Filtración de audios muestra las extensas conversaciones.

Un conjunto de grabaciones conocidas recientemente puso en evidencia encuentros reservados entre funcionarios del Gobierno nacional y el entorno jurídico de Diego Marín, conocido con el alias de ‘Papá Pitufo’, señalado por autoridades como presunto integrante de redes de contrabando en Colombia.

El material, divulgado por Noticias Caracol, documenta conversaciones sostenidas a comienzos de 2025 y ha reactivado cuestionamientos sobre eventuales vínculos entre ese entorno y la campaña presidencial de Gustavo Petro.

De acuerdo con la información revelada, la Unidad Investigativa del medio tuvo acceso a audios correspondientes a dos reuniones en las que participaron representantes del Gobierno y el abogado de Marín.

En dichas conversaciones se hace referencia a contactos directos con el señalado contrabandista en un momento previo a cualquier actuación formal de autoridades judiciales colombianas.

El caso se enmarca en antecedentes que ya habían sido objeto de controversia pública. Entre ellos, la versión según la cual Marín habría entregado una suma de 500 millones de pesos en efectivo a la campaña presidencial de Petro.

El mandatario ha rechazado de manera reiterada que recursos de origen ilegal hayan ingresado a su campaña; sin embargo, las indagaciones periodísticas y judiciales han continuado explorando las relaciones de Marín, su red de contactos y el origen de dichos recursos.

Uno de los audios difundidos corresponde a una reunión realizada el 26 de febrero de 2025. En ese encuentro participó Jorge Lemus, quien para ese momento se desempeñaba como director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y quien posteriormente presentó su renuncia a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

amírez señala que acudió a la reunión por instrucción de su cliente, quien le pidió asistir en su representación, aunque expresó dudas sobre la legitimidad de quienes actuaban como interlocutores en nombre del Ejecutivo.

El abogado manifestó en la grabación que la desconfianza de Marín se originaba en contactos previos con personas que se habrían presentado como emisarios del Gobierno o del propio presidente.

En ese contexto, menciona nombres de individuos que, según su relato, habrían intentado establecer comunicación o transmitir mensajes.

Entre los mencionados figura Ramón Devesa, ciudadano español vinculado a actividades informáticas, quien habría estado relacionado con la grabación de un video en el que, según versiones conocidas, se documentaría la devolución de los 500 millones de pesos.

Dicho material no ha sido divulgado públicamente. También se menciona a Isaac Beltrán, exasesor de la UIAF, quien reconoció en declaraciones a medios de comunicación haber asistido a un encuentro con Marín en España en abril de 2024.

Otro de los nombres referidos es el de Augusto Rodríguez, cuyo supuesto contacto con Marín se habría dado a través de Gloria Arias, exfiscal que actualmente trabajaría con el señalado contrabandista y que, según el abogado, mantiene relación personal con el director de la UNP.

Además, se alude a un asesor de Rodríguez, cuya identidad no se precisa en la grabación.

Uno de los aspectos que ha generado cuestionamientos es el contenido de las conversaciones en las que Lemus plantea posibles escenarios de cooperación institucional.

En uno de los apartes, el entonces director de la DNI sugiere que podría explorarse algún tipo de interlocución con la Fiscalía en relación con la situación judicial de Marín, quien se encuentra en Portugal. También menciona la eventual posibilidad de incluirlo en iniciativas gubernamentales como la denominada “Paz Total”.

Estas afirmaciones han sido interpretadas por analistas como una posible extralimitación de funciones, dado que la Dirección Nacional de Inteligencia no tiene competencia directa en la negociación de beneficios judiciales.

Además, los encuentros habrían ocurrido antes de que autoridades competentes, como la Fiscalía General de la Nación, establecieran canales formales de comunicación con el investigado o su defensa.

En el desarrollo de la conversación también se hace referencia a una hipótesis según la cual recursos económicos que presuntamente iban dirigidos a la campaña habrían sido retenidos por terceros.

Asimismo, el abogado menciona que, a través de intermediarios, se habría suministrado información proveniente de entornos ilegales a entidades del Estado, en particular sobre asuntos relacionados con la seguridad del presidente.