Con reforma bloqueada, crisis hospitalaria y elecciones cerca, crece planta del Ministerio de Salud.
En medio de una situación crítica en el sistema de salud colombiano, marcada por desabastecimiento de medicamentos, cierre de dispensarios y fallas en la atención a pacientes, el Ministerio de Salud ha iniciado un proceso para ampliar su planta de personal en 442 cargos, lo que representa un costo anual superior a los $59.000 millones.
El anuncio fue objeto de una denuncia por parte del representante a la Cámara por Bogotá, Andrés Forero, quien señaló que esta expansión de la nómina se produce «de espaldas a los sindicatos del Ministerio» y en un momento en que múltiples sectores sociales exigen medidas urgentes para garantizar el acceso a tratamientos y medicamentos.
De acuerdo con el congresista, los sindicatos del Ministerio incluso han solicitado abrir un incidente de desacato contra el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.
Forero cuestionó además que esta iniciativa esté siendo ejecutada con premura debido a una notificación de la Dirección General del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), que estableció el 31 de enero de 2026 como fecha límite para realizar el trámite.
Según el congresista, este apuro administrativo respondería a motivaciones políticas, con el objetivo de beneficiar a un candidato a la Cámara de Representantes por el Tolima, presuntamente cercano a la titular de la cartera de Salud.
La medida se anuncia en medio de una “emergencia económica” decretada por el Gobierno nacional, situación que ha sido invocada por el Ejecutivo para justificar diversos movimientos presupuestales y decisiones extraordinarias.
Sin embargo, para críticos como Forero, la decisión resulta contradictoria, dado el delicado panorama fiscal del país y el llamado a la austeridad en el gasto público por parte de organismos multilaterales, analistas económicos y entes de control.
Organizaciones de pacientes también han reaccionado. A través de redes sociales y pronunciamientos públicos, han dirigido mensajes al presidente Gustavo Petro denunciando la grave situación que enfrentan los usuarios de la Nueva EPS —entidad que ha sido intervenida por el Gobierno—.
Los reclamos hacen referencia a interrupciones en tratamientos médicos, falta de entrega de medicamentos, cierres de puntos de atención y ausencia de rutas claras para la atención de urgencias.
Una de las alertas más reiteradas proviene de colectivos de pacientes crónicos, quienes califican la situación como una «emergencia nacional sanitaria» y aseguran que «la espera está costando vidas».
En ese contexto, demandan acciones inmediatas y efectivas por parte del Gobierno, al tiempo que piden frenar la expansión de la burocracia mientras no se resuelvan los problemas estructurales del sistema.
Forero hizo un llamado público a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación para que intervengan de inmediato. Según el congresista, ambas entidades de control deberían verificar la legalidad de la expansión de la planta, revisar su impacto fiscal y determinar si hay eventuales fines políticos en la creación masiva de empleos en el Ministerio.
Al respecto, el ministro Jaramillo no se ha pronunciado aún.
