconocer el dolor sufrido especialmente por las mujeres y otras minorías (indígenas, campesinos, comunidad LGBT) durante el conflicto. Este tema generó una gran polémica atizada por la iglesia evangélica, que movilizó a dos millones de votantes por el No.

Reforma rural y propiedad privada

La propiedad de la tierra es el drama irresuelto en Colombia. Se estipula, para tranquilizar a los terratenientes (ésta era una de las demandas del ‘uribismo’), que “nada de lo establecido en el acuerdo debe afectar el derecho constitucional a la propiedad privada”. Santos ha insistido en que no se producirá “una caza de brujas” de los empresarios que se hubieran visto obligados a pagar ‘vacunas’ (sobornos), ya fuera a la guerrilla o a los paramilitares.

Coste del posconflicto

Se amplía de 10 a 15 años el plazo de implementación para reducir la presión fiscal. La reforma tributaria ha afectado en la popularidad (ya maltrecha) de Santos. La inversión extranjera (a través del plan estadounidense Paz Colombia, el Fondo de la ONU, etc.) jugará unpapel fundamental.