Uno de los más sensibles pilares de nuestra democracia es el Principio de Reserva de Ley, que viene siendo flagrantemente violentado con la expedición de decretos legislativos y algunos otros decretos de naturaleza ordinaria, que vienen excediendo las facultades del estado de emergencia económica; y que han servido para llevar a cabo improvisadas, segmentadas y fragmentadas reformas pensionales, laborales y tributarias.

De la misma manera, la reciente expedición de un decreto legislativo que permite la enajenación de activos, sin el respectivo trámite legislativo, deja en peligro inminente de deterioro al patrimonio nacional, por la venta de activos en tiempos de desvalorización de propiedades, como es el actual momento de aproximación a la recesión que vive la economía por cuenta del autodecretado paro parcial en materia económica del ejecutivo para enfrentar la propagación del Virus de tipo respiratorio denominado Covid 19.

Igualmente, si a lo anterior le adicionamos la inoportunidad originada por los extendidos términos de hasta 90 días hábiles, con los que se vienen dando resultados en la revisión de constitucionalidad de los decretos de emergencia económica, por parte de la corporación judicial competente; entonces tenemos en la práctica, un escenario que en términos de efectividad, ocasióna de manera formal un escape al control de constitucionalidad de la honorable Corporación judicial.

Finalmente advertimos que, desde una perspectiva de sanidad y de fortaleza de una democracia como la Colombiana, no debemos seguir bajo el imperio de la expedición inflaciónaria de Decretos(170 en 100 días). Pues, se requiere de la colaboración armónica y separación de poderes y de un verdadero control político y Macro Fiscal; para que temas como el riesgo que se corre de un inimaginable deterioro del Erario, con la posible venta de Ecopetrol e ISA ordenada globalmente con el Decreto 811 de 2020.

El hundimiento de la economía campesina, que se viene coadyuvando con la expedición del Decreto 523/20; Y la falta de claridad en las cuentas de lo invertido realmente en la Pandemia; sean adecuadamente abordados por el Estado social de Derecho como un todo y no tengamos otra pandemia de graves dimensiones Hacendísticas, por no contar oportuna y efectivamente con en el pleno cumplimiento de las garantías constitucionales propias de la organización democrática de nuestra institucionalidad.

Henry Amorocho Moreno; Junio 29 de 2020.