Por Amylkar Acosta Medina

Los Gobernadores y Alcaldes que inician su mandato en el 2016, se enfrentan a tres grandes retos relacionados con el Sistema General de Regalías (SGR): i) conocer y apropiarse de la amplia y compleja normatividad, así como de los procedimientos definidos entre el cuatrienio anterior; ii) ajustar las proyecciones de recursos en sus Planes de Desarrollo a la nueva realidad del recaudo, afectado por la caída de los precios del petróleo; y iii) heredar cerca de 5.500 proyectos, aprobados unos, contratados otros, garantizar su ejecución y de contera concluirlos con éxito y transparencia.

Frente al primer reto, los mandatarios salientes dejaron un gran legado en la medida en que ayudaron a implementar el SGR desde su inicio, a definir los procedimientos y ajustarlos sobre la marcha a medida que se identificaban cuellos de botella. La curva de aprendizaje les tocó a ellos. Algunos de los escollos más importantes y en los que aún pueden y deben  incorporarse mejoras son fundamentalmente: los conceptos de viabilidad técnica sectorial a cargo de los ministerios, en los que hubo demoras de más de seis meses que retrasaron la aprobación de los proyectos y en el giro de los recursos.

También es importante destacar que persisten retos de carácter estructural que dificultan la instalación de capacidades para la formulación y ejecución de los proyectos en los departamentos. Lo anterior, debido a que el SGR no asigna recursos para el fortalecimiento de las secretarías de planeación departamentales, situación que debe discutirse en el marco de la Comisión Rectora y revisarse en la ley de presupuesto 2017-2018. Ello, no cabe la menor duda, contribuiría a fortalecer el rol del nivel intermedio para brindar acompañamiento y asistencia técnica a los municipios, generando unos mecanismos robustos de control preventivo y aprendizaje institucional que tienen incidencia directa en la calidad de los proyectos presentados.

Frente al segundo reto, los nuevos mandatarios se enfrentan a un contexto internacional en el que los precios del barril de petróleo pasaron de un promedio anual de USD 92,35 en el 2014 a USD 48,93 en el 2015 y la caída persiste, rondando en este momento la cotización de US $30 el barril.  Ello fue lo que provocó el aplazamiento de $4,9 billones de pesos en el 2015, correspondiente al 30% de presupuesto aprobado para el bienio 2015-2016. Y es de prever que ocurra con el Presupuesto del SGR lo mismo que pasó con el Presupuesto General de la Nación, que lo anunciado como “aplazamiento” termine en recorte del mismo. Ello obligará a gobernadores y alcaldes a ser más rigurosos, estrictos y selectivos, además de asertivos a la hora de seleccionar y priorizar los proyectos a ejecutar con los recursos provenientes del SGR.

Como ha señalado la Contraloría, en este contexto los departamentos más afectados son Meta, Antioquia, Córdoba, Bolívar, Nariño, Cesar y Boyacá por tener reducciones en más de 140 mil millones en promedio; sin embargo, todos los departamentos deben revisar en detalle los recursos recaudados y las proyecciones actualizadas de ingresos con base en la información que entregarán los Ministerios de Hacienda y Minas y energía en los próximos días, y con base en estos, definir sus apuestas estratégicas para mitigar el riesgo de desfinanciación de las mismas.

El tercer reto, corresponde a la terminación de cerca de 5.500 proyectos que fueron aprobados en el cuatrienio anterior y que en algunos casos aún están pendientes de contratación o de finalizar su ejecución. En este frente, los pronunciamientos de la Contraloría General de República no se han hecho esperar. Como producto de las auditorías realizadas en el segundo semestre de 2015, se señala puntualmente que fueron encontrados 134 hallazgos con presunta incidencia fiscal por $112.073 millones de pesos.

Estos hallazgos por sector, coinciden con aquellos en los que se han dado las mayores aprobaciones: transporte con 6,7 billones aprobados presenta 39 hallazgos por $10.099 millones, Educación con 2,5 billones tiene 17 hallazgos por $14.331 millones, vivienda con 1,5 billones tiene 18 hallazgos por $32.281 millones,  Agua potable y saneamiento con 1, 5 billones tiene 13 hallazgos por $26.742 millones y Cultura, recreación y deporte con 1,2 billones tiene 10 hallazgos por $958 millones.

En dicho informe, los hallazgos asociados a las Gobernaciones corresponden al 17% del total y en algunos de estos casos, se derivan de proyectos aprobados en el sistema anterior a la vigencia del Acto legislativo 05 de 2011. Tienen el reto las nuevas administraciones de tamizar las cifras, establecer el estado y el estadio de cada uno de los proyectos que están bajo la lupa del órgano de control, con el objeto de poner en marcha un plan de mejoramiento y en algunos casos de salvamento de los proyectos, antes de que estos resulten fallidos y se materialice el presunto detrimento patrimonial. Para ello resulta de mucha utilidad la herramienta del Mapa regalías de la cual se dispone, como obligado referente a la hora de establecer la suerte corrida por los recursos asignados a los distintos proyectos financiados con recursos del SGR.

A este propósito, vale la pena señalar que las denuncias asociadas a los casos de corrupción han pasado de 8.000 en el sistema anterior, a 224 en el nuevo sistema. Es de ponderar el hecho de que hoy se dispone de mucha más y mejor información que enantes y en consecuencia es más fácil de detectar aquellas prácticas contrarias a la integridad y a la probidad en el manejo de los proyectos y los recursos invertidos. El reconocimiento a la eficiencia y transparencia de la gestión de los departamentos en el manejo de las regalías en diferentes oportunidades es muy importante y así se ha venido dando. Es una buena manera de visibilizar los casos exitosos.

Se abrió un concurso entre los departamentos con el objetivo de premiar aquellos que invirtieron bien sus regalías, el cual contó con un jurado de alto nivel (Cepal, Banco Mundial, Consejo Privado de Competitividad, Asociación Colombiana de Petróleo y Fundación Cerrejón), saliendo favorecidos los gobernadores de Nariño, Cundinamarca, Antioquia y Bolívar. Por su parte, el DNP creó el Índice de Gestión de Proyectos de Regalías con el objetivo de medir y valorar trimestralmente la gestión de las entidades ejecutoras de los proyectos financiados con recursos del SGR a partir de la información reportada, a partir de los siguientes criterios: i) Transparencia, ii) Eficacia, iii) Eficiencia y iv) Medidas de Control. En el ranking departamental de este índice, se destacaron tres gobernaciones como sobresalientes: Antioquia, Guaviare y Caldas.

No obstante estos esfuerzos, desde luego bien intencionados, tanto el más reciente Informe de Transparencia por Colombia como el estudio realizado y revelado por la Cámara Colombiana de Infraestructura cuestionan la falta de transparencia de la contratación en las entidades territoriales, la cual se constituye en una fuente de corrupción. A ello hay que ponerle correctivos y ello se constituye en el gran desafío para las administraciones tanto departamentales como municipales que apenas inician. De hecho el pasado 16 de febrero 9 gobernadores y 33 alcaldes en ejercicio firmaron con la Ministra de Transporte Natalia Abello y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República un Pacto por la Transparencia. Este contiene siete cláusulas encaminadas todas ellas a “implementar medidas orientadas a mejorar la transparencia en la contratación pública y una adecuada gestión contractual”. Este es un paso importante en la dirección correcta. Una medida similar debe propiciarse a través de la Comisión Rectora del SGR.

Finalmente, en este frente el mayor reto es fortalecer las capacidades de los niveles de gobierno departamental y municipal, así como la oferta de asistencia técnica del gobierno nacional, que haga posible dar continuidad a la iniciativas aprobadas en el periodo de gobierno anterior y formular proyectos de impacto regional, que contribuyan al cumplimiento de las metas de gobierno de las nuevas administraciones.

 

Bogotá, febrero 26 de 2016

www.fnd.org.co

Director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos