Gremios alertan que miles de empresas podrían quebrar en menos de 10 días por el nuevo tributo.
El Consejo Gremial Nacional lanzó una fuerte advertencia sobre los efectos del nuevo impuesto al patrimonio reglamentado por el Gobierno en el marco de la emergencia económica. Según su presidente, Natalia Gutiérrez, el país está a menos de 10 días de enfrentar un “deterioro económico sin precedentes”, debido a la carga impositiva que deberán asumir miles de empresas.
Gutiérrez explicó en su cuenta de X que las compañías están obligadas a pagar el 50% del gravamen el próximo 1 de abril, lo que les deja menos de 10 días para conseguir la liquidez necesaria. Aseguró que esta situación las fuerza a elegir entre endeudarse a un costo excesivo o sacrificar inversión y empleo, poniendo en riesgo su estabilidad financiera.
La líder gremial señaló que el impuesto, establecido en el Decreto Legislativo 173 de 2026, castiga a las empresas por invertir y no tiene en cuenta su situación económica real. Advirtió que el tributo afecta directamente a las compañías que generan más de tres millones de empleos formales y genera tres consecuencias graves: asfixia de caja, incremento del endeudamiento y freno total a la inversión.
Gutiérrez también afirmó que el gravamen vulnera los principios de equidad y progresividad consagrados en la Constitución, al imponer una tarifa de 1,6% a sectores como el financiero y extractivo, lo que considera un “castigo a la inversión”, precisamente cuando este es el componente más débil del PIB. Asimismo, criticó que el Gobierno intente responder a un déficit fiscal creciente con medidas que, a su juicio, profundizan el deterioro de la confianza inversionista.
La presidenta del Consejo Gremial cuestionó además la justificación de la emergencia económica, argumentando que la Constitución solo permite declararla en situaciones de crisis que no puedan atenderse por vías ordinarias. Sostuvo que el Gobierno estaría utilizando la “crisis climática” para cubrir un faltante de $16,3 billones, en lugar de reducir un gasto público que, señaló, supera en 2,6 puntos del PIB el nivel prepandemia.
Agregó que la creación de nuevos impuestos, sumada al aumento sostenido del gasto, agrava el panorama económico y reiteró que una política fiscal responsable debe priorizar austeridad, control y equilibrio antes de trasladar más cargas al sector empresarial.
