Giraldo se ha declarado culpable del delito de narcotráfico y, durante el proceso, admitió haber supervisado el cultivo, la manufactura y la distribución de 1.500 kilogramos de cocaína

Hernán Giraldo Serna, conocido como el ’Patrón’ fue extraditado a Estados Unidos en 2008 para ser juzgado por tráfico de cocaína

El juez de la Corte del Distrito de Columbia, Reggie Walton, dijo que, a la hora de dictar la sentencia, tuvo en cuenta el testimonio que prestaron este viernes ante el tribunal la viuda y las hijas del activista, Julio Henríquez, que desapareció en febrero de 2001 después de tratar de sustituir los cultivos de coca por cacao en una zona del Parque nacional Tayrona, dominada por Giraldo. Henríquez fue secuestrado y asesinado por orden del Patrón

«No puedo negar la circunstancia de que estos testimonios han tenido un impacto en mi pensamiento», afirmó el magistrado al dictar la sentencia.

De hecho es la primera vez que EEUU reconoce en sus cortes a víctimas del conflicto colombiano.

Zulma Chacín de Henríquez, Nadiezhda y Bela Henríquez Chacín, esposa e hijas, respectivamente,  han librado durante  15 años,  tanto en Colombia como en los Estados Unidos una batalla para obtener justicia por el secuestro y asesinato de su padre. Ellas – que siempre se refirieron de Giraldo como “traficante de drogas confeso, violador, terrorista y asesino de masas”,  no desmayaron en la lucha por lograr que se hiciera justicia.

Según ellas la decisión de la Corte hoy “es un logro de todas las víctimas de este criminal”.

“Para nosotros como familia, es una forma de limpiar el nombre de mi papá y de seguir reivindicando la calidad de hombre que fue”, anotó Nadiezhda

En la audiencia de hoy, Giraldo se negó a declarar, pero en una carta enviada al juez Walton dijo que admitía su responsabilidad y se comprometía a no volver a delinquir al regresar a Colombia.

En Colombia, Giraldo ha recibido una condena de 37 años de cárcel por el asesinato de Henríquez.

No obstante, en teoría, cuando vuelva a Colombia, Hernán Giraldo solo cumplirá ocho años de cárcel porque en febrero de 2006 se desmovilizó y se acogió a la Ley de Justicia y Paz que contempla penas de un máximo de ocho años de prisión a cambio de colaboración para esclarecer crímenes.

 

 

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