Un nuevo episodio se abrió alrededor de las irregularidades en la campaña Petro Presidente en 2022. La Fiscalía imputará a Ricardo Roa por supuestamente haber violado los topes electorales permitidos. Al menos 2.024 millones de pesos no cuadran en las cuentas del ente acusador, cifras que también enredan a otro alfil importante de Gustavo Petro.
Como gerente de la campaña del Pacto Histórico al Senado, el hoy ministro Guillermo Alfonso Jaramillo también está bajo la lupa de la Fiscalía. Fuentes de la entidad le indicaron a este diario que en la unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema las indagaciones en su contra están avanzando.
La tesis de las autoridades es que en 2022 se habrían amañado cuentas para pasar gastos del equipo del entonces candidato Petro como si fueran de la campaña al Senado que manejaba Jaramillo. Desde la Fiscalía fuentes explicaron a El Tiempo que se trataría de una ‘triangulación de recursos’ que desde hace meses tienen bajo el radar.
Primero, el ente acusador decidió ir por Ricardo Roa, exgerente de la campaña de Gustavo Petro. Su llamado, así como la indagación que corre contra Jaramillo, se suma a las acciones que ya han tomado tanto el Consejo Nacional Electoral (CNE) como la Corte Suprema. La primera entidad sancionó a la campaña Petro por superar con 5.300 millones de pesos los topes de financiación en primera y segunda vuelta, mientras que el alto tribunal compulsó copias para que la Comisión de Acusación investigue al primer mandatario por un supuesto desfase de 1.215 millones durante la consulta interpartidista del Pacto Histórico en la cual participó.
Cifras bajo la lupa
Los 2.024 millones de pesos que no cuadran en las cuentas de campaña se dividen en dos: 451 millones serían de aportes injustificados de la Unión Sindical Obrera (USO) y otros sectores, mientras que 1.573 millones serían de facturas de tiquetes, hoteles y publicidad que sobrepasan los límites que permite la ley.
La revisión a cada una de las empresas sigue abierta. De hecho, a mediados de la semana pasada finalizó una inspección a Ingenial Media, otra de las empresas que habrían financiado la campaña Petro Presidente de manera prohibida.
Como se siguen examinando informes y órdenes de prestación de servicios, desde el ente acusador explicaron que la cifra que se muestre el 12 de marzo puede ser incluso mayor. Ese día, ante un juez, el fiscal Elkin Ardila destapará las cartas que tiene para haber llamado a imputación a Roa, hoy presidente de Ecopetrol.
Pagos a Sadi
Guillermo Alfonso Jaramillo podría ver complicada su situación penal con un capítulo en especial: el de la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi SAS). El asunto parte de que ante el CNE, la campaña Petro a la consulta interna reportó 8.717 millones de pesos, incluyendo solo 1.109 millones de pesos que se le dieron a Sadi por los servicios aéreos prestados.
La ‘jugada’ está en que, para no sobrepasar los topes electorales (fijados en $8.758 millones), se habría dividido en dos la factura de $ 2.324 millones que en realidad costaba el transporte aéreo. De esa forma redujeron montos y, por una parte, respondió Ricardo Roa (los $ 1.109 millones) y la otra se le cargó a la campaña al Senado, que dirigía Jaramillo.
Una fuente de la Fiscalía resaltó que estas irregularidades ligadas a Sadi están en el expediente, pero que es tan grande la documentación que no han terminado de revisar todo. “Lo que sé es que la investigación contra Jaramillo va bien”, anotó otra persona enterada del caso.
Además de Jaramillo, otro paso que darían las autoridades sería en contra de los auditores, quienes también pueden ser llamados a responder. Por ahora, ni el ministro ni otros miembros de la campaña han sido llamados a interrogatorio, un llamado que le hizo la Fiscalía previamente a Roa antes de citarlo a imputación.
La audiencia contra el jefe de Ecopetrol la sustentará el 12 de marzo el fiscal Elkin Ardila, quien luego de analizar todo el expediente y escuchar a diversos testigos le leerá el delito de violación de topes electorales. Su despacho aún no tiene previsto pedir alguna medida de aseguramiento en contra. Un día antes, la fiscal Claudia Garrido imputará a Roa por las supuestas irregularidades cometidas en la compra de un lujoso apartamento ubicado en el barrio Chicó, en Bogotá.
Por su lado, Juan David León, apoderado de Ricardo Roa, dijo en diálogo con este diario que tiene preparada una defensa que consistirá en desvirtuar los argumentos de la Fiscalía en ambos procesos.
