“La atención, asistencia y reparación a las víctimas del conflicto armado siempre ha sido una decisión de Estado. Con anterioridad a la expedición de la ley de víctimas y restitución de tierras se habían producido importantísimas políticas estatales en aras de proteger a los colombianos que por causa de la guerra habían sufrido la devastación de sus derechos mínimos inherentes a su condición de ser humano. En ese sentido se encuentra la política de atención al desplazamiento forzado que tantos beneficios trajo a miles de colombianos, o la política antiminas que procuró por reparar a las víctimas de las minas personales pero también prevenir este cruel delito, o también la política de reparación por vía administrativa dispuesta en el Decreto 1290 de 2008 la cual fue consecuencia de la ley 975 de 2005 con la que el Estado dio un giro trascendental en la atención a las víctimas pasando de un concepto de solidaridad a uno de responsabilidad estatal el cual sigue vigente en la actualidad”.

Así lo señaló el senador Manuel Enríquez Rosero (Partido de la U) –presidente de la Comisión Primera en el marco de la conmemoración del Día Nacional de las Víctimas en Colombia en el Congreso el pasado 9 de abril, tras advertir que “no obstante la decisión del Estado en la formulación de las diferentes políticas que tuvieron como objetivo conjurar las consecuencias de la guerra, todas estas acciones no hubiesen sido posibles si no es por la robusta voluntad política con la que se logró un gran esfuerzo presupuestal, institucional y humano para ejecutarlas, muestra de ello son las cifras que en su momento informó la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción Social, en las que evidenció que para los años 2003 y 2006 el presupuesto asignado para la atención a la población en situación de desplazamiento fue de $1.9 billones de pesos y entre los años 2007 y 2010 el presupuesto ascendió a la suma de $5.2 billones de pesos. Es decir, se trató de importantes cantidades de dinero sin las cuales las consecuencias del desplazamiento forzado se hubieran agudizado aún más”

El legislador del departamento de Nariño recordó que “sin desconocer todas estas acciones estatales, el Congreso de la República en el año 2011 el tomó una de las decisiones más importantes en el marco del conflicto armado. Luego de entender la problemática generada por la confrontación armada en el país de más de medio siglo, y, teniendo en cuenta las diferentes políticas que hasta ese momento habían pretendido mitigar los daños producidos por la guerra, decisiones estatales impulsadas en muchas ocasiones por las órdenes de la H. Corte Constitucional, decidió adoptar una política de estado en la que todas esas acciones institucionales quedaran condensadas en una sola con la cual se brindaría a las víctimas la atención, asistencia, reparación integral y garantías de no repetición por los hechos ocurridos en el conflicto armado o con ocasión de éste. Esta decisión de estado fue plasmada en la ley 1448 de ese año, en la que el Parlamento Colombiano por unanimidad decidió entregar a los miles de compatriotas las garantías suficientes para que gocen efectivamente de sus derechos”

“Un análisis exhaustivo de esta normativa muestra que sus componentes verticales y transversales fueron diseñados para que cada uno de ellos entre sí se relacionen de tal manera que el resultado se vea reflejado en el cumplimiento de los derechos de las víctimas del conflicto armado, proceso en el cual las autoridades nacionales y regionales debían jugar un papel trascendental en su función de articulación nación – territorio pero también en su ejercicio de planeación interno con el objeto de que esta política tenga el éxito esperado.”, comentó

En palabras del senador Manuel Enríquez Rosero cinco años después de expedida la norma se observan grandes avances en la materia. Las entidades encargadas de ejecutar la política de víctimas y restitución de tierras han hecho un esfuerzo enorme por conseguir los objetivos trazados por la ley 1448 de 2011 en conjunto con sus desarrollos reglamentarios y de planeación.

“Nadie puede desconocer que la Unidad de Víctimas, la Unidad de Tierras, el Centro de Memoria Histórica, las entidades del nivel nacional, entiéndase ministerios sus entidades Adscritas y Vinculadas, los Órganos de Control, así como las Autoridades Locales, los entes descentralizados administrativamente y por servicios, en suma, todo el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), han realizado el esfuerzo humano y presupuestal que ha estado a su alcance por conseguir que las víctimas de esta guerra puedan gozar de todos sus derechos, esfuerzo al que también se ha sumado la Rama Judicial a través de sus diferentes jueces de todos los órdenes y con especial énfasis la Corte Constitucional. Sin embargo, quisiera hacer un especial reconocimiento a la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas – Unidad de Víctimas – en cabeza de su Directora la doctora Paula Gaviria Betancur, piedra angular de toda la política de víctimas, pues el incesante trabajo de esta Entidad ha sido fundamental para que los programas dirigidos a las víctimas del conflicto armado lleguen hasta el más recóndito lugar del territorio colombiano haciendo posible el disfrute de los derechos en la medida de lo posible, como también lo ha manifestado la Comisión de Seguimiento a la ley 1448 de 2001 en su último informe en el que resaltó la adecuada distribución territorial de ayuda humanitaria que ha realizado es coherente con la distribución geográfica de la población víctima”, recalcó

Es tanto así la decisión de Estado en el cumplimiento de la política de víctimas y restitución de tierras  -manifestó- que en un gesto voluntad política el presupuesto del anterior año asignado para dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en la ley 1448 de 2011 ascendió al 1% del total del PIB es decir, aumentó en un 6% en comparación al año anterior, lo que quiere decir que de $7.4 billones de pesos destinados para la implementación de la esta ley pasó a $7.9 billones, como lo informó en su momento el Departamento Nacional de Planeación. O sea, estamos hablando de un costo similar a la financiación de las vías 4G con las que el país obtendrá el desarrollo esperado, o si lo queremos poner en otro plano, se trata de un presupuesto con el que se podría financiar gran parte de la política de vivienda en Colombia.

“Como se puede observar, el compromiso de la Institucionalidad en este tema es prioritario en la agenda pública; su desarrollo se ha convertido en un objetivo de alta importancia para todas las Autoridades y en modelo de seguimiento por parte de la comunidad internacional”, aseveró el senador Manuel Enríquez Rosero

“Aunado a lo anterior, no hay lugar a desconocer que en el marco de las negociaciones de paz con la guerrilla de las FARC – EP, la política de víctimas y restitución de tierras es tal vez el punto que mayor desarrollo tendría en la implementación de los acuerdos de paz. No puede olvidarse que el eje transversal y central del proceso de paz son las víctimas del conflicto armado, y que además, el punto 5º de la Agenda de Paz de la Habana puntualmente contempla varias acciones en pro de los derechos de esos colombianos azotados con la violencia generada por el conflicto armado. Luego entonces, los pasos dados con anterioridad a este proceso de negociación en la ley 1448 de 2011 serán el insumo necesario para concretar todas las medidas en el posconflicto”, afirmó

“Asimismo, es importante resaltar el protagonismo que ha tenido el partido de la U para conseguir que sea una realidad la atención a las víctimas de la guerra. Muestra de ello es la contundente decisión de apoyar todas las iniciativas legislativas que han propendido por conjurar los efectos de la guerra, no sólo con la ley 1448 de 2011, sino también a través de diferentes proyectos que han procurado porque los compatriotas afectados por el conflicto armado tengan la posibilidad de ver cómo sus garantías mínimas pueden volverse una realidad”, subrayó

“No obstante lo mencionado hasta este momento, es importante tener en cuenta que no todo ha sido perfección en la ejecución de la política de víctimas, pues así se concluye de lo manifestado por la Comisión de Seguimiento a esta ley conformada por los Órganos de Control que, de acuerdo a toda su experticia, en lo corrido del tiempo de ejecución de la ley de víctimas y restitución de tierras ha expedido importantes documentos que muestran el grado de ejecución de esta política estatal.”, añadió

El senador Manuel Enríquez Rosero –al intervenir en la sesión en pleno del Congreso el pasado 9 de abril-  se refirió “al último informe presentado por esa Comisión al Congreso de la República en el que se evidenció que hay un faltante de 33,6 billones de pesos para garantizar al conjunto de las víctimas los derechos de indemnización y vivienda consagrados en la ley. Además, si bien es cierto el informe reconoce que las metas trazadas implican una importante carga presupuestal e institucional, también lo es que resultan insuficientes con relación al universo de víctimas por atender, asistir y reparar”.

“Asimismo, ese documento expuso que las proyecciones de gasto no tienen en cuenta la realidad y magnitud creciente del fenómeno de victimización producto del conflicto armado interno y tampoco corresponden a una reparación integral y transformadora, según los estándares establecidos. De hecho, en el informe la Comisión propone que se extienda la vigencia de la Ley de Víctimas –va hasta el 2021– para enfrentar adecuadamente el impacto financiero por el crecimiento en el número de población afectada por el conflicto armado”, dijo

El presidente de la Comisión Primera del Senado afirmó que “otro aparte importante del documento es la conclusión de que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas, piedra angular de esta política estatal, no cuenta con la jerarquía para realizar la tarea que se le encomendó, es decir, “tiene un rango inferior a las entidades que encabezan los sectores del Gobierno que tienen la responsabilidad de implementar las políticas públicas” indicó el informe”.

“Una realidad como estas no puede pasar desapercibida, es por esto que hoy 9 de abril, día nacional de las víctimas conforme la misma ley 1448 de 2011, quiero hacer un llamado de atención a las Autoridades de todos los órdenes para que aunemos esfuerzos en aras de garantizar el goce efectivo de los derechos de los colombianos que desafortunadamente han sufrido el flagelo de la violencia a causa del conflicto armado interno, especialmente para que en materia presupuestal la decisión del Estado sea más contundente y con específico énfasis en las víctimas del desplazamiento forzado, pues son los colombianos en los que se centraliza el mayor de número de hechos victimizantes, tal vez se trata de compatriotas que han sufrido con mayor rigor el dolor de la guerra y a los que el Estado les debe prestar la atención y reparación necesaria para lograr que sus derechos se vuelvan una realidad. En la actualidad, según cifras de estatales y de la sociedad civil suman entre todos ellos alrededor de 7 millones de personas muchas de ellas en el Departamento de Nariño, eso es casi el 2% del censo total de la población. Es decir, un número considerable de conciudadanos que imploran porque sus garantías fundamentales sean atendidas y reparadas correctamente”, puntualizó.

Finalmente, el senador Manuel Enríquez Rosero –presidente de la Comisión primera del senado, exhorto para que en “lo que falta de la vigencia de la ley de víctimas y restitución de tierras, la Institucionalidad y la sociedad en su conjunto seamos dolientes conexos de las víctimas y pongamos de nuestra parte para que las medidas de asistencia, atención, reparación integral y medidas de no repetición se cumplan para todas la víctimas pero con singular particularidad sobre las víctimas del desplazamiento forzado. El éxito de la política de víctimas y restitución de tierras es el inicio de la consecución del tan anhelado derecho fundamental a la paz del que todos los colombianos necesitamos”.