Amylkar D. Acosta M1

“Uno nunca debe desperdiciar una buena crisis”
Churchill
Dice el adagio popular que no hay mal que por bien no venga. En medio de la crisis
económica que se precipitó con la pandemia del COVID – 19, el sector agrícola ha
mostrado su resiliencia y se ha destacado como uno de los pocos que, según el DANE, ha
registrado una variación en terreno positivo en el primer semestre de este año, con un
crecimiento promedio de 6.7%. Gracias a ello se ha podido garantizar el abastecimiento
del mercado doméstico de productos agrícolas y se ha mantenido la dinámica exportadora
de los mismos, que determinaron el año anterior un crecimiento excepcional, de 2.43%, en
medio de la caída del – 5.7% de las exportaciones totales y en el primer semestre de este
año tuvieron un nuevo repunte del 10%.
Este hecho es digno de resaltar habida cuenta que en la última década el crecimiento del
PIB agrícola siempre ha estado por debajo del crecimiento de la economía, a guisa de
ejemplo el año pasado mientras la economía creció 3.3% el sector agropecuario a duras
penas creció el 2%. Como si lo anterior fuera poco, este sector ha venido perdiendo
participación en el PIB global, la cual pasó del 18% en 1990 al 6.3% actual. Ello ha
obedecido a la falta de una política agrícola que apoye e impulse esta actividad. El Estado
colombiano le dado la espalda al campo.
Cómo será el abandono que tuvimos que esperar 45 años, desde 1970, para que se realizara
un Censo agropecuario en el 2014 para saber siquiera qué ha pasado en el campo
colombiano durante tan dilatado periodo, el cual ha estado atravesado por la violencia de
todos los pelambres.
Es muy diciente que, como lo afirma el experto Juan José Perfetti, en Colombia desde el
año de 2005 hasta el 2016 la producIón agrícola se mantuvo estancada al nivel de los 25
millones de toneladas, sólo en el 2018 tuvo un repunte del 30% hasta alcanzar las 32.6
millones de toneladas y del 29% en 2019 con 42.2 millones de toneladas.
No obstante, según dicho Censo y la Unidad de Planeación Rural Agropecuaria (Upra), de
los suelos netamente agrícolas, que son 11,3 millones de hectáreas, solo se aprovecha
el 35 por ciento. Según la más reciente Encuesta Nacional Agropecuaria del DANE (ENA
2019), el área cultivada se redujo a sólo 4 ́617.116 hectáreas, después que, según la misma
Encuesta en 2016 reportó 5 ́121.508 hectáreas cultivadas.
El caso más patético es lo que ocurre con la producción de alimentos. No obstante que
Colombia, según la FAO, está entre los diez primeros países del mundo con mayor
potencial para convertirse en parte de la solución de la seguridad alimentaria, en la última
década ha pasado de importar 8 millones de toneladas en 2009 a 14 millones de toneladas
en 2019. Y ello, a pesar de que la Constitución Política dice en su artículo 64 que “la
producción de alimentos debe gozar de la especial protección del Estado” y de lo dispuesto
en el Documento CONPES 113 del 31 de marzo de 2007, que establece la “Política
nacional de seguridad alimentaria y nutricional (PSAN)”.
Con toda razón el Informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
en 2012 que tuvo como Director académico al reputado profesor Absalón Machado, fue
muy descarnado en su diagnóstico: “Colombia es más rural de lo que se cree, pero cuenta
hoy con más hectáreas en minería que en producción de alimentos. El Gobierno firma
tratados y asociaciones de libre comercio y crea incentivos para el empresariado
agroindustrial pero, con honrosas excepciones, el desempeño productivo agropecuario deja
mucho qué desear”3.
Tres años después de este Informe del PNUD se dieron a conocer los resultados de la
Misión para la transformación del Campo, bajo la batuta del ex ministro de Hacienda José
Antonio Ocampo, con miras a “saldar la deuda histórica con el campo colombiano”. Esta
Misión vino a llenar un vacío, el de la falta de una Política de Estado tendiente a sacar al
campo y a los campesinos de su postración inveterada, “generando condiciones de
protección, inclusión y cohesión social, elementos esenciales para construir una paz
estable y duradera”
.

Después de conocidos el Informe del PNUD y el de la Misión Rural, no es de extrañar que
el primer punto del Acuerdo Final para la terminación del conflicto con las FARC firmado
hace 4 años fuera el de la Reforma agraria integral, que pasa por el acceso a la tierra de
los campesinos que carecen de ella y su restitución a quienes fueron despojados de la
misma. Pero, como dice el Director de la FAO, José Graziano Da Silva, “no basta que los
agricultores tengan la tierra o el acceso a ella, sino también los insumos, bienes y servicios
públicos y recursos financieros”

. Por ello, no deja de sorprender que en el proyecto de presupuesto para el 2021 radicado por el Gobierno Nacional en el Congreso de la República
en lugar de incrementarle los recursos se recorta la partida para el Ministerio de Agricultura
en el – 7.7% con respecto al de 20206. Así mismo, es fundamental el acceso a los mercados,
pues “sólo con acceso a los mercados los productores son capaces de absorber las
tecnologías mejoradas”7 y así elevar su productividad y competitividad.
Es una realidad que Colombia tiene como uno de sus más importantes retos el de la
diversificación de la economía, en la cual el sector agrícola es una de las claves, además
de que está llamado a jugar un rol de la mayor importancia en la reactivación económica
en orden a superar la recesión en la que estamos inmersos por cuenta de la pandemia del
COVID – 19.
.Ahora bien, para que el sector agrícola gane participación en el PIB y crezca más es
fundamental una Política agraria que estimule e impulse su competitividad y en ello juega
un papel de la mayor importancia la dotación de bienes públicos, especialmente de
infraestructura de transporte y de riego. En cuanto a las vías es de destacar el apoyo que le
ofrece la Ley de regalías que se acaba de expedir por parte del Congreso de la República,
en la cual se le asignan recursos importantes a la construcción e intervención de vías
terciarias. En cuanto a riego y drenaje, el Congreso de la República le dio un gran estímulo,
primero a través del artículo 227 del la Ley 1955 de 2019 del Plan Nacional de Desarrollo
2018 – 2022 y posteriormente en el artículo 125 de la Ley 2008 de 2019, del Presupuesto
de la vigencia 2020.
Allí se estableció que “la Nación asignará un monto de recursos destinados a cubrir el valor
correspondiente a un porcentaje del 50% del costo de la energía eléctrica y gas natural que
consuman los distritos de riego y demás esquemas de obtención del agua, tales como pozos
profundos, por gravedad o aspersión”. Es de anotar que este beneficio se circunscribe a
predios que no superen las 50 hectáreas, es decir a pequeños y medianos propietarios de
los mismos.
Lo insólito e inexplicable es que transcurridos 8 meses de la entrada en vigencia de esta
norma, sus beneficiarios no hayan podido tener acceso a dicho reconocimiento en la factura
del servicio de la energía que consumen para irrigación simple y llanamente porque los
ministros de Minas y Energía y Agricultura y Desarrollo Rural no se han podido poner de
acuerdo sobre la competencia para la reglamentación de la norma.
Señores ministros, quien espera desespera y más en las actuales circunstancias tan críticas,
tanto más en cuanto que, como lo han podido establecer los expertos Perfetti, Balcazar,
Hernández & Leubovich (2013), “se estima que el riego, en particular, puede duplicar el
rendimiento por hectárea, según la FAO (2002) y Schoengold & Zilberman (2007) y
aumentar en más de un 80% el ingreso promedio mensual de los productores agropecuarios
en Colombia”8. Esta es la hora del agro, será mucho pedirles que reglamenten cuanto antes
esta norma, el tiempo apremia!