El ministro Eduardo Montealegre afirmó que se detuvieron temporalmente la entrega de insurgentes vinculados a temas de narcotráfico y que participen en negociaciones de paz, una decisión que generó debate interno y preocupación en Washington, según fuentes oficiales
El Gobierno nacional decidió suspender las extradiciones a Estados Unidos de guerrilleros vinculados al narcotráfico y que participan en los actuales diálogos de paz, según confirmó el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, en una entrevista con la Agencia Francesa de Prensa (AFP).
Esta medida, que prioriza la política de Paz Total impulsada por el presidente Gustavo Petro, marca un giro en la relación bilateral con Washington, generando intensos debates en el país sudamericano.
Montealegre, que fue confirmado como ministro de Justicia el 5 de junio tras la abrupta salida de Ángela María Buitrago, explicó que la decisión del Gobierno consiste en suspender las extradiciones de capos del narcotráfico y guerrilleros que colaboran activamente en los procesos de paz.
“La regla general es que se suspenderá la extradición de quien colabore efectivamente con los procesos de paz, sea en la insurgencia o en organizaciones al margen de la ley”, afirmó Montealegre en Bogotá, según la entrevista concedida a la AFP.
Esta declaración se produjo en un contexto de distanciamiento con Estados Unidos, el principal socio militar de Colombia y el país que más fondos destina a la lucha antidrogas en la región.
El jefe de la cartera de Justicia detalló que el Gobierno nacional ya suspendió las extradiciones de dos narcotraficantes vinculados a los diálogos de paz, aunque evitó precisar sus nombres.
Uno de ellos es Gabriel Yepes Mejía, conocido como “HH”, comandante de Comuneros del Sur, una facción disidente del ELN.
El otro, según medios, sería Willington Henao, alias Mocho Olmedo, miembro de la disidencia conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente, surgida de la extinta guerrilla de las Farc.
Sin embargo, la suspensión de la extradición de Henao aún no se ha hecho oficial. “El Gobierno ya suspendió las extradiciones de dos jefes negociadores que están vinculados a los diálogos de paz”, reiteró el ministro en la entrevista con la AFP.
La política de Paz Total, bandera del Gobierno Petro, busca negociar el desarme y la reintegración de grupos armados ilegales, incluidas facciones guerrilleras y organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.
El exfiscal y magistrado Eduardo Montealegre, que apoyó los procesos de paz que desarmaron a la cúpula paramilitar en 2006 y a las Farc en 2016, enfrenta ahora el reto de sacar adelante esta ambiciosa agenda. “Se trata de obtener el mismo fin por diversos caminos: desarticular el crimen organizado, acabar con el narcotráfico”, sostuvo el ministro.
La decisión de suspender las extradiciones generó críticas de la oposición y de expertos, que acusan al Gobierno de falta de firmeza frente a las organizaciones armadas.
Estas críticas se intensifican a tres meses de que Donald Trump decida si renueva la certificación de Colombia como aliado en la lucha antidrogas, un estatus que permite al país recibir cientos de millones de dólares en ayuda militar estadounidense.
Si la certificación no se renueva, las Fuerzas Armadas colombianas podrían perder una fuente clave de financiamiento. “No hay país en el mundo que haga más esfuerzos que Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Esfuerzos que hemos hecho conjuntamente con Estados Unidos”, subrayó Montealegre, que calificó de “injusta” la posibilidad de una descertificación.
El ministro dejó claro que la suspensión de las extradiciones no es automática ni incondicional. Para acceder a este beneficio, los miembros de grupos ilegales deben demostrar su voluntad de desarme, cesar la violencia y apoyar la sustitución de cultivos de coca, el principal insumo de la cocaína.
Montealegre prometió un control estricto para evitar que personas intenten aprovecharse de los procesos de paz para evadir la justicia internacional. “El ministro prometió un control férreo para evitar que personas que quieran simplemente burlarse de la justicia internacional ingresen a procesos de paz”, según indicó la AFP.
La salida de Ángela María Buitrago del Ministerio de Justicia estuvo rodeada de controversia. La exministra denunció “presiones” del Gobierno, incluyendo la firma de un documento en contra de la extradición de “HH”, solicitado por Estados Unidos.
En declaraciones posteriores, Buitrago atribuyó su renuncia a “constantes intentos de injerencia indebida” por parte del ministro del Interior, Armando Benedetti, y de la directora del Dapre, Angie Rodríguez, aunque el presidente Petro sostuvo que la destitución se debió a la falta de sintonía con los ejes estructurantes de su programa de gobierno en materia de paz.
La suspensión de extradiciones no es automática: los beneficiarios deben demostrar voluntad de desarme y apoyo a la sustitución de cultivos de coca – crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
La decisión de suspender las extradiciones también provocó inquietud en Washington. Una investigación de Noticias Caracol reveló que el Departamento de Estado de Estados Unidos expresó su “preocupación” a la fiscalía colombiana por la medida adoptada por el Gobierno nacional.
Este distanciamiento se produjo en un momento en que, según la ONU, la producción de cocaína y el número de hectáreas de coca en Colombia alcanzaron su máximo histórico en 2023.
Eduardo Montealegre asumió el Ministerio de Justicia en un contexto de alta complejidad. La negociación de la paz con grupos insurgentes que se financian con el narcotráfico representa uno de los mayores desafíos para el Gobierno.
El ministro enfatizó que, si los diálogos de paz fracasan, los delincuentes solicitados por Estados Unidos serán extraditados “inmediatamente”. “Si los diálogos finalmente fracasan, el ministro aseguró que los delincuentes solicitados por Estados Unidos serán extraditados inmediatamente”, reiteró la AFP durante el informe.
La política de Paz Total y la suspensión de extradiciones reflejan la apuesta del Gobierno por priorizar la reconciliación interna sobre las demandas de extradición de su principal aliado internacional.
Esta estrategia, sin embargo, implica riesgos políticos y diplomáticos, especialmente en un escenario de creciente presión internacional para frenar el avance del narcotráfico en la región. La evolución de los diálogos de paz y la respuesta de Estados Unidos serán determinantes para el futuro de la cooperación bilateral y la estabilidad interna de Colombia.
