Ayer sábado, las autoridades de Boyacá enfrentaron una situación crítica tras el hallazgo de una volqueta cargada con explosivos en el barrio Prados de Alcalá, en cercanías del Batallón Simón Bolívar, en Tunja.
El vehículo, que transportaba 24 artefactos explosivos, fue abandonado en el sector y detectado gracias a una alerta ciudadana reportada a través del Plan Buen Vecino.
La intervención inmediata de unidades del Ejército Nacional y de la Policía permitió el aseguramiento del lugar y la activación de los protocolos de manejo de explosivos.
Aunque inicialmente se intentó realizar una detonación controlada hacia las 8:10 a. m., el proceso fue postergado debido a que los dispositivos contaban con sistemas de temporización, lo que incrementó el nivel de riesgo.
Como medida preventiva, se evacuó la zona y se implementó un cerco de seguridad durante las labores de inspección.
Dos de los artefactos, que habrían sido expulsados del vehículo sin llegar a detonar, fueron posteriormente neutralizados por equipos antiexplosivos de las Fuerzas Militares.
Según los primeros resultados de la investigación, la acción fue atribuida al frente José Adonay Ardila Pinilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), estructura ilegal con presencia en los departamentos de Arauca, Casanare y, recientemente, en Boyacá.
Las autoridades señalaron como principal responsable a alias ‘Poeta’, cabecilla de esa organización, y anunciaron una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que conduzca a su captura.
La Gobernación de Boyacá ofreció, además, una suma adicional de 200 millones de pesos por datos sobre otros presuntos miembros de esta estructura armada, identificados como alias Eliecer, La Gata, Jesús Suárez, El Zorro y El Percy. A ello se suman 100 millones por información específica sobre el intento de atentado.
El comandante del Ejército Nacional, mayor general Luis Emilio Cardozo Santamaría, encabezó un Consejo de Seguridad extraordinario y anunció medidas de reforzamiento militar.
Entre estas se encuentra el despliegue de unidades de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 5, el incremento de operaciones contra economías ilícitas que financiarían a ese grupo armado y el fortalecimiento de la articulación interinstitucional con la Policía Nacional y autoridades regionales.
También se dispuso la implementación de un sistema de videovigilancia con 121 cámaras de seguridad distribuidas en los municipios de Tunja, Duitama, Paipa y Sogamoso.
La volqueta utilizada para transportar los explosivos habría sido movilizada desde Sogamoso hasta la capital boyacense, según establecieron las primeras pesquisas.
Las autoridades continúan con las labores de inspección en el área, que permanecerá acordonada hasta finalizar las tareas de limpieza y verificación.
Mientras tanto, se mantiene una presencia sostenida de efectivos militares y policiales en la zona.
Los organismos de seguridad reiteraron el llamado a la ciudadanía para que suministre información que permita avanzar en las investigaciones y desarticulación de estructuras ilegales. Las líneas habilitadas para este propósito son la 147 del Gaula Militar y la 107 de atención nacional.
Autoridades le siguen la pista al ilegal que llegó a Boyacá a realizar acciones terroristas.
Ayer sábado, las autoridades de Boyacá enfrentaron una situación crítica tras el hallazgo de una volqueta cargada con explosivos en el barrio Prados de Alcalá, en cercanías del Batallón Simón Bolívar, en Tunja.
El vehículo, que transportaba 24 artefactos explosivos, fue abandonado en el sector y detectado gracias a una alerta ciudadana reportada a través del Plan Buen Vecino.
La intervención inmediata de unidades del Ejército Nacional y de la Policía permitió el aseguramiento del lugar y la activación de los protocolos de manejo de explosivos.
Aunque inicialmente se intentó realizar una detonación controlada hacia las 8:10 a. m., el proceso fue postergado debido a que los dispositivos contaban con sistemas de temporización, lo que incrementó el nivel de riesgo.
Como medida preventiva, se evacuó la zona y se implementó un cerco de seguridad durante las labores de inspección.
Dos de los artefactos, que habrían sido expulsados del vehículo sin llegar a detonar, fueron posteriormente neutralizados por equipos antiexplosivos de las Fuerzas Militares.
Según los primeros resultados de la investigación, la acción fue atribuida al frente José Adonay Ardila Pinilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), estructura ilegal con presencia en los departamentos de Arauca, Casanare y, recientemente, en Boyacá.
Las autoridades señalaron como principal responsable a alias ‘Poeta’, cabecilla de esa organización, y anunciaron una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que conduzca a su captura.
La Gobernación de Boyacá ofreció, además, una suma adicional de 200 millones de pesos por datos sobre otros presuntos miembros de esta estructura armada, identificados como alias Eliecer, La Gata, Jesús Suárez, El Zorro y El Percy. A ello se suman 100 millones por información específica sobre el intento de atentado.
El comandante del Ejército Nacional, mayor general Luis Emilio Cardozo Santamaría, encabezó un Consejo de Seguridad extraordinario y anunció medidas de reforzamiento militar.
Entre estas se encuentra el despliegue de unidades de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 5, el incremento de operaciones contra economías ilícitas que financiarían a ese grupo armado y el fortalecimiento de la articulación interinstitucional con la Policía Nacional y autoridades regionales.
También se dispuso la implementación de un sistema de videovigilancia con 121 cámaras de seguridad distribuidas en los municipios de Tunja, Duitama, Paipa y Sogamoso.
La volqueta utilizada para transportar los explosivos habría sido movilizada desde Sogamoso hasta la capital boyacense, según establecieron las primeras pesquisas.
Las autoridades continúan con las labores de inspección en el área, que permanecerá acordonada hasta finalizar las tareas de limpieza y verificación.
Mientras tanto, se mantiene una presencia sostenida de efectivos militares y policiales en la zona.
Los organismos de seguridad reiteraron el llamado a la ciudadanía para que suministre información que permita avanzar en las investigaciones y desarticulación de estructuras ilegales. Las líneas habilitadas para este propósito son la 147 del Gaula Militar y la 107 de atención nacional.
