La Corte Constitucional con la tesis discutible de la sustitución de la Constitución, acaba de enterrar una de las partes esenciales de la Reforma Constitucional que aprobó el Congreso sobre equilibrio de poderes, al declarar inexequible la creación del Consejo de Gobierno Judicial. Con la misma argumentación, hará lo propio con el Tribunal de Aforados que reemplaza la inoperante y absurda Comisión de Acusación de la Cámara.  Ante la insistencia de los actores y las demandas pendientes, posiblemente se la ratificará, sin mediar ningun impedimento. Existe resistencia en los Altos Tribunales y en la Fiscalìa General de la Nación, con respecto al control  penal y disciplinario serio, real y efectivo, que supere la vergüenza de la función judicial del Congreso, engendro de impunidad. De mantenerse este Tribunal de Aforados, carecerá de autonomía e independencia. Sus miembros serán postulados por el Consejo Superior de la Judicatura que sobrevive, cuya Sala Disciplinaria depende exclusivamente de las cortes a las que investigará. Todo queda en casa, en una reprochable reciprocidad de competencias interinstitucionales. Los miembros de las Cortes, a excepción de la Constitucional son  postulados por el Consejo Superior de la Judicatura.  O sea, yo te postulo, tú me eliges. Yo te elijo y tu postulas a quien me investiga.

La Corte Constitucional decide sobre las demandas de inconstitucionalidad contra los actos reformatorios de la Constitución “sólo por vicios de procedimiento en su formación”. (Art. 241 C. P.). Sin embargo, desde hace varios años se abrió camino la Jurisprudencia de los “vicios de competencia” y por esa tronera terminó la Corte examinando el fondo de las reformas constitucionales, violando la Constitución que lo prohíbe y menoscabando la función constituyente del Congreso. La Corte no sólo funge como tercera cámara, va más allá, y en más de un fallo, ha actuado como poder constituyente originario y derivado.

La Corte Constitucional, ejerce poderes en forma omnímoda sin ninguna clase de control. Es tribunal de instancia, y como tal revoca sentencias emanadas de distintas jurisdicciones. Ha relativizado los derechos adquiridos, haciendo desaparecer la seguridad jurídica. Ahora y paradójicamente por voluntad del Congreso, la paz quedará en manos de la Corte Constitucional. El Acto Legislativo para la Paz aprobado, le entrega el procedimiento legislativo especial. Ella revisará previamente el trámite de los proyectos de ley que serán de iniciativa exclusiva del gobierno nacional. Los decretos con fuerza de ley, tendrán control de constitucionalidad automático posterior a su entrada en vigencia y habrá control de constitucionalidad de los actos legislativos que apruebe el congreso.

El Congreso como institución vulnerada, en vez de mitigar la omnipotencia de la Corte, poniendo freno a sus reiteradas extralimitaciones, lo que acaba de hacer es fortalecerla, al condicionar  a su visto bueno la iniciativa legislativa y ampliar el control automático de constitucionalidad.  La suerte del posconflicto y de la consoidación de la paz, dependerá exclusivamente de la Corte Constitucional. Eso no puede ser posible en un Estado de Derecho Democrático

Definitivamente el mecanismo idóneo para reformar la Justicia, es la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.

*Ex Senador de la República