Por Luis Fernando García Forero.- La declaratoria de inexequibilidad del Acto Legislativo que establecía la cadena perpetua para violadores de niños y niñas, aprobado por el congreso, demuestra, una vez más, la grave crisis de la justicia en Colombia.

Seis magistrados de los nueve de la sala plena de la Corte Constitucional, coincidieron en declarar que la reforma constitucional aprobada recientemente desconoció la carta fundamental y dignidad humana de los condenados y que no se garantizaban, en el Acto Legislativo, los medios para lograr que los presos por esos delitos, se reintegraran a la sociedad.

Uno de los argumentos del fallo tiene que ver con el alto índice de hacinamiento en los centros reclusorios del país. “La ausencia de estas condiciones mínimas de subsistencia digna en un centro carcelario, además de estar sometido a un encierro perpetuo, puede configurar en un trato inhumano, cruel y degradante, prohibido por el artículo 12 de la Constitución”, destaca el informe de ponencia de la magistrada Cristina Pardo.

Los magistrados que votaron en contra de la prisión perpetua fueron Cristina Pardo, ponente; José Fernando Reyes, Alberto Rojas, Alejandro Linares, Diana Fajardo y Jorge Enrique Ibáñez, mientras Antonio José Lizarazo, Gloria Ortiz y Paola Meneses, estuvieron en contra.

Corregir Fallas

El fallo de ese máximo tribunal generó reacciones en todos los sectores de la sociedad colombiana, empezando por el presidente de la república, Iván Duque Márquez, quien fue uno de los primeros en reaccionar: “Los fallos se acatan. Las fallas de nuestra sociedad tenemos que corregirlas. Seguiremos nuestra lucha por los derechos de los niños y por lograr la máxima sanción ejemplarizante a quienes los asesinan y abusan”.

El jefe de Estado señaló en su cuenta de twitter que “Colombia requiere hacer valer el artículo 44 de la Constitución donde los derechos de los niños están por encima de los derechos de los demás. Una de las fallas de nuestra sociedad es que pareciera que hay más garantías para los victimarios que para las víctimas”. Mensaje que denota la critica a los magistrados que votaron la ponencia que declara inconstitucional la cadena perpetua a violadores de niños y niñas.

Agregó el presidente Duque en otro mensaje: “Miles de niños asesinados y abusados merecen que sigamos la lucha por la prisión perpetua. Esta fue la causa de Gilma Jiménez y la de miles de familias y también la nuestra. En la defensa de las convicciones la perseverancia”.

Las posiciones en contra y a favor se fueron convirtiendo en tendencia en las redes sociales. “Lamentable que la Corte Constitucional acabe con esperanza de miles de familias que confiaban en castigo con cadena perpetua para violadores y abusadores de niños. Gob de Iván Duque y Centro Democrático le cumplieron a los niños y hoy la Justicia les falla. Continuaremos luchando por ellos”, publicó en redes el Centro Democrático, el partido del Gobierno.

Apoyo a Corte

Pero otros dirigentes políticos piensan lo contrario. “Bien por la Corte Constitucional al tumbar ese engaño a padres de familia ¡Esa ley ofrecía rebaja de 25 años! Soy el autor de una ley vigente que aumentó en 60 años la prisión a asesinos, violadores de niños”, destacó el senador Roy Barreras.

Los expertos en materia jurídica no se quedaron atrás. El expresidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández ya se había pronunciado sobre la aprobación del Acto Legislativo: “No creo que la sanción de cadena perpetua sea útil para proteger a los niños, niñas y adolescentes. Hoy por hoy, hay penas sumamente altas para ese tipo de delitos, pero no las aplican. Lo que hay es una gran impunidad y, en la práctica, los menores están completamente indefensos frente a la violencia sexual y a los crímenes que contra ellos se comete. Entonces, nada sacamos con consagrar la cadena perpetua si no se hacen efectivas las penas, mientras los niños van a seguir expuestos a violadores y asesinos”.

De otra parte el jurista y académico Francisco Bernate señaló: “Tramitan una medida populista, entusiasman a la gente, la hacen creer que eso es viable y cuando salió el fallo, le caen a la Corte Constitucional. La única forma que vuelvan a discutir el tema es con una Asamblea Constituyente, una nueva Constitución Política del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos”.

Abogados expertos en materia penal como Iván Cancino ya había advertido que la cadena perpetua no respetaba la estructura de la Constitución y NO protegía la niñez colombiana. No es una derrota en los derechos de menores, es un mensaje claro para legislar bien”.

ICBF se pronuncia

Entre tanto la directora de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Lina Arbeláez, afirmó que acata y respeta la inexequibilidad de la reforma pero reiteró la importancia del Art 44: “Los derechos de la niñez prevalecen sobre los de los demás. Todos, familia, Estado y sociedad tenemos la obligación de protegerlos”.

El Ministro de Justicia Wilson Ruíz, se mostró contrario al argumento de la corte que señaló que dicha norma sustituyó la Constitución. Dijo que su aplicación estaba de la mano de la dignidad humana y los derechos de las personas que cometieran esos delitos, en el marco de un debido proceso.

La realidad en Colombia es que la impunidad reina contra los violadores sexuales de niños y niñas. Según medicina legal hubo 6.479 violaciones contra menores de edad en el 2020. Se establece que la impunidad, en casos de explotación sexual a menores, supera el 95 por ciento.

Lo cierto es que el fallo ya es una realidad en el Estado Social de Derecho en Colombia. La iniciativa de prisión perpetua para violadores de niños y niñas, por argumentos constitucionales y legales, no va, quedó en la historia de las Gacetas del Congreso, en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en la opinión nacional.

Por ahora el delito persiste, la impunidad continúa y la efectiva reforma a la justicia que incluya un revolcón en el sistema penitenciario y carcelario del país, que establezca verdaderos centros de reclusión sin hacinamiento, y políticas que conlleven a la resocialización de los condenados por esa clase de delitos, entre otros, aún es una tarea pendiente.

Para lograrla, se necesitan muchos recursos, pero no llegan, se van al  bolsillo de los corruptos.