“¿Alguien puede parar esto por favor? Van 3 muertos con Cianuro y todos tenían alguna relación con escándalo de Odebrecht: Jorge Pizano era testigo clave, Alejandro era su hijo, Rafael Merchán, también declararía. Esto no puede ser coincidencia, esto es un poder macabro.” Así de claro fue el trino de la periodista Vicky Dávila ante la alarmante coincidencia en las muertes de personas vinculadas al caso de Odebrecht. “¿Dos “suicidados” con cianuro? ¿Cómo creer estas versiones cuando la cabeza de la Fiscalía no ofrece garantías de transparencia y fue abogado de uno de los grupos económicos socios de Odebrecht? Fue la pregunta que se hizo con sorpresa el periodista y humorista Daniel Samper Ospina.

Y es que el caso Odebrecht, ya no es simplemente el fenómeno de corrupción que ha generado los más grandes escándalos en Latinoamérica. No es solamente el soborno multinacional que recorrió y se ha convertido en el símbolo del lavado de dinero más grande de la historia del continente. Ahora es también la preocupación y la sospecha macabra en relación con la desaparición de testigos claves, que de una u otra manera han intentado contribuir a esclarecer el modus operandi de esta cadena criminal, que a pesar de lo tenebroso de los hechos en otros países ha permitido enjuiciar a quienes se han lucrado con grandes sumas de dinero producto de la corrupción, que involucra todas las esferas del poder en casi todos los países del área.

El caso más espeluznante fue el del ingeniero Jorge Enrique Pizano, quien pese a que se conocía que padecía de un cáncer linfático desde 2015, murió en condiciones muy extrañas, aparentemente  suicidas. El ex Controller de Corficolombiana, entidad que manejaba contratos con Odebrecht, no muy ajustados a la ley y destinados a contratistas fantasmas, que finalmente iban a financiar la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos. Irregularidades, expuestas en junio de 2015 por Pizano al ahora Fiscal de la nación, Néstor Humberto Martínez, registradas en una grabación que dejaba en evidencia que el Fiscal tenía pleno y absoluto conocimientos de los actos ilícitos que allí se producían.

Y si algo estaba oscuro en su muerte surgió algo aún más extraño en este caso. Alejandro Pizano, hijo del testigo clave en el caso Odebrecht en Colombia, murió por intoxicación con cianuro, al parecer por beber cianuro de una botella de la oficina de su padre, de acuerdo con el informe forense. El químico que consumió Pizano hijo le “destrozo el estómago”, aunque su hermana Juanita Pizano, descartó que se tratara de un suicidio. Otra curiosa coincidencia en el caso Odebrecht fue el fallecimiento de un infarto hace 4 meses de Jorge Arango, uno de los árbitros del tribunal de arbitramento, encargado de resolver las diferencias entre Odebrecht y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), por el mismo caso que Pizano asociaba con La Ruta del Sol II.

Y para complicar aún más el escenario mortal de esta multinacional que linda con el crimen el exsecretario de Transparencia de la Presidencia y excónsul en Londres Rafael Merchán, quien sería testigo clave en la defensa del expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura Luis Fernando Andrade, fue encontrado sin vida el 27 de diciembre pasado en circunstancias que aún son materia de investigación. Y aunque también apareció como protagonista el cianuro hasta se ha manejado la hipótesis de un suicidio. Hacía unas semanas, Merchán había sido aceptado por un juez como testigo en la defensa del expresidente de la ANI, quien es investigado por el escándalo de la firma brasileña Odebrecht en Colombia.

La defensa de Andrade sostiene que Merchán había sido alertado de las malas prácticas de Odebrecht para quedarse con proyectos de infraestructura, donde se detallaban los casos de cartelización para las vías 4G. Aunque ha pasado desapercibido el caso del informante de la fiscalía Camilo Pérez, este apareció muerto en un aparente atraco en el barrio Belen de Bogotá. Pérez había buscado la forma de irse del país porque conocía actuaciones irregulares en el proceso que adelantaba el ente acusador y la cómo se pretendía reducir la pena de Orlando Fajardo sí lograba inculpar a a Paola Solarte. El agente de la Fiscalía había hablado con periodistas sobre declaraciones de Jaime Buenaventura en las que afirmaba categóricamente que Carlos Solarte nunca se enteró de las coimas que se distribuían.

En Chile se había presentado un confuso episodio que finalmente no resultó tan trágico. La fiscal encargada del caso Odebecht, Amparo Cerón, sufrió un accidente automovilístico del que se salvó milagrosamente a mediados del mes de octubre de 2018 y tras 15 días inconsciente se recuperaba favorablemente. A pesar de que Cerón contaba con varios fiscales de apoyo para que hubieran seguido la dinámica del proceso, su ausencia ha sido un obstáculo importante para el desarrollo del caso. Las autoridades norteamericanas le siguen la pista a las ramificaciones de la cadena de sobornos de Odebrecht pero han encontrado dificultades porque los propios gobiernos como el de Ecuador y el de Colombia han obstaculizado las averiguaciones de los agentes de la DEA y el FBI para develar este entramado corrupto.

Aunque en Ecuador a pesar del comportamiento ambivalente de los organismos de investigación se ha logrado poner tras las rejas a funcionarios medios pero no se ha avanzado hacia identificar los verdaderos responsables que existen en estas operaciones ilegales. El año pasado la Policía y la Fiscalía allanaron las oficinas de Juan Pablo Eljuri Vintimilla en Cuenca, en desarrollo de las investigaciones por captación ilegal de dinero, en que ha estado involucrada la empresa Sai Bank, que al parecer operaba en Ecuador sin autorización, entidad que las autoridades vinculan al proceso que indagador  los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Allí tambien existió un muerto por el que estuvo preso el hijo de Eljuri pero extrañamente salió libre y el caso se ha mimetizado.

En Perú esta lucha ha obtenido algunos avances importantes. La ciudadanía ha estado activa en el proceso y ha logrado ejercer la suficiente presión que ha forzado recientemente la renuncia del fiscal general de ese país, Pedro Chavarry, en medio de fuertes denuncias de vínculos con Odebrecht. Y se había producido el encarcelamiento del expresidente Ollanta Humala y de la excandidata presidencial Keiko Fujimori, y se había emitido la orden de captura internacional contra el expresidente y prófugo Alejandro Toledo,. También se abrió la investigación contra el exmandatario Alan García y se había producido la renuncia del presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski y su consecuente procesamiento.

En Colombia sólo hasta la semana pasada se conoció que un juez avalaba el principio de acuerdo entre los funcionarios corruptos de la firma Odebrecht y la Fiscalía. Aunque los brasileros Luis Antonio Bueno Junior, Luiz Antonio Mameri y Luis Eduardo Da Rocha Soares, señalados como los ejes fundamentales de la corrupción en el país, han pedido perdón y se comprometieron a colaborar, la luz al final del túnel aún no se ve porque la conducta de Nestor Humberto Martínez parece estar más dirigida a oscurecer que aclarar y el Fiscal Ad Hoc no parece estar muy distante de Martínez. Para muchos el Fiscal debería renunciar no sólo por el tema de Odebrecht sino porque en casi todos los casos importantes que lleva el ente acusador podría estar inhabilitado.