Héctor Tercero Merlano Garrido
Cuando un gobierno anuncia un aumento masivo del salario mínimo, la noticia suena a justicia social. Pero en economía —como en física— no existen milagros: todo aumento artificial del ingreso, sin respaldo productivo, se paga después con inflación. Y la inflación es el impuesto más cruel que existe, porque no lo recauda el Estado con factura, sino el mercado con hambre.
Hugo Chávez lo entendió —o lo usó— como instrumento político. En los primeros años de su segundo mandato decretó incrementos cercanos al 30% anual del salario mínimo. La narrativa era épica: el comandante “le devolvía dignidad al trabajador”. La realidad fue otra: los precios subieron más rápido que los salarios, la producción colapsó, y el bolívar comenzó su lenta agonía hasta convertirse en papel sin valor. Hoy el salario mínimo venezolano equivale a unos pocos dólares, insuficientes incluso para comprar una bolsa de harina.
Colombia camina ahora por la misma pendiente. El gobierno de Gustavo Petro decretó un aumento del salario mínimo del 23% en una economía que no crece al mismo ritmo, con inversión privada cayendo, productividad estancada y un aparato productivo golpeado por la incertidumbre regulatoria. ¿Resultado previsible? Aumento de la canasta familiar, presión sobre la informalidad y destrucción de empleo formal. El salario sube en el decreto, pero cae en el mercado.
Aquí se revela una verdad incómoda: la inflación no castiga al rico. El rico protege su patrimonio en dólares, acciones, bienes raíces y empresas. El pobre no. El pobre vive de su salario, del precio del arroz, del transporte y del arriendo. Cuando el dinero pierde valor, quien cae no es el que tiene activos, sino el que tiene mercado.
El socialismo siempre promete proteger al trabajador, pero en la práctica lo entrega indefenso a la trituradora inflacionaria. Y cuando los precios suben, el gobierno no mira al espejo: culpa a “los especuladores”, a “los empresarios”, a “la derecha”, exactamente como lo hizo el chavismo. El libreto es idéntico.
Pero lo más perverso del socialismo del siglo XXI no es su fracaso económico, sino su éxito político. No vino a repartir riqueza: vino a capturarla. Se forma una élite burocrática blindada por el poder. Los nietos de Fidel Castro viven como magnates. La hija de Chávez es multimillonaria. Los sobrinos de la familia de Maduro trafican drogas desde un Estado que se dice socialista. Mientras tanto, el pueblo hace filas para conseguir comida.
Eso no es una desviación del sistema: es su lógica interna. Cuando el Estado controla la economía, quien controla el Estado controla la riqueza. Y entonces la revolución deja de ser ideológica para convertirse en una empresa criminal.
Muchos profesionales en Colombia repiten hoy consignas socialistas sin haber leído una sola página de Marx ni de Garaudy. No siguen una teoría; siguen una expectativa: la de entrar al círculo del reparto, a la burocracia, al contrato público, al privilegio. El socialismo seduce no porque prometa igualdad, sino porque promete botín.
Por eso el 2026 es un año decisivo. Colombia aún tiene democracia funcional, empresa privada viva y moneda estable. Venezuela también las tenía en 2004. Hoy no tiene ninguna. La historia no se repite por accidente, sino por necedad.
O corregimos el rumbo, o descubriremos —cuando ya sea tarde— que el salario que parecía justicia era, en realidad, la antesala de la pobreza.
