La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya dio a conocer esta mañana sus dos decisiones en la que se declaró competente para resolver las demandas de Nicaragua sobre Colombia.
Su Presidente el juez Rony Abraham, señaló que por 14 votos a dos se falló a favor de la demanda que argumenta un supuesto desacato de Colombia del fallo del 2012.
Leyó los argumentos con los que ese tribunal desestimó cuatro de las cinco objeciones que Colombia había planteado y con las que buscaba que la Corte se declarara sin competencia en ese caso.
La Corte de la Haya negó el argumento de Colombia de que por haber renunciado al Pacto de Bogotá en 2014 se encontrara por fuera de la jurisdicción de ese tribunal. Textualmente el juez dijo que el retiro de Colombia no tiene un efecto retroactivo ni “en nuestra jurisdicción”.
La Corte sentencio que si puede conocer la demanda de Nicaragua en relación con la plataforma continental extendida, negando la excepción que nuestra nación pedía.
Los magistrados no admitieron que con su fallo de 2012 haya resuelto todas las diferencias limítrofes entre los dos países.
Además la Corte señaló que en su fallo del 2012 no abordó la plataforma continental ni se refirió a la delimitación de esta.
Dijo que no transó sobre si Nicaragua podía tener derecho a dicha plataforma,
Por eso, admitió la demanda de Nicaragua, que solicita fijar el «rumbo exacto» de la plataforma continental más allá de las 200 millas marítimas. En caso de prosperar dicha demanda la plataforma se acercará a nuestra costa continental en el Caribe.
Nicaragua tiene dos objetivos contra Colombia ahora: primero quiere que se le reconozcan derechos sobre una plataforma continental extendida más allá de 200 millas de sus costas, aspiración que comprometería aguas colombianas. Segundo, el gobierno de Daniel Ortega busca que La Haya exija a Colombia cumplir la sentencia de noviembre del 2012, la cual se le otorgó derechos sobre aguas del Caribe, muy cerca de San Andrés.
Nicaragua arguye que Colombia viola sus derechos en el mar Caribe y ha amenazado con el uso de la fuerza.
Colombia ha dicho que acata, pero que no aplica el fallo. Entre otras razones, porque la aplicación demandaría acciones como modificar normas internas colombianas sobre límites.