El procurador general advirtió que ni la Comisión de Regulación de Comunicaciones, ni ninguna otra autoridad, puede vulnerar los principios constitucionales de libertad de expresión y de prensa en Colombia

El sábado 11 de octubre, el procurador general Gregorio Elijach, se pronunció desde la Sierra Nevada de Santa Marta sobre la polémica solicitud de información que la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) remitió a medios que utilizan el espectro electromagnético.

El requerimiento pedía detalles sobre sus contenidos editoriales y criterios de selección informativa, lo que generó rechazo en gremios periodísticos y organizaciones defensoras de la libertad de prensa.

“Quiero expresar mi rechazo a cualquier intento que se haya producido o se pueda producir de cercenar, de disminuir, de atacar un principio fundamental, inescindible en toda democracia como es la libertad de expresión y la libertad de prensa. No permitirá el procurador General de la Nación que se atente contra ese sagrado principio que encarna en la libertad”, afirmó Elijach en su declaración.

El jefe del Ministerio Público hizo un llamado directo a las entidades públicas a actuar con prudencia frente a decisiones que puedan afectar derechos constitucionales. “Desde acá invito a que las autoridades públicas se mesuren, se midan y reflexionen antes de producir decisiones que pueden quebrantar el orden ético, el orden jurídico y el orden moral de la Nación. La libertad de expresión, la libertad de prensa son sagradas y así lo vamos a defender por virtud de la Constitución política que nos rige”, añadió el funcionario.

El viernes 10 de octubre se conoció una carta enviada por Zoila Vargas Mesa, coordinadora ejecutiva de la CRC, dirigida a operadores de televisión y radio. En el documento, la entidad solicitaba información detallada sobre los procesos de selección de contenidos periodísticos y noticiosos, incluyendo “los criterios de valoración en la selección de temas, fuentes y enfoques”.

El texto pedía además anexar “soportes documentales de las reuniones, comités o consejos editoriales que den cuenta de esas decisiones”, y advertía que la no entrega de dicha información podría implicar “la adopción de medidas administrativas correspondientes, según lo previsto en la ley”.

La solicitud generó una amplia reacción en medios y organizaciones del sector. La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), a través de su directora, Sofía Jaramillo, manifestó preocupación y pidió explicaciones a la comisión. “Pedir información interna sobre cómo se toman decisiones editoriales no solo es una extralimitación de sus funciones, sino que es una amenaza para la libertad de prensa”, indicó Jaramillo.|

La directora de la Flip precisó que la CRC sí tiene competencias para analizar el pluralismo informativo, pero no para solicitar documentos internos de las salas de redacción; y advirtió que la comunicación de la CRC “sí puede considerarse como censura indirecta”, ya que la entrega de actas o relatorías de los comités editoriales podría “inhibir la deliberación interna y afectar la independencia de los medios”.

Además, recordó que esas reuniones suelen incluir temas sensibles y confidenciales, por lo que exigir su documentación podría poner en riesgo la protección de las fuentes.

Respuesta de la CRC

Ante la polémica, la comisión aclaró que el requerimiento no buscaba sancionar ni interferir en las decisiones editoriales, sino adelantar un ejercicio informativo para identificar buenas prácticas sobre pluralismo y diversidad mediática.

La comisionada Andrea Muñoz Gómez explicó que la solicitud tenía un carácter pedagógico. “Lo que nosotros buscamos con esto es conocer específicamente cómo es el ecosistema mediático, cómo efectivamente están garantizando ese pluralismo y esa imparcialidad informativa y cómo se están protegiendo las audiencias”, indicó.

Por su parte, la comisionada Lina María Duque del Vecchio aseguró que no existe intención de afectar el trabajo de los medios ni de los operadores del espectro. “Nosotros no estamos buscando generar ningún tipo de dificultad en el ejercicio del quehacer de los diferentes medios ni de los operadores cuando se trata de las competencias propias de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones”, señaló.

La comisión también precisó que los medios no serán sancionados si deciden no entregar la información solicitada. Muñoz Gómez reiteró: “Si alguno de los medios considera que hay información reservada que no puede suministrar, es muy importante que nos diga qué tipo de información no nos suministra porque es confidencial”.