Lamentable, por decir lo menos, la situación que hoy enfrenta el hospital universitario ESE Cari de Barranquilla; estigmatizado, abandonado, apabullado, sin dolientes, y con muchos enemigos.

Lo primero que hay que decir es que el Cari está llamado a ser la cabeza de referencia de la red pública de atención en salud del Departamento del Atlántico, pues ningún otro hospital cuenta ni con la capacidad ni con servicios de alta complejidad habilitados.

Por eso no se entiende cómo personas, algunas al interior y otras ajenas al hospital, que nada tienen que ver con el sector público, pero sí se lucran de él, estén tan interesadas en dejar al departamento más importante de la Costa Caribe sin un centro asistencial público de alta complejidad.

Además de la tristeza que genera la sola insinuación de liquidar al Cari, vergüenza es lo que esperaría uno que provocara a quienes impulsan y promueven de manera soterrada esta idea.

Ciudades como Medellín, Bogotá y Bucaramanga, se ufanan y con razón, de contar no con uno, sino con varias ESES públicas con altísima calidad y capacidad resolutiva en su atención. Incluso Cali y la Gobernación del Valle no contemplaron la posibilidad de cerrar el Hospital Universitario del Valle, por muy dramática que fuera su situación.

Pero aquí al Cari le cayeron las peores de las pestes: la corrupción y la politiquería.

La ESE Cari presenta problemas financieros serios desde 2016, cuando fue categorizado en riesgo financiero alto por parte del Ministerio de Salud y comenzó a cerrar de manera progresiva los servicios a la comunidad. Esa última medida, es la manera más silenciosa y efectiva de acabar con un hospital, sobre todo cuando un hospital de alta complejidad cierra los servicios de urgencia.

En el 2015, el año anterior el Cari llegó a facturar 16 mil millones de pesos al mes, realizó 330 cirugías de alta complejidad en todo el año y prestó 6.600 consultas de medicina especializada. Pero, en el 2018, luego de que se deshabilitaran varios servicios escasamente realizó 97 procedimientos quirúrgicos de alta complejidad y 1.800 consultas de medicina especializada, sumado a que su entonces gerente, Rocío Gamarra se trenzó en una pelea jurídica para mantenerse en el cargo.

La crisis se agudizó además por cuenta de la permanencia en el hospital de múltiples operadores externos de servicios, que solo se dedicaron a gestionar y cobrar; mientras que el hospital quedó con las tareas más riesgosas: la de contratar y recaudar los recursos.

Sin lugar a dudas para el Cari será de muy mala recordación la administración del exgobernador, Eduardo Verano de la Rosa, pues si bien no de manera directa, sí dos de sus funcionarios que tienen asiento en la junta directiva del Cari, prácticamente hicieron todo lo posible por no ayudar a salvar el centro asistencial.

Aquí salen a relucir los nombres de Juan Carlos Muñiz, quien fue secretario de Hacienda y presidente de la Junta directa del Cari, y Armando de la Hoz, ex secretario de Salud, que para nadie es un secreto sus vínculos con clínicas privadas.

Por eso, cuando el actual gerente del Cari, el médico Ulahy Beltrán, a quien se le reconoce más por su perfil académico y administrativo que político, propuso la figura de una gestor hospitalario que se responsabilizara de poner a funcionar todas las áreas cerradas del centro asistencial, muchos estuvieron de acuerdo, pero otros no.

En el Cari se mueven grupos de interés, uno de ellos son las clínicas privadas que reciben a los pacientes que antes eran atendidos en el hospital. Hoy lo que se rumora es que durante todo el período de Verano, tuvieron el control no solo del Cari, sino de otros centros hospitalarios. Y que siempre le apuntaron a que la ESE se mantuviera en una actitud de perfecta inercia; no cerrar totalmente los servicios para justificar los contratos en infraestructura con dineros de la estampilla Pro Cari; cerrar los servicios de urgencia para que los pacientes sean referidos a las clínicas donde poseen amigos; y a través de la junta directiva, coadministrar el hospital controlando el flujo de recursos mediante la política de aprobación de presupuesto por períodos mensuales.

Las voces contradictorias de lo que propuso el gerente Beltrán, le daban ante la junta su voto de confianza para sacar adelante el hospital, pero en otras esferas le solicitaban al Ministerio de Hacienda su liquidación, como hoy lo siguen promoviendo.

Escalaron a tal extremo los enemigos del hospital que ante la Procuraduría General de la Nación acudieron para demeritar y poner en tela de juicio la actuación del gerente, en el proceso licitatorio inicial para buscar un operador que garantizara usuarios y facturación al hospital.

Por eso a quienes en su momento intentaron dar el voto de confianza a Beltrán, no les extrañó que -sin negar la necesaria presencia de los entes de vigilancia y control para garantizar el proceso-,  haya sido la abogada Lina García, quien representa a Opexsalud SAS, y a otros acreedores del Cari quien haya interpuesto quejas ante la Procuraduría, pues se supondría que serían de los más interesados en que el gestor que se contratara se comprometiera a pagar las deudas que arrastra con ellos el hospital.

Aquí vale recordar que en el 2017, siendo contratista del Cari la Cooperativa de trabajo asociado Opexsalud, demandó a la institución por facturas vencidas y pidió como medida cautelar el embargo de sus cuentas, incluidas las del recursos del Sistema General de Participaciones que son inembargables. En abril del 2018 el Consejo Seccional de la Judicatura negó las pretensiones de esta cooperativa y desestimó la solicitud de embargo de las cuentas referidas por valor de más de 4 mil millones de pesos en ese entonces.

También toca decir que en el análisis del mapa de riesgos de la contratación estatal, realizado por la Auditoría General de la Nación, en el año 2015, la cooperativa Opexsalud CTA aparecía en el puesto 27 dentro del Top 100 de la contratación de entidades territoriales con cooperativas de trabajo asociado, con 16 contratos por valor de 5.458 millones 520.000 pesos.

Al respecto advirtió la Auditoría General de la Nación que “La tendencia de contratación de entidades territoriales con empresas sociales del estado por cuantías considerables, permite deducir que: se está pagando con cargo al presupuesto de la respectiva entidad territorial, labores misionales propias y exclusivas de las ese (hospitales públicos), es decir, se paga dos veces por un mismo servicio o, la red hospitalaria no cuenta con las partidas presupuestales necesarias para su funcionamiento, viéndose avocada a sufragar su operación a través de otras entidades, situación contraria a los principios presupuestales de “coherencia macroeconómica”, “programación integral” y eventualmente “unidad de caja”.

Otro personaje que se ha declarado opositor acérrimo del proceso a quien algunos medios de comunicación locales de la ciudad le han dado vocería, argumentando su interés en “denunciar” aparentes irregularidades que habría en la contratación del gestor u operador es el médico Iván Riátiga, propietario de la Clínica Campbell, la misma que se vio envuelta recientemente en un conflicto con la Superintendencia Nacional de Salud, porque fue la que lideró una demanda por más de 80 mil millones de pesos contra esa entidad de vigilancia. Demanda que finalmente fue fallada en el Consejo de Estado a favor de la Supersalud.

De hecho el superintendente, Fabio Aristizábal, en su rendición de cuentas expone el caso Campbell como ejemplo de actuaciones corruptas que afectan al sector salud.

Además en el 2016, la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), denunció en julio de 2016, que las instituciones médicas que hacen parte de la Fundación Campbell, recibía el 10 % de todos los lesionados en accidentes de tránsito, evidenciándose un fraude al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, Soat.

En su momento, Fasecolda denunció que entre las modalidades de las trampas para cometer fraude se encuentra la atención de personas por eventos diferentes a accidentes de tránsito, como por ejemplo alguien que se tropieza en el andén, se golpea la cabeza y la Institución Prestadora de Servicios de Salud, IPS, reclama los gastos médicos como accidente tránsito a una aseguradora.

Es decir, se colige que no sería precisamente Riátiga el llamado a “denunciar” presuntas actuaciones corruptas, cuando la suya ha sido cuestionada. Más aún cuando en el 2018, él junto a otros cuatro médicos especialistas habían hecho la misma propuesta de un operador para el Cari, pero a diferencia de la oferta del actual gestor sanitario, no contaban con ninguna EPS aliada que les garantizara los afiliados.

En este punto toca recordar que el ex secretario de Salud de Verano, Armando de La Hoz, fue representante legal de la Clínica Campbell durante más de diez años habiendo ocupado varios cargos en dicha institución de carácter privado, donde renunció para posesionarse como secretario de Salud departamental.

Pese a todo esto, el Cari firmó contrato con el gestor sanitario a finales de diciembre a través de una contratación directa luego de que fuera declarada desierta la licitación inicial, y ahora lo que se espera es ahuyentar el fantasma de la liquidación, que retome su razón de ser, recupere su situación financiera y reputación y sobre todo vuelva a ser el referente que llegó a ser en materia de atención en salud para los más vulnerables del Atlántico y de la región Caribe.

Sin embargo la actual administración del Departamento quiere tumbar este contrato y ha solicitado a la Procuraduría se investigue al actual gerente del Cari por supuestas irregularidades .El Gerente Dr Ulahy Beltrán dice que  se contrató un gestor hospitalario con todos los requisitos que ordena la ley y con ventajas para el Cari Pagar las deudas y asegurar la prestación de servicios asistenciales de salud por 15 años

El gerente abrió una licitación que posteriormente fue declarada desierta según las reglas para las empresas sociales del Estado se procedió a contratar directamente al actual gestor – operador.

 Nota La pelea es entre los corruptos que se escudan con la clase política que le ofrece contratos a través de clínicas o IPS  por compromisos políticos

Las clínicas se ganan la plata, ellos se quedan con la carne dejando el hueso para la entidad y desmejorando inmisericordemente el servicio asistencial  para la gente pobre.

En el Caso del Atlántico se pretende Acabar con el Cari y hasta cambiarle de nombre para entregárselos a Operadores “Amigos”. Pretenden tumbar al gerente y el contrato cueste lo que cueste. El Plan es unir los distintos HOSPITALES de bquilla,  para conformar una especie de TRIPLE A de la Salud en esta Región

La procuraduría delegada para la salud anunció hoy que EVALUARÁ LA SITUACIÓN DEL CONTRATO PARA DEFINIR SI HAY MÉRITOS PARA INICIAR UNA INVESTIGACIÓN una investigación sobre este caso.

CRÓNICA CON COLABORACIÓN DE»CORRUPCIÓN AL DÍA»