Por Héctor Vásquez Fernández. Analista ENS.
Nuevamente se ha puesto en discusión la necesidad de hacer una reforma pensional, aunque con perspectivas y motivaciones distintas, según los intereses que promueven a quienes más interesados están en la reforma.
Para el gobierno la principal preocupación es su sostenibilidad fiscal. En su presentación del proyecto de presupuesto para 2017, dice el Gobierno: “El tema pensional es de suma importancia por el efecto que el pasivo pensional tiene sobre las finanzas públicas. Para 2017, el presupuesto general de la Nación destinará $38,2 billones para financiar gastos en materia pensional, (…) lo que significa un aumento de 15,1% frente al año 2016”[1].
La preocupación del gobierno surge principalmente porque hoy estas pensiones hay que financiarlas principalmente con impuestos, pues la reforma pensional de 1993 (Ley 100) desfinanció completamente el sistema público de pensiones (el famoso “hueco pensional”). Creó un sistema paralelo manejado por el sector financiero que hoy tiene la mayoría de afiliados: 14 millones, y disponen de cotizaciones que ascienden a $199 billones, las que equivalen al 88.8% del presupuesto de la nación para este año.
Para el sector privado, que básicamente son los dueños del sector financiero (Grupo Empresarial Antioqueño, con Protección; y Sarmiento Angulo, con el Grupo Aval y Porvenir) la preocupación es fortalecer su negocio y ampliar su influencia. Así lo reconocen explícitamente funcionarios que promueven los intereses de este sector: “la dualidad de regímenes de pensiones contributivas (…) es algo inconveniente para el buen funcionamiento del sistema de pensiones y peor aún para los afiliados”, decía en 2015 el presidente de Protección en un foro en Cartagena entre la FIAP[2] y ASOFONDOS.[3]
Por su parte, el presidente de la ANIF, Sergio Clavijo, propuso “la eliminación total de la entidad (Colpensiones), en la que más de dos millones de colombianos realizan el aporte para su pensión”.[4]
Y no les falta razón en su cálculo. Las 4 empresas que controlan el negocio de los fondos de pensiones y cesantías obtuvieron utilidades netas en 2016 por un valor de ¡712.560 millones!, el 85.7% en poder de Porvenir y Protección, una utilidad que sería aún mayor si no existieran Colpensiones ni el Fondo Nacional del Ahorro.
Un sistema pensional excluyente
El principal problema del sistema pensional en Colombia es que excluye a la mayor parte de la población adulta mayor de la posibilidad de acceder a una pensión. De cada 100 personas con 60/64 o más años, hoy apenas 30 están pensionadas,[5] lo que quiere decir que el resto, sino cuenta con una renta para vivir, tiene que sobrevivir de la solidaridad de la familia, lo que menoscaba su dignidad, o están en la completa indigencia.
Esta situación es consecuencia del modelo pensional que tenemos, que está diseñado únicamente para que se pensionen personas que trabajen en el sector formal de la economía, que además tengan una alta estabilidad laboral, que posean altos niveles educativos y que trabajen preferiblemente en las zonas urbanas. Hoy los afiliados cotizantes al sistema pensional representan apenas el 35% de la población ocupada, sin embargo, menos del 10% se va a pensionar efectivamente, pues por las características del mercado laboral, cuando lleguen a viejos, la mayoría no va a contar ni con las semanas mínimas de cotización, ni con el capital necesarios para acceder a una pensión. [6]
El modelo pensional no puede entonces depender únicamente de las características del mercado laboral, menos en un país que presenta un alto nivel de informalidad: alrededor del 60% de la población ocupada, con graves problemas de cobertura y calidad de la educación, con altos niveles de desempleo, principalmente entre la población joven y entre las mujeres, y con una manifiesta debilidad del Estado en materia de inspección del trabajo, lo que facilita que una alta proporción de empleadores, pudiendo cumplir con la ley laboral, no lo hagan, pues están seguros que nada les va a pasar.
Las propuestas de los sindicatos
Aunque hasta ahora no se conoce propuesta oficial por parte de los sindicatos en relación con los objetivos y el contenido esencial que debería tener una reforma, de todas maneras hay consenso en relación con la defensa del sistema de prima media, o de reparto, que administra Colpensiones, en oposición al sistema de ahorro individual. Pues cualquier reforma tiene que tener como objetivo la protección de los derechos humanos fundamentales de la población adulta mayor, no la de promover los negocios del sector financiero, como ocurre hoy con el sistema de ahorro individual.
También hay consenso en que el foco de la reforma pensional debe ser asegurar ingresos antipobreza a toda la población adulta mayor, para lo cual la reforma debe partir de las reflexiones que desde organismos internacionales como Naciones Unidas y OIT se han estado haciendo en relación con el concepto de protección social. Naciones Unidas aprobó una resolución que reconoce la inmediata necesidad de lograr que los países tengan un sistema de protección social básica, que incluya un piso de protección social adaptado a las necesidades y contextos locales y que pueda implementarse de forma progresiva. [7]
En este sentido, la OIT en el Pacto Mundial para el Empleo indica cuáles deberían ser los componentes esenciales del piso social, entre los que incluye la seguridad del ingreso para los ancianos y las personas con discapacidad[8]. La viabilidad de esta propuesta la sustenta la OIT mediante varias investigaciones que muestran cómo los países, incluso los de bajos ingresos, están en capacidad de adoptar una política de pisos de protección social, aclarando que si no se puede implementar de una sola vez, se haga de manera escalonada.
Teniendo como base estas reflexiones, los sindicatos han construido propuestas para promover el derecho a la protección de los ingresos para toda la población adulta mayor, propuestas que hagan realidad la noción de dignidad en la que supuestamente descansa nuestro Estado. Entre las propuestas elaboradas desde el movimiento sindical figuran las siguientes:[9]
Sistema pensional como un sistema público de protección social, cuyo objetivo fundamental sea la garantía de derechos humanos fundamentales.
Sistema pensional de pilares, con un primer pilar solidario financiado con impuestos recursos públicos y cotizaciones, que asegure a toda persona adulta mayor un ingreso mínimo equivalente a medio salario mínimo legal, independiente de su condición socioeconómica, o de si ha cotizado o no al sistema, inicialmente focalizado en la población adulta mayor más vulnerable (piso de protección social). Este ingreso se podría incrementar mediante cotizaciones y/o un sistema de ahorros individuales como los que propone el sistema BEPS. Esta propuesta surge de la OIT y del Pacto Mundial para el Empleo. En Colombia se ha estado aplicando parcialmente a través programas asistenciales, como el programa Familias en Acción y la política pública para el adulto mayor.
Un segundo pilar, que hace parte del régimen de prima media, con cotizaciones obligatorias hasta 4 salarios mínimos legales, asegurando una pensión en las condiciones que están establecidas para el régimen de prima media.
Un tercer pilar, para trabajadores que puedan y quieran cotizar por encima de 4 salarios mínimos, a través de la apertura de cuentas de ahorro individual (en Colpensiones o en los fondos privados), que permitan un ingreso adicional a la pensión que asegura el segundo pilar.
La garantía de pensión mínima para todos aquellos trabajadores que cumplieron la edad, y cuentan hasta con el 70% de las semanas cotizadas, para lo cual se les seguirá descontando la respectiva cotización.
Restablecer el derecho a la negociación colectiva en materia pensional, acatando plenamente las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT.
La reducción de las semanas de cotización de las mujeres de 1.300 a 1.150 semanas, y el aumento de la licencia de maternidad a 6 meses remunerados. Esta propuesta se puede hacer como alternativa a la igualación de la edad de pensión entre hombres y mujeres.
