Este lunes 23 de mayo, a partir de las 3 de la tarde las Comisiones Primeras del Congreso sesionarán de manera conjunta, con el propósito de examinar, estudiar, debatir y votar un proyecto de ley, que abre la puerta a una reforma integral al Sistema Penal Acusatorio.

La sesión que será presidida por el presidente de la Comisión Primera del Senado  Manuel Enríquez Rosero (partido de la U), apunta a garantizar la adopción de correctivos para el respeto de los derechos fundamentales de personas privadas de la libertad, que además se traduzca en la aplicación de la administración eficaz de justicia.

Bajo este este antecedente, actualmente en el Congreso hace transito un proyecto de ley el Ministerio de Justicia, que apunta a descongestionar la administración de justicia penal y ofrece un tratamiento diferenciado para conductas punibles de menor cantidad, agilizando su procedimiento e impactando directamente en la carga de trabajo que tienen los operadores judiciales.

La iniciativa, define las contravenciones penales, al tiempo que establece un procedimiento especial abreviado para ellas y se regula la figura del acusador privado, que hoy, está pendiente en tercer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

Sin embargo, al igual que la reforma al Sistema Penal Acusatorio, aún debe cumplir con el trámite legislativo antes de surtir efecto alguno en el sistema judicial colombiano.

“Es evidente que hasta la fecha, ad portas que se cumpla el término para la entrada en vigencia de dicha disposición, no es claro que los procesos se hayan adelantado con la agilidad esperada. Según cifras del INPEC, a esta altura del año 2016, se encuentran 19.167 internos detenidos preventivamente por 11 meses o más, de los cuales 10.884 (56.8%) lo han estado por 21 meses o más.

En palabras del presidente de la Comisión Primera del Senado Manuel Enríquez Rosero, el proyecto de ley –que será estudiado y debatido este lunes en sesiones conjuntas- atiende esta nueva realidad. “Busca  extender el plazo de entrada en vigencia del término máximo de detención preventiva para los procesos más complejos con el fin de evitar el escenario de una excarcelación máxima e indiscriminada que podría representar un peligro inminente para la seguridad de los colombianos y la administración de la justicia.

En esencia, con la medida se busca otorgar más tiempo a los operadores judiciales para adelantar los procesos por aquellos delitos cuya investigación y juicio son de considerable complejidad y suponen un desgaste para los operadores judiciales.

Adicionalmente, la postergación de la entrada en vigencia del término máximo de detención preventiva –para este grupo de casos- responde al sistema positivo actual, que no ha tenido las modificaciones esperadas que brindarán a los jueces y fiscales las herramientas normativas para adelantar los procesos en debida forma dentro del tiempo originalmente previsto por la Ley 1760 de 2015.