Como un hecho lamentable que entorpece la cruzada para atacar el contrabando y el comercio ilícito, calificó la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Cecilia Álvarez-Correa, la decisión del Grupo Especial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de hallar incompatible el arancel mixto a las importaciones de calzado y textiles, con las obligaciones del país en el Acuerdo General de Aranceles Aduanero y Comercio (GATT).

Esto porque excedía los niveles máximos que Colombia se había comprometido a imponer ante la OMC.

La Ministra, al tiempo que recordó que el arancel mixto se estableció para combatir el contrabando, el lavado de activos a través de operaciones de comercio sub-facturadas y el comercio ilícito, explicó que el Gobierno colombiano apelará el informe ante el Órgano de Apelaciones de la OMC, porque considera que hay inconsistencias jurídicas y lógicas en el razonamiento del Grupo Especial.

Hay que recordar que, ante la adopción por parte de Colombia de ese arancel mixto, Panamá presentó un reclamo ante la OMC argumentando que era incompatible con las obligaciones del país relativas a los topes arancelarios consolidados bajo el Acuerdo GATT.

Colombia justificó la medida en que el comercio ilícito no estaba cubierto por las obligaciones del GATT y que las importaciones a precios por fuera del mercado debían ser consideradas, justamente, comercio ilícito.

Además, señaló que la medida era necesaria para proteger la moral pública y un mecanismo de lucha contra el lavado de activos, aspecto de la más alta relevancia en el marco de su política de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. El arancel mixto permite desincentivar operaciones de comercio ilícito, sin afectar el comercio legal.

Si bien el Grupo Especial de la OMC que estudió el caso reconoce que los países miembros de la Organización pueden adoptar medidas en su esfuerzo para luchar contra el lavado de activos, encontró deficiencias en la medida adoptada por Colombia.