Prueba que demuestra que en la página web de la corte suprema de justicia se mutiló y cercenó el artículo 59 del reglamento de la corporación que derogaba la investigación en única instancia.

El abogado especialista en derecho penal y Magíster en derecho de la Universidad del Norte y candidato a Magister en “Global Rule of Law & Constitutional Democracy, de la Universidad de Génova, Italia (Instituto Tarrello) y en Argumentación Jurídica de la Universidad de Alicante, España, sustentara el recurso de apelación al hábeas corpus bajo la premisa que se examine por el superior jerárquico mas no funcional que por reparto le corresponda la asignación de la alzada.

De manera heterogénea, este medio de información conoció en primicia una prueba que el jurista considera “REINA” para demostrar ante el país y la comunidad internacional hecho que pueden considerarse dolosos, perversos y malintencionados en contra del ex Senador Álvaro Uribe Vélez, en estos momento de atención a despachos judiciales de manera virtual por la pandemia del Covid.

Sobre la causal de CONFIGURACIÓN DE LA VIOLACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, manifiesto que:

Los magistrados de la Sala de Casación Penal (Barceló, Hernández y Castro) que aperturaron la investigación, el 22 de febrero de 2018, contra el Ex Senador ALVARO URIBE VÉLEZ, en proceso de “única instancia” ordenaron, practicaron y acopiaron las pruebas con la “competencia” que les trasladaba el articulo 55 del acuerdo N.01 de 2009 (Reglamento Interno de la Corporación) para actuar como Sala de Instrucción de la Sala de Casación Penal, pero ignoran que según el articulo 59, el mismo tendría “vigencia” hasta cuando el Congreso expidiera la ley que regule la materia, conforme la Sentencia C-545/08, (condición de exequibilidad) que se cumplió con la reforma constitucional contenida en el acto legislativo N.01 de 2018, que ademas consagro en su articulo 4, que el mismo empieza a “regir” a partir de su “promulgación”, que no es otra cosa que la “publicación” e inserción en el diario oficial, la cual se hizo el día 18 de enero de 2018 y “derogaba” todas las disposiciones que le fueran contrarias.

  1. En este sentido, no existe la menor duda que el acto legislativo N.01 de 2018, consagro la “doble instancia” en las investigaciones y juzgamientos de Congresistas (aforados) y empezó a “regir” y su “vigencia” comenzó a surtir efectos para los Congresistas que se les iniciara investigación por hechos posteriores al enero 18 de 2018, posición que es avalada por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en fallo
  2. Por lo anterior, la investigación que se le inicio al Ex Senador ÁLVARO URIBE VELEZ, el 22 de febrero de 2018, por los magistrados de la Sala de Casación Penal (Barceló, Hernández y Castro), en proceso de “única instancia, viola la garantía constitucional de la doble instancia al restringuirsele y pretermitirsele hacer uso del derecho de alzada en las decisiones que se tomaron al interior de la investigación y concretamente en la ordenación, practica y aducción de pruebas, así como el cercenamiento del derecho a impetrar la apelación de la medida de aseguramiento que definió situación jurídica con detención preventiva que se sustituyo por la detención domiciliaria que hoy restringe su derecho fundamental a la libertad por la conculación de la garantía constitucional de efectos inmediatos a la “doble instancia”.

En cuanto a la estructura argumentativa de la impugnación señalo que:

  • La providencia que sustenta la medida de aseguramiento con la detención preventiva que se sustituyo con la detención domiciliaria tiene su génesis en la apertura de investigación N. 52.240 y las pruebas que soportan la misma medida de aseguramiento son pruebas de inferencia e indicios”  que carece de legitimidad por que se practicaron por quien NO era su “juez natural” NI el “juez competente” , toda vez que el espacio temporal en que  se practicaron, produjeron y se acopiaron fue en vigencia de la “promulgación y publicación” en el diario oficial, del Acto Legislativo No. 01 de 2018 (expedido en cumplimento de la orden proferida al Congreso de la República en la Sentencia condicionada C 545 de 2008), que derogó como lo establece el artículo 4 del Acto Legislativo No. 01 de 2018 (en concordancia como lo establece el mismo artículo 59 del Reglamento Interno de la Corte Suprema de Justicia) la “Competencia” de la Sala de Casación para seguir conociendo de las investigaciones y juzgamiento de Congresistas en procesos de “única instancia”.
  • En este sentido, la medida de aseguramiento de detención preventiva domiciliaria que priva de su libertad al ciudadano ÁLVARO URIBE VÉLEZ, se profirió CON VIOLACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES O LEGALES”.

Primero: Porque la restricción de la libertad se produjo dentro de un proceso de “única instancia” cuando la norma constitucional de “carácter procesal tiene efectos inmediatos” (De conformidad con los precedentes constitucionales, especialmente la sentencia de unificación SU 373 de 2019) y en el espacio temporal en que se dictó, ya los procesos que se siguen contra los Congresistas, incluido el de ÁLVARO URIBE VÉLEZ, era y son de DOBLE INSTANCIA.

Segundo: Porque la medida restrictiva de la libertad se sustenta en pruebas e indicios de inferencia que fueron ordenadas, practicadas y acopiadas por la Sala de Casación Penal (independientemente de las personas o los magistrados que actuaron la competencia debe ser vista desde la óptica funcional y no personal),  quienes no tenían legitimidad y  por lo tanto carecían de competencia para actuar como instructores, por expreso mandato y entrada en vigencia de la reforma constitucional (articulo 4 del Acto Legislativo No. 01 de 2018)  de las que se sustrajo a la Sala de Casación Penal para que no acometiera más las funciones investigar que les daba el reglamento interno de la Corporación y mucho menos en “única instancia” a los congresistas en acatamiento al precedente que desarrolla la “imparcialidad objetiva” y al que hace referencia la sentencia C 545 de 2008, donde la Corte Constitucional considero:

Entonces, lo que se busca con la amplificación de la imparcialidad también hacia su acepción objetiva es, en un “cambio meramente procedimental”, evitar que el funcionario que acopió los elementos necesarios en el adelantamiento de una actuación, que le llevó verbi gratia a proferir una resolución de acusación, – como en el presente evento correspondería según el procedimiento instituido en la Ley 600 de 2000 (que por cierto sigue y seguirá rigiendo durante bastante tiempo en acciones penales que cursen contra procesados distintos a los Congresistas, por delitos perpetrados antes de empezar los años 2005, 2006, 2007 y 2008, según el Distrito Judicial del acaecimiento) -, al haber estado en contacto con las fuentes de las cuales procede su convicción, la mantenga, entendiblemente ligado por preconceptos que para él han resultado sólidos.

Más adelante en la misma sentencia C 545 de 2008, se considero:

Como la carta política sigue avalando y obligando a la Corte Suprema a investigar y juzgar, ella misma, a los Congresistas, la total exclusión del servidor judicial de cualquier actividad previa en el asunto que vaya a ser sometido a su juzgamiento, es en Colombia una vía para extremar a futuro la adecuación de los procedimientos a las evoluciones internacionales, que se reflejan en los tratados que forman el bloque de constitucionalidad.

De lo anterior, se puede afirmar que providencia proferida por la Sala de Instrucción Especializada No. 2, al resolver la situación jurídica e imponer la medida de aseguramiento restrictiva de la libertad del ciudadano ÁLVARO URIBE VÉLEZ, se funda en:

Pruebas que fueron ordenadas y practicadas, así como los indicios  acopiados en “única instancia” por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en contra del ciudadano ÁLVARO URIBE VÉLEZ, sin tener competencia para actuar como magistrados instructores de la Sala Penal de Casación  por “derogación expresa” que hace el articulo 59 del reglamento interno con el cumplimiento de la condición de la entrada en vigencia del acto legislativo N.01 de 2018, que reforma (desaparece la única instancia) el texto superior (consagrando y garantizando la doble instancia) y el procedimiento con el cual se investiga y juzga a los congresistas dentro del criterio de “imparcialidad objetiva” conforme lo ordeno y estableció la sentencia de constitucionalidad condicionada C 545 de 2008.

Por ultimo, manifiesta el abogado Renzo Montalvo, que llama la atención y resulta desconcertante que en una institución como la Corte Suprema de Justicia, que debe ser ejemplo de rectitud, honorabilidad y transparencia en la publicación de la información se haya mutilado cercenado, borrado, quitado, u ocultado el articulo 59 del reglamento interno de la Corporación, el cual es el precepto normativo que dejo sin “vigencia la competencia” de los magistrados de la Sala de Casación Penal (Barceló, Hernández y Castro) que aperturaron e instruyeron la de practica de pruebas en la investigación, que aperturaron el 22 de febrero de 2018, contra el Ex Senador ÁLVARO URIBE VÉLEZ, en proceso de “única instancia” que lo mantiene privado de su libertad con medida de aseguramiento de detención preventiva sustituida por detención domiciliaria proferida en abierta y flagrante violación de sus garantías constitucionales que ameritan su libertad inmediata por medio de hábeas corpus.
 El articulo 59 del reglamento interno establece:
El presente Acuerdo regirá a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial, y será aplicable exclusivamente para delitos imputados a los miembros del Congreso de la República, y cometidos a partir del 29 de mayo de 2008 y TENDRÁ VIGENCIA HASTA CUANDO EL CONGRESO EXPIDA LEY que regule la materia, conforme la Sentencia C-545/08.

Y el articulo 4 del acto legislativo N. 01 del 18 de enero de 2018, reformatorio de la constitución establece que:

El presente acto legislativo rige a partir de la fecha de su PROMULGACIÓN Y DEROGA todas las disposiciones que le sean contrarias.

DIARIO LA LIBERTAD