El ente acusador señala que Roa habría usado su cargo para favorecer a un empresario con quien tenía una negociación comercial privada vinculada a la compra de un inmueble con descuento de casi $927 millones.

La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de tráfico de influencias de servidor público al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, en el marco de una investigación que tiene origen en la compra de un apartamento ubicado en el barrio El Chicó, en Bogotá.

Según el ente acusador, Roa habría utilizado de manera indebida su posición como máxima autoridad ejecutiva de la petrolera estatal para favorecer intereses particulares, en contravía de los deberes propios de su cargo.

La investigación señala que la presunta influencia se habría ejercido dentro de Hocol, una filial de Ecopetrol. De acuerdo con la Fiscalía, Roa le habría solicitado a Luis Enrique Rojas, presidente de Hocol, que generara oportunidades de negocio para el empresario Juan Guillermo Mancera, específicamente en relación con la adjudicación de un proyecto de regasificación a la empresa Gaxil ESP S.A.S., de propiedad de Mancera. Para el ente investigador, esa intervención constituyó una influencia indebida orientada a favorecer los intereses del empresario.

El vínculo entre Roa y Mancera no sería únicamente de cercanía personal. La Fiscalía sostiene que entre ambos existía una negociación comercial previa: la compraventa del apartamento 901 del edificio Entre Parques, en El Chicó. Según la investigación, Roa adquirió el inmueble y Mancera actuó como intermediario y garante del pago en cuotas, pactadas sin intereses. Los pagos a Pricenton International, propietaria del apartamento, se realizaron con posterioridad a la celebración del negocio y a través de Innova Mercadeo, empresa de Mancera.

El elemento central del caso es el precio al que fue adquirido el apartamento. Roa lo compró por $1.800 millones, cuando su valor comercial estimado era de $2.727.569.550. Eso significa que el precio pactado estuvo un 34% por debajo del valor de mercado, con una diferencia cercana a $927 millones.

La Fiscalía considera que ese beneficio económico —tanto en el precio como en las condiciones de pago— habría estado directamente relacionado con la influencia que Roa presuntamente ejerció para favorecer los negocios de Mancera dentro de Hocol. En ese sentido, el ente acusador concluye que el presidente de Ecopetrol habría utilizado su investidura para intervenir en asuntos que podían beneficiar a una persona con la que mantenía una relación comercial directa y ventajosa.