Por Lola Portela
Toda democracia se sostiene sobre un principio elemental: el Estado conserva el monopolio legítimo de la fuerza para proteger a los ciudadanos y garantizar el imperio de la ley.
Cuando ese principio comienza a negociarse en espacios reservados con organizaciones criminales, no solo se pone en riesgo una estrategia de seguridad; se cuestiona la esencia misma del Estado de derecho.
Las recientes revelaciones periodísticas que aseguran la existencia de grabaciones y presuntos compromisos entre altos delegados de la política de paz y funcionarios de inteligencia con dirigentes del denominado Clan del Golfo han abierto una de las discusiones más delicadas de los últimos años. De confirmarse plenamente mediante las investigaciones correspondientes, el país estaría frente a una crisis institucional de enormes proporciones, cuyas implicaciones trascienden el ámbito político para afectar la seguridad nacional, la credibilidad internacional y la confianza ciudadana.
El debate ya no gira únicamente alrededor de la conveniencia de negociar con gruposarmados ilegales. Colombia lo ha hecho durante décadas con distintas organizaciones insurgentes y criminales bajo marcos jurídicos específicos. La diferencia radica en el límite que nunca puede cruzarse: negociar condiciones jurídicas no equivale a compartir el control territorial, limitar la acción legítima de la Fuerza Pública ni permitir que estructuras dedicadas al narcotráfico condicionen decisiones estratégicas del Estado.
El monopolio de la fuerza no es negociable
Desde Max Weber hasta las democracias contemporáneas, el monopolio legítimo de la fuerza constituye el elemento diferenciador entre un Estado y cualquier organización criminal.
La Constitución colombiana asigna de manera exclusiva al Presidente de la República la dirección de la fuerza pública como comandante supremo de las Fuerzas Militares, dentro
del marco de la Constitución y la ley. Esa facultad no puede traducirse en acuerdos que vacíen de contenido la misión constitucional de proteger la vida, la integridad y los bienes de los ciudadanos.
Si funcionarios estatales hubiesen acordado, expresa o tácitamente, restringir operaciones militares o policiales para favorecer procesos de acercamiento con organizaciones criminales, el asunto dejaría de ser una decisión política para ingresar en el terreno de eventuales responsabilidades administrativas, disciplinarias, penales e incluso internacionales, dependiendo de las circunstancias y de lo que determinen las investigaciones.
La paz no puede convertirse en un mecanismo de captura institucional
La llamada Paz Total; fue concebida, por el gobierno de Gustavo Petro en Colombia, como una estrategia para reducir la violencia mediante diálogos simultáneos con diversos actores armados. Sin embargo, múltiples analistas, exfuncionarios de seguridad y organismos de control han advertido sobre un riesgo permanente: que las organizaciones ilegales utilicen los espacios de negociación para fortalecer su capacidad militar, ampliar su control territorialy consolidar economías ilícitas.
La experiencia colombiana ofrece antecedentes suficientes.
Durante el proceso del Caguán (1998-2002), la antigua zona de distensión terminó siendo utilizada por las FARC para expandir su estructura militar, incrementar el secuestro y fortalecer el narcotráfico.
Más recientemente, diversos informes de organizaciones nacionales e internacionales han documentado que, pese a varios ceses al fuego, algunos grupos armados continuaron ejerciendo control social, reclutando menores, extorsionando comunidades y expandiendo economías ilegales.
Estas experiencias demuestran que la búsqueda de la paz exige mecanismos rigurosos deverificación, transparencia y control institucional.
La inteligencia del Estado bajo sospecha
Uno de los aspectos más sensibles de las revelaciones conocidas involucra presuntos acercamientos con funcionarios vinculados al sistema nacional de inteligencia.
La inteligencia constituye uno de los activos estratégicos más sensibles de cualquier Estado moderno. Su función consiste precisamente en anticipar amenazas contra la seguridad nacional, proteger la soberanía y combatir organizaciones criminales.
Cualquier actuación que comprometa su independencia o genere la percepción de cercanía con organizaciones dedicadas al narcotráfico erosiona gravemente la confianza institucional y exige investigaciones exhaustivas e independientes.
La experiencia internacional demuestra que cuando los sistemas de inteligencia son permeados por intereses criminales, las consecuencias pueden extenderse durante décadas, debilitando la capacidad estatal para enfrentar redes transnacionales de corrupción, lavado de activos y tráfico de drogas.
Un problema que trasciende las fronteras
El Clan del Golfo no constituye únicamente un fenómeno criminal colombiano.
Diversas autoridades internacionales lo han señalado como una organización transnacional vinculada al tráfico de cocaína hacia Norteamérica y Europa, al lavado de activos y a redes internacionales de criminalidad organizada.
Por esa razón, cualquier eventual acuerdo que pudiera interpretarse como tolerancia estatal frente a actividades criminales tendría repercusiones en la cooperación internacional, particularmente en materia de intercambio de inteligencia, extradición y lucha contra elnarcotráfico.
La confianza constituye el principal activo de la cooperación internacional en seguridad. Una vez debilitada, resulta extremadamente difícil recuperarla.
La confianza institucional también es segurida dnacional
La legitimidad de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional descansa en la certeza de que sus decisiones operativas obedecen exclusivamente a la Constitución, la ley y el interés general.
Por ello, cualquier versión que sugiera alteraciones en mandos estratégicos, cambios administrativos o limitaciones operacionales derivadas de exigencias provenientes de organizaciones criminales merece el más alto nivel de escrutinio institucional.
No basta con negar públicamente los hechos. Corresponde a los organismos competentes
—Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General, Contraloría y, cuando sea del caso, las comisiones de control político del Congreso— esclarecer lo ocurrido con independencia y transparencia.
En un Estado democrático, las investigaciones son el camino para separar los hechos comprobados de las afirmaciones aún controvertidas.
La paz exige legalidad
Ningún país puede renunciar a construir la paz. Colombia, después de décadas de conflicto armado y violencia criminal, tiene el deber moral de buscar caminos que reduzcan el sufrimiento de millones de ciudadanos.
Pero la historia también demuestra que las negociaciones exitosas requieren límites claros.
La paz sostenible no nace del debilitamiento institucional sino del fortalecimiento del Estado.
No surge de concesiones que comprometan la soberanía, sino de acuerdos respaldados por la ley.
No puede edificarse sobre zonas grises donde el crimen organizado termina definiendo decisiones estratégicas que corresponden exclusivamente a las autoridades legítimamente constituidas.
La verdadera reconciliación solo es posible cuando la ciudadanía conserva la certeza de que ninguna organización criminal, por poderosa que sea, puede imponer condiciones al Estado.
Si las recientes revelaciones resultan confirmadas por las investigaciones oficiales, Colombia enfrentaría mucho más que un escándalo político: estaría ante un serio desafío a los fundamentos del orden constitucional y a la credibilidad de sus instituciones. Si, por el contrario, las denuncias no se corroboran, también será indispensable esclarecer los hechos para preservar la confianza pública.
En cualquier escenario, la respuesta no puede ser el silencio ni la descalificación automática de las denuncias. Lo que está en juego no es únicamente una política gubernamental, sino la fortaleza de la República, la legitimidad de sus instituciones y la confianza de losciudadanos en que el Estado nunca negociará aquello que constituye la esencia misma de su soberanía: el monopolio legítimo de la fuerza y el imperio de la ley.
