La ley de Segundas Oportunidades o ley Johana Bahamón, busca establecer incentivos para fortalecer el acceso y las oportunidades en empleo y formación para la población pospenada.
De acuerdo con el articulado, los beneficios de tipo económico y tributario, están dirigidos a las empresas que deseen contratar este tipo de personas. Por ejemplo, habrá descuentos en el pago de parafiscales de los empleados de población pospenada con enfoque de género. Aquellas empresas que contraten una parte significativa de pospenados y esta se componga en un 60% de mujeres y/o mujeres y hombre transexuales.
“Esta población ha sido estigmatizada y discriminada por muchos años. Con este proyecto de ley, se buscará más efectividad en los procesos de resocialización”, puntualizó el senador por el partido Liberal y ponente del proyecto, Mauricio Gómez Amín.
Por su parte, Andrés Cristo Bustos, también senador por el partido liberal y ponente de la iniciativa, sostuvo en diálogo con el NOTICIERO NACIONAL DIGITAL que “de esta manera le cumplimos a esta población que, tras haber pagado sus errores ante la sociedad, sigue en riesgo de ser discriminada. Buscar su reinserción social tiene que ser una de las apuestas para evitar su reincidencia en el delito”.
La iniciativa, además establece la creación del sello ‘Segunda oportunidad’, el cual identificará a las empresas que incorporen dentro de su planta laboral a por lo menos un trabajador perteneciente a la población pospenada.
Es importante destacar, que para acceder a los incentivos mencionados anteriormente, las empresas que puedan certificar una planta de mínimo 100 empleados, deberán mantener este sello y garantizar que los tiempos de contratación de la población pospenada sean iguales al tiempo de duración de los beneficios otorgados, con el fin de dar, por lo menos, dos años de estabilidad laboral a este tipo de talento humano, estipula el proyecto de ley.
