Los implicados, quienes aspiran a una curul en el Congreso, son investigados por presunto cohecho impropio, en un proceso con más de 50 pruebas documentales y una decena de testimonios.
La Corte Suprema de Justicia está próxima a adoptar una decisión clave en momentos en que el Congreso de la República se encuentra a días de su reconfiguración. Este miércoles, la corporación definirá si llama a juicio y ordena el envío a prisión de seis congresistas investigados por presunta corrupción en el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), quienes actualmente buscan mantenerse en sus curules.
La Sala de Intrucción fue citada para debatir y votar la ponencia del magistrado Misael Rodríguez, que define el llamado a juicio de los congresistas Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Liliana Bitar, Wadith Manzur, Karen Manrique y el excongresista Juan Diego Muñoz.
Así mismo, trascendió que la ponencia solicita que los congresistas sean cobijados con medida de aseguramiento intramural, al considerar que representarían un peligro para la sociedad y que podrían interferir en las investigaciones que se adelantan por este escándalo.
Todos, investigados por el presunto delito de cohecho impropio, insisten en que son inocentes y víctimas de acusaciones sin sustento.
Para abrir investigación formal, la corporación valoró declaraciones que señalan a los indagados de haber intervenido en presuntos acuerdos irregulares encaminados a facilitar la aprobación de proyectos y posibles contrataciones en la Unidad. El proceso cuenta con más de 50 elementos documentales recaudados mediante órdenes de policía judicial y al menos 10 testimonios incorporados al expediente.
“Esto permitió construir una hipótesis, según la cual los investigados, como miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), habrían aceptado emitir conceptos respecto de operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio de Hacienda, a cambio de dádivas que se materializarían en contratos de la UNGRD”, explicó la Corte Suprema.
El proceso también se sustenta en declaraciones de exfuncionarios que ocuparon cargos de alto nivel en el Gobierno y que hoy están vinculados al caso.
Una de ellas es Sandra Ortiz, exalta consejera para las Regiones, quien se encuentra privada de la libertad por su presunta participación en el entramado. En su declaración, describió una reunión de consejo de ministros en la que, según afirmó, el entonces jefe de la cartera política, Luis Fernando Velasco, también en prisión, planteó que algunos integrantes del gabinete asumieran el acompañamiento directo de determinados congresistas para asegurar que sus votos se alinearan con los intereses del Ejecutivo.
A ese expediente se suma el testimonio de Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio. En su versión ante las autoridades, sostuvo que detectó posibles irregularidades en el manejo de recursos del Ministerio de Hacienda durante la administración de Ricardo Bonilla, hoy también detenido por este escándalo. Reyes aseguró que puso esa situación en conocimiento del presidente de la República, pero que, según su relato, no hubo una respuesta frente a la advertencia.
Según el tribunal, a cambio de avalar los conceptos de operaciones de crédito, los congresistas supuestamente habrían acordado dádivas, correspondientes a proyectos que se tramitarían en la UNGRD, en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y en Carmen de Bolívar (Bolívar).
“En los últimos 18 días del periodo de sesiones del año pasado, entre el 28 de noviembre y el 15 de diciembre, en la CICP se emitieron 13 de los 18 conceptos que, en total, el Ministerio de Hacienda presentó a consideración de los miembros de esa comisión durante el 2023”, agregó la Corte.
Por estos hechos hay una investigación preliminar contra el senador Julio Elías Chagüi Flórez (Partido de La U). En su caso, la Sala consideró que las supuestas irregularidades de las que se lo señala corresponden a situaciones distintas a las que se investigan en este momento.
