Por: Sebastián Silva-Iragorri
Hay una Corporación en Colombia que se ha ido apropiando de todos los poderes hasta convertirse en legisladora, ejecutora y administradora y es la llamada Corte Constitucional, que con unas mayorías precarias impone a todo el País o sea a 50 millones de personas su criterio, en gran parte sesgado hacía sectores extremos de izquierda. Después de los desastrosos fallos que dieron patente a la impunidad de las FARC y a la limitación del poder legislativo con el Fast Track y luego de haber garantizado el robo del plebiscito, ahora está frenando con el voto de 2 magistrados de una Sala toda posibilidad de combatir el narcotráfico. Cada vez aumenta el número de requisitos para asperjar, que es una de las tantas herramientas en la lucha contra los cultivos ilícitos, incluso colocan al gobierno de rodillas ante las propias poblaciones que podrían estar sembrando coca y a las cuales habría que solicitarles permiso. La fumigación se iba a realizar con el método de precisión más sofisticado, con todas las garantías solicitadas por esa misma Corte, sin perjudicar las comunidades y en zonas muy riesgosas, específicas y limitadas.
Lo más grave de esta Corte es que poco a poco ha ido apropiándose de pedazos del poder legislativo. La filosofía de la representación está en la delegación que hace el pueblo a un cuerpo colegiado y eso es lo que en elecciones expresa el ciudadano al entregar su poder al Congreso para que legisle en su nombre. ¿De dónde entonces saca la Corte facultades para legislar si no tiene representación delegada por el pueblo? Además, sus magistrados no han sido elegidos popularmente y sin embargo tienen más fuerza que el propio presidente elegido con más de 12 millones de votos. Si hay una elección y el pueblo se expresa con un programa de gobierno, ¿cómo es posible que una Corte, cuya mayoría se consigue con 5 votos en Sala plena y a veces en Sala especial con solo 2 votos, pueda ir en contravía frenando los programas o proyectos presidenciales respaldados por el voto de millones de ciudadanos?
La Corte se ha inventado un argumento para impedir las reformas que no le convengan atajándolas con el cuento de que rompen los principios y la esencia de la Carta Política. Hace poco se valieron de esta tesis para impedir algo relativo a la creación de una corporación judicial y sin embargo el robo del plebiscito, que fue el atentado más grave contra el poder soberano del pueblo, les pareció que no rompía la esencia de la constitución. También ha sido poderosa esta Corte en mantener privilegios, como sus altas pensiones, los superiores aumentos en porcentajes para los congresistas cada año y el carrusel de favores familiares entre las Cortes y los órganos de control.
No aspiramos a una Corte doblegada y sumisa, pero tampoco a una Corte que se extralimite opinando y legislando sobre temas de obras públicas, obstaculizando importantes políticas de desarrollo, rompiendo la unidad de lucha contra el narcotráfico, suspendiendo y restringiendo programas del gobierno y legislando sobre el aborto, la eutanasia y otros asuntos de competencia del Congreso. Hoy ninguna política gubernamental está segura pues siempre habrá que esperar a que la Corte diga la última palabra. La Corte debería circunscribir su acción solo a evitar que se viole la Constitución.
Algo tiene que hacerse con urgencia, los candidatos deben pronunciarse con claridad sobre este tema. No queremos una Corte invasiva, imponiendo agendas, haciendo malabares con las normas para legislar, entrometida en la aplicación de la justicia y gobernando abusivamente sin ostentar la representación popular.
