Por Luis Guillermo Vélez Álvarez
A finales de los años cincuenta y principios de los sesenta del siglo pasado, grupos de delincuentes se apoderaron de pequeñas porciones del territorio nacional imponiendo, por la fuerza de las armas, su dominio a los indefensos pobladores, a quienes cobraban “impuestos”, “organizaban” sus labores productivas e impartían “justicia”. Por esa razón, Álvaro Gómez Hurtado, con su habitual lucidez, les dio el nombre de “Repúblicas Independientes” a las veredas de Marquetalia (Tolima), El Pato (Huila), Riochiquito (Cauca) y Guayabero (Guaviare), donde se enseñoreaban esos delincuentes.
Entendiendo que era inaceptable tener a algunos de sus ciudadanos en tan ominosa situación, el gobierno del presidente Guillermo León Valencia ordenó una operación militar que permitió la liberación de los territorios. Los delincuentes que se dieron a la fuga formaron una guerrilla móvil de la que saldrían las Farc.
Las “repúblicas independientes” parecen estar renaciendo, no en veredas remotas, sino en las tres principales capitales del País.
Desde el 28 de abril y durante todo el mal llamado “Paro Nacional”, las tres principales ciudades del País se transformaron en “Republicas Independientes”. Bandas de delincuentes armados bloquearon vías, destruyeron a placer bienes públicos y privados, aterrorizaron a la población y atentaron contra la salud pública; con la complacencia y protección de las alcaldías de Bogotá, Medellín y Cali.
Esos delincuentes, que se autodenominan “Primera Línea”, acampan en diversos lugares de esas ciudades, haciendo ostentación de su armamento y realizando prácticas de lucha callejera. En Bogotá, un ciudadano pereció decapitado por una guaya de un bloqueo; en Medellín, impartieron entrenamiento en lucha callejera a menores de edad en un parque público y se tomaron las instalaciones de la Universidad de Antioquia; en fin, en Cali mantienen retenes en los que cobran peajes a los ciudadanos que transitan en carro o a pie. Increíblemente, la alcaldesa de Bogotá y los alcaldes de Medellín y Cali los acogen en sus despachos y les ofrecen dádivas y regalos para premiar sus ataques contra la sociedad.
Los alcaldes de Medellín, Cali y Bogotá han incumplido ostensiblemente sus deberes constitucionales y legales, en particular, con el artículo 315 de la Constitución, que supuestamente los obliga a conservar el orden público, “de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciban del presidente de la república y del gobernador”. Por su parte, el presidente, según el artículo 189 de Constitución, tiene el deber de “conservar el orden público en todo el territorio nacional y reestablecerlo donde fuere perturbado”. No se sabe si el presidente no ordenó nada o si, habiéndolo hecho, los alcaldes no obedecieron sus órdenes. En todo caso, durante los días del paro, se tuvo la impresión de que la constitución de Colombia quedó derogada en Bogotá, Cali y Medellín.
Los militantes de la “primera línea”, los indígenas mingueros y otros grupos delincuenciales han hecho pública su intención de reanudar su violencia contra la sociedad con ocasión del 20 de julio en Bogotá, Medellín y Cali. Si los delincuentes logran su propósito de intimidación y destrucción en impunidad, habrá que concluir que nuestras tres principales ciudades definitivamente son “repúblicas independientes” donde no rige la constitución colombiana ni gobierna el presidente Duque.
