En una serie de investigaciones publicadas desde los primeros momentos del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, los hechos no solo desencadenaron una investigación penal por el ataque, sino que abrieron un frente institucional centrado en el funcionamiento de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y en las decisiones adoptadas respecto a su esquema de seguridad.

Por tal razón, la Fiscalía General de la Nación anunció que imputará cargos a Augusto Rodríguez, director de esa entidad, en el marco de la investigación por el magnicidio del congresista.I

Información conocida por IFMNOTICIAS da cuenta de que, en los meses previos al atentado, el senador Uribe elevó de manera reiterada solicitudes para el fortalecimiento de su esquema de protección. De acuerdo con fuentes cercanas a su equipo, estas peticiones, que superaron la veintena, fueron negadas por la UNP bajo el criterio de que el nivel de riesgo evaluado no ameritaba modificaciones.

El día del ataque, el congresista se movilizaba con un número reducido de escoltas, pese a que su esquema formal contemplaba un mayor acompañamiento.

El director de la UNP, Augusto Rodríguez, no atendió solicitudes directas de información. Desde la oficina de comunicaciones se indicó que cualquier pronunciamiento debía esperar a que se completara una revisión interna de los antecedentes del caso. La entidad también invocó normas de reserva para justificar la ausencia de detalles públicos sobre las decisiones adoptadas en relación con el esquema del senador.

 Durante más de 48 horas, la UNP no emitió un pronunciamiento oficial. Desde la oficina de comunicaciones, un funcionario que se identificó como encargado temporal indicó que el director estaba “haciendo la trazabilidad de la información” y que no podía pronunciarse. Ante preguntas sobre las razones para negar las solicitudes de refuerzo y sobre posibles diferencias en el trato entre congresistas de oposición y sectores cercanos al Gobierno, la respuesta fue que no se podía “especular”.

La Fiscalía, según fuentes del proceso, recopiló comunicaciones internas, solicitudes formales, conceptos técnicos y testimonios del equipo político y de seguridad del senador. Ese material daría cuenta de advertencias reiteradas sobre riesgos para su integridad y de una cadena de decisiones administrativas que hoy son objeto de revisión penal. Hasta ahora, el ente acusador no ha precisado si durante la audiencia solicitará medidas adicionales contra Rodríguez.

Las investigaciones adelantadas por IFMNOTICIAS también han documentado diferencias en la asignación de esquemas de seguridad a distintos actores políticos. De acuerdo con información verificada por este medio, congresistas y líderes de oposición cuentan con esquemas más limitados frente a otros dirigentes cercanos al Gobierno, quienes disponen de un mayor número de escoltas y recursos logísticos. Por razones de seguridad, los listados detallados no han sido divulgados.

En contraste, se ha conocido casos de figuras afines al Gobierno que cuentan con esquemas robustos, con múltiples escoltas y vehículos oficiales, aun sin ejercer cargos públicos o sin amenazas recientes registradas.

Casos como los de Mafe Carrascal, Iván Cepeda o León Fredy Muñoz fueron identificados como ejemplos de esquemas superiores a los de dirigentes opositores con alertas de riesgo vigentes.

La investigación también reveló que Miguel Uribe Turbay contaba con una clasificación de seguridad “extraordinaria”, pese a ser el senador más votado del país, precandidato presidencial y haber reportado amenazas de grupos armados,el esquema correspondiente debía ser de “categoría extrema”, el mismo que mantienen otros congresistas.

Tras meses de investigación y de varios capturados por los hechos materiales contra el senador, fuentes judiciales confirmaron que la Fiscalía General de la Nación citó a entrevista al director de la UNP dentro del proceso de verificación de responsabilidades. Posteriormente, el ente acusador anunció que imputará cargos a Augusto Rodríguez el próximo 11 de febrero, en el marco de la investigación por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

Según información conocida del proceso, la imputación se sustenta en la presunta desatención de solicitudes formales de protección, pese a advertencias sobre riesgos para la integridad del senador.