Con ocasión de la conmemoración de 30 años de la toma del Palacio de Justicia y el evento a realizarse el viernes en el cual el Presidente Santos pedirá perdón de acuerdo con el fallo de la CIDH(ver En la conmemoración de 30 años del Palacio de Justicia, Gobierno pedirá perdón), se continúa la investigación sobre la alegada “operación ratonera”. De acuerdo con el Fiscal General Montealgre, hay indicios de conocimiento de los altos mandos sobre la toma y que esta se permitió para poder neutralizar al M-19.

Con base en esta investigación la Fiscalía citó a los ex ministros de la época: Noemí Sanín (comunicaciones), Jaime Castro (justicia) y Enrique Parejo (gobierno), con el fin de determinar qué conocían al respecto. Esto ha generado una fuerte reacción del partido conservador, que rechaza vehementemente esta situación.

No obstante, también ha generado otras reacciones, por ejemplo la del senador Jorge Iván Ospina, quien afirma que también quiere saber la verdad pero que considera la toma un error del M-19 y que revivirlo parece ser una estrategia de Centro Democrático (ver Quiero saber la verdad del Palacio de Justicia”: Jorge Iván Ospina).

Carta Martha Lucía Ramírez

En mi calidad de Ex-candidata Presidencial y dirigente del partido conservador y como Ex-Ministra en los gabinetes de los Ex-Presidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, manifiesto profundo rechazo por las declaraciones del Fiscal General de la Nación Eduardo Montealegre ayer, en medio televisivo, según las cuales la ex ministra conservadora Noemí Sanín y el profesor Jaime Castro, en su condición de ex ministros de Estado, tuvieron conocimiento previo de la toma del palacio de justicia por el narcoterrorismo, y a sabiendas de ello lo permitieron, con el fin de cercar a los asaltantes y presionar su rendición o darlos de baja en medio del fuego cruzado.

Estas declaraciones del Fiscal General, jefe del ente acusador e investigador, resultan costosas para la sociedad, y ofensivas con la dignidad de quienes han servido a la nación.La defensa de las instituciones es obligación de todo colombiano y con mayor razón de aquellos que han recibido de las mismas todos los honores. Presumir lo contrario es una acusación grave que sólo en presencia de pruebas irrefutables en proceso judicial y no con calculado protagonismo mediático, tendrían interés histórico y razón de ser .