En el Senado de la República fue aprobado en su último debate, el proyecto con el que se reduce a 15 días el tiempo para que se respondan los derechos de petición en el país. Cabe mencionar, que el articulado fue aprobado teniendo en cuenta que por decreto presidencial se había duplicado el tiempo de respuesta a dichos recursos.

De acuerdo con la representante a la Cámara por el partido Alianza Verde y autora de la iniciativa, Juanita Goebertus, la misma toma importancia, “ya que el ejercicio del derecho de petición refleja también el ejercicio del derecho al acceso a la información pública y es una manifestación del sistema democrático, que permite a la ciudadanía ejercer veeduría sobre los recursos públicos, al periodismo informativo tener datos de primera mano para dar a conocer, y a la rama legislativa hacer un buen ejercicio de control político”.

Adicionalmente, puso de presente, que según la Liga contra el Silencio, “entre 2017 y 2019, 30 entidades estatales y particulares que manejan recursos públicos violaron el derecho al acceso a la información vía derecho de petición en 9.263, según información de la Defensoría del Pueblo.

Aunque no hay datos sobre las vulneraciones en este año de pandemia aún, la liga señaló algunas preocupaciones sobre la situación de las respuestas a los derechos de petición en el marco del aislamiento”, resaltó la legisladora a Politika