El gremio de los comerciantes advierte riesgos económicos graves por el aumento del salario mínimo y cuestiona la falta de sustento técnico en la decisión del Gobierno.

Fenalco presentó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad, acompañada de una solicitud de suspensión provisional urgente, contra el Decreto 1469 de 2025, mediante el cual el Gobierno nacional fijó el salario mínimo para 2026 con un incremento del 23,7 %. Para el gremio, la medida se adoptó por fuera de los parámetros legales y constitucionales que rigen este proceso.

Según explicó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, el Gobierno reemplazó las variables obligatorias para definir el salario mínimo —inflación, productividad, crecimiento del PIB y participación de los salarios en el ingreso nacional— por el concepto de “salario vital”, sustentado en referentes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que no tienen carácter vinculante. Además, señaló que el decreto desconoce la competencia exclusiva del Dane como autoridad técnica encargada de definir y certificar la canasta del IPC, base para medir la inflación en Colombia.

El líder del gremio de los comerciantes también cuestionó que el decreto no explique de manera clara ni verificable cómo se pasó de un escenario económico que, según Fenalco, justificaba ajustes cercanos al 6,21 %, a un incremento del 23,7 %, sin un soporte técnico sólido que respalde esa diferencia. Para el gremio, esta falta de explicación genera incertidumbre y debilita la seguridad jurídica.

En su solicitud ante el alto tribunal, Fenalco advirtió que la aplicación del decreto podría generar efectos irreversibles, como mayores presiones inflacionarias, pérdida de empleo formal, aumento de la informalidad, afectación del aparato productivo y deterioro de las finanzas públicas.

Por ello pidió dejar sin efectos la norma y suspender su aplicación mientras avanza el análisis judicial. “Esta no es una discusión contra los trabajadores, que terminarán afectados por la inflación que genere la medida; es una defensa del Estado de Derecho y de la estabilidad económica del país”, concluyó Cabal, al pedir que prevalezca el interés general sobre lo que calificó como intereses politiqueros del Gobierno.