El alcalde de Medellín reveló que la deuda acumulada del Gobierno Nacional con Empresas Públicas de Medellín asciende a $4,4 billones.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó su preocupación ante el panorama energético del país, especialmente por las deudas que el Gobierno Nacional tiene con Empresas Públicas de Medellín (EPM) y otras empresas del sector.
Según el mandatario, esta situación podría desencadenar una crisis energética a nivel nacional, como lo ocurrido recientemente en Puerto Carreño, Vichada, donde un apagón dejó al municipio sin servicio eléctrico debido a la crisis financiera que enfrentan las compañías de energía.
En declaraciones a Blu Radio, Gutiérrez explicó que el Gobierno Nacional adeuda más de $4,4 billones al conglomerado EPM, acumulados entre subsidios tarifarios para los estratos 1, 2 y 3 y la opción tarifaria. De esta cifra, 2,1 billones corresponden exclusivamente a subsidios de energía.
“Lo de Puerto Carreño es la punta del iceberg del problema tan grave que está generando el Gobierno al no pagar los subsidios de energía en todo el territorio nacional, a los estratos 1, 2 y 3. Esto revela básicamente lo que puede pasar en todo el país si el Gobierno nacional no hace los giros que le corresponden por ley, no es tema de voluntad, por ley el Gobierno nacional debe pagar los subsidios a esos estratos”, manifestó Gutiérrez.
Detalle de las deudas
Gutiérrez detalló las cifras que el Gobierno debe a varias empresas del grupo EPM:
- EPM: $197.000 millones
- Chec (Eje Cafetero): >$44.000 millones
- Cens (Norte de Santander): $130.000 millones
- EQ: $12.000 millones
- ESA (Santander): $106.000 millones
- Afinia (Costa Caribe): $608.000 millones
El alcalde subrayó que la situación no solo afecta a EPM, sino a otras empresas del país, y pidió al Gobierno actuar rápidamente para evitar una crisis más profunda.
Acciones del Gobierno
En respuesta, el Gobierno Nacional está trabajando en un decreto para regular el mercado de energía eléctrica. Este proyecto busca estabilizar las tarifas y mejorar la confiabilidad del sistema energético, con un enfoque en generadores que empleen fuentes hídricas o renovables.
El decreto incluye medidas como:
- Limitar al 5% las ventas en la Bolsa de Energía de generadores de energías renovables en el mercado regulado.
- Promover contratos a largo plazo que aseguren estabilidad en la oferta eléctrica.
- Mitigar los efectos del cambio climático en la formación de precios de energía.
El Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) tienen la tarea de ajustar las normativas para incorporar estos cambios.
