Colombia tiene un porcentaje de 54,2% de inseguridad alimentaria, esto quiere decir que cada uno de dos hogares tiene insuficiencias en relación con la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN). Por esta razón es fundamental que el país replantee lo hecho hasta hoy y avance en acoger conceptos como la soberanía alimentaria.

Constanza Bejarano Ramos*

A nivel internacional se ha reconocido, a través de la Declaración universal de derechos humanos de 1948, que «Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación […]», esto permite inferir que el derecho a la alimentación se encuentra reconocido como un derecho humano. Posteriormente, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1996 estableció de forma especifica  «el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre».

Con fundamento en el anterior reconocimiento cada uno de los países de las Naciones Unidas promovieron la adopción de políticas y normas que buscaran la concreción del citado derecho y contribuyan en la lucha contra el hambre. Por su parte, Colombia estableció en su artículo 44 de la Constitución Política que todos los niños tienen el derecho fundamental a una alimentación nutritiva y equilibrada, entre otros derechos, como estrategia para garantizar su desarrollo armónico e integral, asimismo, los artículos 64, 65 y 66 regulan la oferta y la producción agrícola, donde indudablemente se concreta la obligación del Estado en la materia para garantizar la alimentación de la población colombiana.

Ahora bien, para dar cumplimiento a sus obligaciones en relación con el derecho a la alimentación, se acogió el Conpes 113 de 2008, el cual adoptó la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN) y en ella se establece el concepto de seguridad alimentaria y nutricional (SAN), donde se debe dar cumplimiento, en la medida de lo posible, a cinco ejes o dimensiones que la componen, que son: (a) disponibilidad; (b) acceso; (c) consumo; (d) aprovechamiento y (e) calidad e inocuidad de los alimentos. Este concepto fue acogido por la comunidad internacional en la «Cumbre Mundial de la Alimentación» celebrada en Roma en 1996.

El acatamiento del citado concepto conllevó a que se diera paso al cumplimiento de políticas publicas que fomentaban la agroindustria y la actividad agrícola a gran escala. Además, la revolución verde, generada después de la segunda guerra mundial, se empoderó y con ella se promovió una economía agrícola de gran escala y de monocultivos. Esta tarea logró mitigar algunos problemas de inseguridad alimentaria pero, también es cierto que, deterioró o acabo con algunas practicas como el uso de semillas tradicionales, la producción a pequeña escala, los policultivos y las cadenas cortas de producción, y de esta forma el pequeño productor quedó dependiente de las grandes empresas agrícolas, sin olvidar que esta labor, también, generó daños ambientales, por el uso de químicos que afectan recursos como el agua y el suelo; y la expansión del territorio para esta actividad, generando cambios de uso del suelo en detrimento de la biodiversidad (Lamprea, 2017).

Ante los efectos negativos que ha traído el cumplimiento del concepto de seguridad alimentaria y nutricional, así como su incapacidad para garantizar el derecho a la alimentación; luego de 10 años de haberlo acogido, en el año 2007, otros actores como el movimiento Vía Campesina[1] desarrollaron y acogieron el concepto de soberanía alimentaria, el cual se debe entender como una superación de la SAN teniendo en cuenta los derechos de las comunidades de mantener y desarrollar su propia capacidad para producir alimentos básicos, respetando la diversidad cultural y productiva así como el medio ambiente. Este concepto abarca temas como: el agua potable, el medio ambiente sano, las relaciones entre campesinos, comunidades indígenas, entre otros, el cuidado de las zonas de protección y el cuidado agrícola.

Además, el concepto de soberanía alimentaria contiene los siguientes pilares: se prioriza a los alimentos como una necesidad y un derecho; enfatiza en valorar los proveedores de los alimentos y sus medios de vida; también se remarca la importancia de que estos sean de origen regional, promoviendo sistemas alimentarios locales y acortando distancias entre productor y consumidor; se reconocen los conocimientos y la preparación de alimentos tradicionales, se rechaza el ‘dumping’ y la ayuda alimentaria inapropiada; y finalmente, se busca la protección del medio ambiente, priorizando tecnologías conservadoras de los recursos y reduciendo el uso intensivo de insumos para la producción (Vía Campesina, 2003).

En Colombia no se ha acuñado el concepto de soberanía alimentaria y se ha enfocado a darle cumplimiento a la SAN, para ello, en el marco de la Política citada anteriormente, en el año 2012 se acogió el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional con un panorama de cumplimiento de 7 años, es decir, para el año 2019 el gobierno debía evaluar la eficacia del plan y con fundamento en ello plantear la necesidad de acoger una nueva política o un nuevo plan o por el contrario tomar otras medidas que permitan superar los niveles de hambre del país, es así como este es el espacio propició para se avance en esta temática y se acuñe el concepto de soberanía alimentaria.  Lo anterior, reforzado en el hecho de que el país presenta altos niveles de inseguridad alimentaria, a pesar de sus labores enmarcadas en la SAN. Este es el panorama actual en relación con la seguridad alimentaria:

Gráfica núm. 1. Índice de Seguridad Alimentaria del país.

Fuente: (ENSIN 2015, 2019)

De la lectura de la citada gráfica se tiene que en el país el  54,2% de los hogares tiene problemas de seguridad alimentaria, esto quiere decir que uno de cada dos hogares tienen algún grado de inseguridad alimentaria, demostrando la ineficacia de las medidas o políticas que hasta hoy se han acogido en el país, si bien este porcentaje se redujo del 2010 a 2015, esta reducción solo fue de 3,2%. Esto reafirma la urgencia de que el gobierno nacional replantee lo hecho hasta hoy.

El anterior escenario, resalta la necesidad de que se acojan conceptos como el de soberanía alimentaria que abarca cuestiones que no se tuvieron en cuenta en el concepto de la SAN, pero que son fundamentales para la garantía del derecho a la alimentación y otros derechos conexos para la subsistencia del ser humano. Esta cuestión permite destacar que este concepto podría conjurar y armonizar la protección ambiental y la producción de alimentos, tarea fundamental que el Estado colombiano ha dejado de lado por hacerle frente al problema del hambre que se presenta en el país. La cuestión no es proveer alimentos y adquirirlos a cualquier precio (con detrimento del medio ambiente) sea de productores locales o importados, la tarea es que se reduzca el hambre y esto se logra atacando cuestiones fundamentales como: la propiedad de la tierra, el apoyo a los productores locales para la producción de alimentos en su región, la promoción de la agricultura familiar, la agricultura urbana, entre otros instrumentos que permitan superar la inseguridad alimentaria que se presenta en el país.


*Miembro del Grupo de investigación en Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia

[1] Es un movimiento social internacional, conformada por campesinos, actualmente esta conformada por 182 organizaciones campesinas de  81 países. De Colombia hay 8 organizaciones. En su presentación destacan que son: «[…] un movimiento internacional que reúne a millones de campesinos, agricultores pequeños y medianos, sin tierra, jóvenes y mujeres rurales, indígenas, migrantes y trabajadores agrícolas de todo el mundo. Construido sobre un fuerte sentido de unidad, la solidaridad entre estos grupos, que defiende la agricultura campesina por la soberanía alimentaria como una forma de promover la justicia social y dignidad y se opone fuertemente a los agronegocios que destruyen las relaciones sociales y la naturaleza.» (Vía Campesina, 2017)