Por Luis Suarez

La propuesta del candidato Gustavo Petro de expropiar el ahorro destinado a la pensión de 18 millones de trabajadores, actualmente en los fondos de pensión privados, para darle un bono solidario de 500 mil pesos mensuales a 3 millones de personas que no tienen pensión, tiene tanto de largo como de ancho.

Por una parte, es una expropiación dado que el ahorro pensional individual no es un recurso público o propiedad del Estado y, con ello, la propuesta pretende prescindir de los fondos privados de pensiones para pasarlos al sistema público. Por otra parte, al eliminar la competencia, se centralizan los fondos de pensiones en el Estado sin que los ahorros de los trabajadores puedan tener alternativas de rendimiento, con los agravantes que se conviertan en fuente de financiamiento del gasto público y no garantiza que el dinero de los ahorradores permanezca allí.

De hecho, aunque no se dice nada, en la propuesta se constata que se mantienen los subsidios a los ingresos, continúa siendo muy regresiva, no aumenta la cobertura que es lo que se necesita y solo permite que el pilar de los ingresos por encima del valor de cotización pensional vaya a capitalización en los fondos privados.

De otro lado, llama la atención que Ricardo Bonilla, asesor financiero de la campaña presidencial de Petro, sostiene que el déficit público es de 45 billones y que 32 billones corresponden a las pensiones públicas. De aquí que sentencia: “militares, policías, maestros, altos funcionarios del Estado, expresidentes y de ahí para atrás hay que organizarlo, porque el Estado no puede seguir pagando eso. Una de las propuestas complementarias es reducir el tamaño de las pensiones que puede pagar el Estado y hoy hay que bajarlas a 4 o 5 salarios mínimos”.

Así las cosas, ¿desde cuándo los derechos adquiridos, dejaron de serlo? y ¿desde cuándo la ley es retroactiva para los actuales pensionados? Pero el cuestionamiento de fondo es que la propuesta intenta nivelar a los futuros pensionados en 4 o 5 salarios mínimos. Tamaño despropósito, con el que se busca rebajar para distribuir pobreza.

Si bien es una propuesta de reforma que tiene que ir al congreso, no solo es inconveniente y lesiva sino que tampoco resuelve el problema estructural existente. Esto es, la formalización del empleo en Colombia para que los ciudadanos tengan la autonomía financiera necesaria para aumentar la cobertura de cotizantes al sistema pensional. Así que habrá que mirar por quien votarán los dueños de los 18 billones de pesos al momento de depositar su voto en las urnas. Es decir, los 18 millones de trabajadores que actualmente cotizan para su pensión de vejez.

Así mismo, los actuales pensionados y las personas pertenecientes a los regímenes especiales que, con sus familias, han quedado notificadas del peligro en la disminución de las pensiones, tales como: servidores públicos del magisterio, militares y policías, congresistas, magistrados de las altas cortes y expresidentes de la república, entre otros. En últimas, con su voto, la ciudadanía colombiana es la que elige al futuro presidente que más le conviene. No nos podemos equivocar.

Vía /24 Noticias .con