Estudio reveló una profunda crisis financiera en la educación superior pública y advirtió fuertes asimetrías regionales y un pasivo pensional de $10,3 billones.
La Contraloría General de la República encendió las alertas sobre la sostenibilidad financiera de las universidades públicas en Colombia, tras presentar un estudio que concluye que solo una de las 34 instituciones evaluadas es autosuficiente desde el punto de vista económico.
De acuerdo con el informe, el 97% de las universidades públicas no logra sostener su operación con recursos autogenerados, lo que evidencia una alta dependencia de los aportes estatales y una fragilidad estructural del sistema de educación superior pública.
El estudio identificó además una alta concentración de los recursos públicos en un reducido grupo de universidades con mayor cobertura académica y matrícula. En particular, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle concentran el 48% de los ingresos del orden nacional y el 37% de los ingresos del orden territorial.
Esta distribución, según la Contraloría, afecta los principios de equidad del gasto público y profundiza las asimetrías regionales. El informe señala marcadas diferencias en los ingresos por estudiante, que van desde $11.426.139 en la Unal hasta $525.777 en la Unad, frente a un promedio nacional de $4.512.090 en el período 2019–2024, objeto de análisis.
En materia de gasto, el análisis confirma que las universidades de mayor tamaño concentran una porción significativa del gasto total del sistema. A nivel nacional, la Unal y la Unad representaron el 36,3% de los gastos y el 50% de los costos, mientras que en el nivel territorial la UdeA y la Univalle concentraron el 36,4% de los gastos y el 44,4% de los costos, reflejando el peso financiero que asumen estas instituciones por su cobertura y responsabilidades misionales.
El análisis de solvencia financiera mostró que el 75,8% de las instituciones de educación superior públicas registra indicadores iguales o superiores a tres, lo que indica una capacidad adecuada para respaldar sus obligaciones. Sin embargo, el 24,2% presenta niveles inferiores, lo que revela menores márgenes de maniobra financiera. En términos de endeudamiento, el mismo porcentaje mantiene niveles por debajo del 10 %, lo que sugiere una gestión prudente del apalancamiento.
Pese a ello, el estudio advierte que el pasivo pensional del sistema universitario público alcanzó los $10,3 billones en 2024, una cifra preliminar que podría aumentar significativamente por la falta de actualización de cálculos actuariales en varias universidades. Este pasivo está altamente concentrado en la Universidad Nacional de Colombia, con $4,5 billones, y la Universidad del Valle, con $1,4 billones, que en conjunto representan el 57,8% del total.
La Contraloría señaló que esta carga estructural desvía recursos que podrían destinarse a docencia e infraestructura, limita el crecimiento institucional y reduce la capacidad de expansión de las universidades públicas.
De manera complementaria, una consulta atendida por 31 universidades confirmó problemas recurrentes como la insuficiencia de los aportes estatales, el aumento de los gastos de personal, la presión del pasivo pensional y las dificultades para incrementar los ingresos propios. Las instituciones coincidieron en la necesidad de actualizar la Ley 30 de 1992, diversificar las fuentes de financiación y fortalecer la cooperación interinstitucional.
Finalmente, frente al impacto fiscal del Proyecto de Ley 212 de 2024, que reforma la Ley 30 y está pendiente de sanción presidencial, la Contraloría advirtió diferencias frente a las estimaciones del Gobierno. Mientras el Ministerio de Educación proyecta un costo de $22,1 billones entre 2027 y 2040, el ente de control estima un impacto de $27,8 billones para el período 2027–2036. Aunque reconoció que la iniciativa avanza hacia la gratuidad y niveles de financiación cercanos a los estándares de la OCDE, insistió en que cualquier incremento debe contar con fuentes de financiamiento claras, suficientes y sostenibles en el largo plazo.
Vía Agencia Api
