Gobierno ecuatoriano niega que se hayan realizado deportaciones masivas y afirma que notificó a Colombia desde el 8 de julio sobre el procedimiento.

El gobierno de Ecuador se pronunció este sábado frente a los señalamientos del gobierno colombiano por la deportación de cientos de connacionales privados de la libertad, trasladados desde diferentes centros penitenciarios hacia la frontera binacional. Según las autoridades ecuatorianas, el proceso se realizó en el marco de la legalidad y bajo notificación diplomática previa.

Los traslados se llevaron a cabo entre el 25 y el 26 de julio, cuando cerca de 1.000 colombianos que se encontraban presos en distintas provincias ecuatorianas fueron llevados hasta el Puente Internacional de Rumichaca. Allí, las autoridades migratorias de ambos países coordinaron el paso hacia territorio colombiano.

Diana Pozo, gobernadora encargada del Carchi, explicó que los reclusos con cédula de ciudadanía colombiana fueron trasladados sin inconvenientes, mientras que quienes no contaban con el documento debieron ser identificados mediante huella digital. “El proceso ha sido gradual y respetando los lineamientos migratorios”, indicó.

Durante la jornada, el comandante de la brigada de infantería N°31 ANDES, coronel Jorge Tello, aseguró que el gobierno ecuatoriano está garantizando la integridad de las personas privadas de libertad hasta su salida del país. Según testigos en frontera, los deportados tuvieron acceso a baños portátiles y se les ofreció alimentación mientras se completaban los trámites.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador aseguró que el consulado de Colombia en Quito fue informado desde el 8 de julio sobre los procesos individuales de deportación, utilizando el canal diplomático correspondiente. Además, enfatizaron que no se trata de una deportación masiva, sino de procedimientos administrativos tras audiencias individualizadas.

El mismo documento resalta que todos los excarcelados contaban con boletas de liberación, lo que permitió activar su salida del país bajo custodia. El gobierno ecuatoriano insistió en que se respetaron los derechos humanos de los deportados y que se cumplió con el marco normativo vigente.

Hasta el momento, la Cancillería colombiana no ha emitido un nuevo pronunciamiento tras la respuesta del gobierno de Daniel Noboa, aunque previamente había rechazado lo que consideró una medida unilateral y arbitraria. Se espera una reunión bilateral para evaluar el desarrollo del proceso y sus implicaciones en la relación diplomática entre ambos países. VÍA AGENCIA API