El ingeniero civil Jorge Mario Herrera Betin regresa a la alcaldía de Sincelejo ya no como secretario de despacho ni asesor, sino en calidad de encargo.

Al hoy secretario de planeación del departamento de Sucre le fueron asignadas esas funciones

El gobernador Héctor Espinosa Oliver lo designó a través del Decreto 0297 del 22 de mayo en el que también suspende del cargo de alcalde a Andrés Gómez Martínez hasta que finalice el proceso de responsabilidad fiscal que le ha abierto por más de 1000 millones de pesos la Contraloría General de la República.

Jorge Herrera, a quien popularmente llaman Joty, estará en el encargo hasta que de la terna que envíe el partido Cambio Radical sea escogido el alcalde interino.

En la actualidad el departamento de Sucre tiene 4 alcaldes suspendidos, los más recientes: Sincelejo y Sucre-Sucre por hechos ocurridos en el marco de la pandemia de Coronavirus. Por ejemplo en el caso de Sincelejo por los presuntos sobrecostos detectados en los mercados que fueron distribuidos entre la población más necesitada al inicio de la cuarentena.

Alcalde de Sincelejo y sus empleados habrían incurrido en falta gravísima: Procuraduría

Irán a audiencia ante el Ministerio Público, que advierte de la posibilidad de comisionar a la Regional de Sucre para que los escuche y practique pruebas.

La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa a cargo de Giancarlo Marcenario Jiménez llamó a juicio disciplinario al alcalde de Sincelejo y a varios de sus funcionarios por los sobrecostos en la compra de los 26.666 mercados en medio de la pandemia por la COVID-19. Este ente consideró que los funcionarios incurrieron en falta y culpa gravísima.

A los cuatro, la Procuraduría en el auto de citación a audiencia pública, les imputa cargos y les reprocha el no haber realizado la labor que a cada uno le compete en el trámite precontractual y contractual de los negocios jurídicos suscritos por la alcaldía con Abastos y Fruver El Paraíso S.A.S., y Surtiviveres Comercializadora y Distribuidora S.A.S., por la emergencia por COVID-19. A la fecha a cada una de estas sociedades les adeudan el 50% de los contratos que son $769.514.095.

Del alcalde, la Procuraduría dice que habría incurrido en falta disciplinaria gravísima y culpa gravísima en detrimento del patrimonio público y con desconocimiento de los principios de planeación, eficiencia, responsabilidad, economía y moralidad que rigen la contratación estatal y la función administrativa; mientras que de Katiuska y Andrea anota que omitieron realizar un estudio jurídico adecuado a las propuestas presentadas por los cotizantes, privando a la administración municipal de conocer la realidad del mercado para establecer la viabilidad de los precios presentados en estas ofertas; y del secretario de desarrollo dijo el ente disciplinario que este omitió verificar si dichas propuestas se ajustaban a los precios del mercado reales y permitió que se contratara con sobrecostos, además de haber certificado que recibía a satisfacción la totalidad de los kits de alimentos contratados con destino a la población vulnerable cuando no fu cierto porque a través de Contraloría lograron establecer que muchos de estos estaban incompletos.

En la mira de la Contraloría y Fiscalía

Además de esta investigación disciplinaria hay un proceso de responsabilidad fiscal contra el alcalde en la Contraloría por más de 1000 millones de pesos y otro en la Fiscalía que también involucra a estos funcionarios, al mandatario y a los contratistas de los mercados, como al contratista de una publicidad Hugo Tabares Sierra y el jefe de prensa de la alcaldía Gustavo Pérez Mier. A todos ellos la Fiscalía los ha conminado a un interrogatorio de indiciado.