Por: MARIO RAMIREZ ARBELAEZ

Ceso la horrible multa, con la aprobación en el Congreso, del proyecto de Ley que reglamenta el sistema de comparendos mediante  equipos electrónicos o fotografías,

Ante el clamor nacional, de inconformes ciudadanos y transportadores y después de acoger sugerencias para parar este desangre,  los senadores Mauricio Lizcano, Mauricio Aguilar y Antonio Guerra De La Espriella  ,elaboraron y presentaron al congreso un proyecto de ley poniéndole tate quieto mediante reglamentación a estas empresas leoninas .

Ya los particulares no podrán seguir esquilmando el bolsillo de los conductores y apropiándose de los dineros que le corresponden a los municipios en donde funcionan estas empresas que se inventaron para sobornar alcaldes y robar a los transportadores. Además que enviaban cartas o hacían llamadas amenazantes contra el presunto conductor infractor, para obligarlo a consignar la suma correspondiente a la multa electrónica.

Este abusivo instrumento  de detección electrónica, tampoco podrá instalarse en las vías de 4G  sin que medie la autoridad  competente como es el Ministerio del Transporte, que de ahora en adelante  controlara este sistema para evitar los  abusos y les  quito a los alcaldes el manejo autónomo de este servicio.

“Queremos decirles a los colombianos que se acabaron los abusos, los atropellos y los asaltos contra los conductores y los propietarios de vehículos. El Congreso de la República tomó la decisión de sacar adelante el Proyecto 102 del 2015 y ya no se seguirán instalando fotomultas sin cumplir con una serie de criterios para su puesta en marcha”, aseguró el senador Mauricio Aguilar, quien lideró la propuesta junto con los senadores Antonio Guerra y Mauricio Lizcano.

“La atribución de posibles infracciones teniendo la fotografía como medio de prueba ha llegado a ser un negocio en el que las autoridades de las diferentes entidades territoriales realizan contratos de concesión a particulares”, sustentaron los autores del proyecto.

La nueva Ley asegura el cumplimiento del debido proceso, ya que el aviso deberá hacerse por intermedio de un correo eléctrico y de un correo certificado. Igualmente, se debe identificar al presunto infractor y no solo tomar la foto de la placa del vehículo.

Lo más grave es que muchos alcaldes cuando entraron a ejercer sus funciones se encontraron con que estos contratos no se podían revertir ni modificar, porque fueron otorgados por sus antecesores a 20 y más años, sin poderse hacer nada, porque además incluían los aumentos anuales del valor de las multas.

Según el senador Mauricio Aguilar, otro de los  objetivos fundamentales es acabar con la corrupción. “El mensaje a todos los colombianos es que se acaba el negocio de las fotomultas y el enriquecimiento de unos pocos a costillas de los conductores de vehículos”.

Con respecto a las fotomultas que ya funcionan, los operadores tendrán un plazo de 180 días (seis meses), desde cuando el Presidente de la República firme la ley, para acomodarse a los criterios técnicos que emita el Ministerio de Transporte. Y las que no cumplan con los requisitos al término de ese tiempo, serán liquidadas.

La  ley no tiene efecto retroactivo, es decir, no incide sobre los comparendos ya realizados. Pero las nuevas ‘fotomultas’ que se generen,  deberán ajustarse a los parámetros de la nueva ley.

La vigilancia en esta materia estará en cabeza de la Superintendencia de Puertos y Transportes.

Finalmente para el trámite de este proyecto los ponentes y demás senadores se enfrentaron durante dos años, a la poderosa Federación de Municipios, y a medio centenar de alcaldes que querían mantener el sistema  de sistemas de detección electrónica de infracciones, pero se les acabo el negociado, porque ya no podrán quedarse con más del diez por ciento de los recaudos y el  90 por ciento restante de esos recursos será para los organismos de tránsito y los municipios, y deberán invertirse en planes de seguridad vial.