La Corte Constitucional afirmó que las EPS están obligadas a practicar abortos a víctimas de violencia sexual, dándoles una atención integral, prioritaria y gratuita.

Se refiere a la modificación del artículo 23 de la ley 1719 al plantear que es una obligación y no una facultad como es expresado en la ley.

De esta manera, las EPS deben adoptar el Protocolo y el Modelo de Atención Integral de Salud para las Víctimas de la Violencia Sexual del Ministerio de Salud, los cuales deben ser revisados por el ente gubernamental.

Así mismo, las EPS deben informar al Ministerio sobre los casos de abortos bajo esta modalidad y solicitado bajo el Registro Individual de Prestación de Servicios.