Comité advierte que la deuda alcanzaría niveles históricos sin medidas fiscales concretas.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) emitió un concepto previo desfavorable frente a la propuesta del Ministerio de Hacienda de activar la cláusula de escape para las vigencias fiscales 2025 a 2027, señalando que el plan fiscal del Gobierno no es suficiente para estabilizar la deuda ni para recuperar la confianza en el manejo económico.
En un documento enviado el pasado 8 de junio de 2025, el CARF evaluó la solicitud del Ministerio, que argumentó una alta inflexibilidad del gasto y una limitada capacidad de generación de ingresos como razones para aplicar la cláusula de escape, prevista en la Ley 2155 de 2021. La medida permitiría desviar el cumplimiento de la regla fiscal por tres años, con déficits fiscales proyectados de 7,1% del PIB en 2025, 6,2% en 2026 y 4,9% en 2027.
Sin embargo, para el CARF, la cláusula de escape no aplica en este caso, pues está destinada a eventos extraordinarios o macroeconómicos graves, y la actual situación es resultado de desequilibrios fiscales estructurales. El comité advierte que los altos déficits, la sobrestimación de ingresos y la falta de reformas concretas han deteriorado la sostenibilidad fiscal.
A juicio del CARF, la estrategia aprobada por el CONFIS no garantiza una reducción suficiente del déficit ni una estabilización de la deuda en el nivel prudente del 55% del PIB. Por el contrario, se prevé que esta se eleve a 63,8% del PIB en 2027, con una senda de ajuste lenta que solo retornaría a niveles similares en 2036.
El comité enfatiza que la activación de la cláusula de escape no puede ser una excusa para aplazar los ajustes. Por ello, insta al Gobierno a iniciar el esfuerzo fiscal desde 2025, sincerar las cifras y presentar al Congreso medidas legislativas concretas que permitan reducir gastos inflexibles, eliminar subsidios ineficientes e incrementar ingresos estructurales.
En conclusión, el CARF considera que la activación de la cláusula de escape, sin un plan robusto de ajuste, no aporta a la sostenibilidad fiscal y advierte que la deuda pública alcanzará niveles históricos sin reformas urgentes.
Además, señala que es necesario un acuerdo nacional entre Gobierno, Congreso, sociedad civil y sector empresarial para adoptar medidas responsables que estabilicen las finanzas públicas en el mediano plazo.
