El expresidente rechazó beneficiarse de la caducidad de la acción penal y pidió al Tribunal Superior de Bogotá que avance en la apelación de su condena a 12 años de prisión.

En una decisión inesperada, el expresidente Álvaro Uribe Vélez anunció que renuncia a acogerse a la prescripción de la acción penal en el proceso que enfrenta, pese a que este beneficio jurídico se haría efectivo el próximo 16 de octubre de 2025. El exmandatario fue condenado el pasado 1 de agosto por la Juez 44 Penal del Circuito de Bogotá a 12 años de prisión y otras sanciones.

“A pesar de que la ley me otorga un camino corto y sencillo para salir de este tortuoso proceso, no puedo aceptarlo, pues, aún con el peso de la injusta condena y estando mi libertad en juego, no puedo declinar el camino de la verdad”, manifestó Uribe en una carta enviada al Tribunal Superior de Bogotá.

El exjefe de Estado insistió en que la sentencia de primera instancia es “equivocada e injusta” y recordó que tanto su defensa como el Ministerio Público han pedido en apelación que se revoque el fallo. “He solicitado que se reconozca mi inocencia, probada en juicio”, subrayó.

Uribe señaló que su decisión responde a un principio ético: “Servir a Colombia ha sido el máximo honor que he recibido en mi vida. La confianza depositada en mí, por la patria y mis compatriotas, me impone dar ejemplo y optar por el camino que, por más difícil o riesgoso, es correcto y coherente con lo que he defendido a lo largo de mi vida: la verdad”.

También cuestionó la valoración de pruebas realizada por la primera instancia, al afirmar que “ese derecho a ser oído no fue respetado materialmente”. En ese sentido, solicitó a los magistrados del Tribunal Superior que fallen la apelación con base en los elementos probatorios y no en tecnicismos.

“La prescripción de la acción penal, que nunca he buscado y de la que no quiero beneficiarme, no puede privarle a la Sala la oportunidad de un análisis sereno, ponderado e integral de la prueba”, concluyó.

Con esta decisión, la defensa del expresidente busca que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá se pronuncie de fondo, incluso si ello implica mantener la condena, antes de que la acción penal quede extinguida por el paso del tiempo.