El abogado fue acusado de orquestar un plan para afectar el proceso contra Álvaro Uribe.
Una denuncia radicada ante la Fiscalía y publicada por la revista Semana señala al abogado Miguel Ángel del Río de participar en la organización de un supuesto montaje para influir en el proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe. La acusación fue presentada por su expareja, Ximena Bustamante, quien aseguró contar con pruebas de reuniones y comunicaciones que comprometerían al jurista.
Según la denuncia, Del Río habría coordinado con Manuel Castañeda, conocido como “el narcochofer”, una reunión destinada a advertir un presunto complot en su contra, supuestamente ordenado por el abogado Diego Cadena. La denunciante sostiene que la reunión buscaba generar evidencia manipulada para denunciar un supuesto entrampamiento y presentarlo como un ataque político.
Bustamante afirmó que los hechos ocurrieron en mayo de 2025 en la sede de la firma que ambos fundaron. Indicó que Del Río habría elegido ese lugar debido a la presencia de cámaras de seguridad, con el objetivo de dejar registro de la conversación. La grabación ya estaría en manos de la Fiscalía.
Los documentos aportados también vinculan al abogado con presuntas gestiones irregulares en la Sociedad de Activos Especiales (SAE), como recomendación de contrataciones y entrega de bienes a allegados. Chats y comunicaciones revelan contactos con altos funcionarios que habrían facilitado estas solicitudes.
La denuncia incluye referencias al vicecontralor general, Carlos Mario Zuluaga, quien aparece en conversaciones sobre la posibilidad de aplazar auditorías en la SAE. Se menciona además una supuesta gestión para obtener vehículos oficiales como parte de un intercambio de favores.
La denunciante también señaló que Del Río habría utilizado información sobre su ruptura sentimental para justificar solicitudes de refuerzo de seguridad ante la UNP, argumentando amenazas contra su entorno cercano. Según Bustamante, estas afirmaciones no corresponderían a la realidad.
Castañeda habría intentado contactar posteriormente a Bustamante para advertirle sobre supuestas acciones contra ella. Sin embargo, la mujer asegura que esos acercamientos hacían parte del mismo plan para involucrarla en un supuesto complot y desacreditar su futura denuncia.
Del Río respondió que la denuncia carece de sustento y afirmó que Bustamante busca presionarlo por recursos económicos de la sociedad que compartieron. También aseguró haber interpuesto acciones penales contra ella por extorsión y falsificación de documentos.
El abogado negó cualquier operación irregular en la SAE y señaló que las conversaciones citadas corresponden a gestiones profesionales dentro de su ejercicio jurídico. También rechazó haber manipulado información para reforzar su esquema de protección.
La Fiscalía confirmó la recepción de la denuncia y analiza las pruebas aportadas, entre ellas chats, audios, testimonios y registros de video. No se han anunciado imputaciones ni decisiones sobre posibles líneas de investigación.
El caso involucra a figuras públicas, funcionarios y entidades estatales, por lo que deberá establecerse si existieron responsabilidades disciplinarias, penales o administrativas. Hasta el momento, no se conocen pronunciamientos oficiales de la Procuraduría o la Contraloría sobre estos señalamientos.
